El análisis y la discusión de la iniciativa enviada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con la cual busca abrogar la Ley Orgánica de la FGR y reformar, adicionar y derogar disposiciones de distintos ordenamientos legales que afectarían de manera directa a las víctimas de la violencia y la inseguridad en México, continúa.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, determinó regresar a la Comisión de Justicia el dictamen a fin de integrar las exigencias de las organizaciones y representantes de las víctimas y que se cumpla con el principio de mayoría absoluta.
El documento salió de comisiones el día lunes con una votación de apenas 12 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones.
“Se devuelve a la Comisión de Justicia para ser discutida porque no se obtuvo el día lunes la mayoría absoluta ya que hubo muchos votos en abstención. Entonces se tiene que volver a discutir para obtener la votación correspondiente.
“Además, quienes creemos que esta minuta debe ser rechazada, estamos haciendo un gran esfuerzo para que, en caso de que se apruebe, al menos podamos promover algunas reservas y que sean aceptadas en el Pleno a efecto de no lastimar seriamente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y todos los mecanismos de apoyo en general para los familiares de las víctimas de desaparecidos”, explica en entrevista con Reporte Índigo, Lorena Villavicencio, diputada de Morena e integrante de la Comisión de Justicia.
Cambios en Ley Orgánica de la FGR sin justificación
La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que se encuentra vigente fue aprobada en su momento con un gran respaldo por parte de las organizaciones civiles que buscan desaparecidos, los familiares de las víctimas e incluso por el grupo parlamentario mayoritario: Morena, por lo que no queda claro por qué se quiere sustituir.
No entendemos por qué la misma ley que ellos aprobaron, hoy la quieren cambiar. No se hizo ni siquiera un estudio básico de por qué se quiere derogar una ley que lleva apenas tres años de vigencia con una nueva
“No hay un análisis de grado de cumplimiento o de implementación de la ley vigente como para argumentar que ya no sirve o se debe abrogar”, acusa Cristina Reyes, abogada senior de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organización que a su vez forma parte del Colectivo Vs. la impunidemia, el cual rechaza la iniciativa presentada por Gertz Manero.
La diputada Villavicencio coincide con Reyes y agrega que a los legisladores tampoco se les han dado los argumentos de manera clara por parte del Fiscal General sobre sus motivaciones.
“No hemos tenido la información ni ha habido interés por parte del Fiscal General de la República de venir a la Comisión de Justicia y explicar el porqué de los cambios que quiere realizar cuando la Ley Orgánica de la Fiscalía apenas tiene unos años y se aprobó con un amplio consenso”.
Aunado a esto, la integrante de MUCD, dice que llama la atención que el Fiscal General quiera derogar puntos de la actual ley con los que no ha cumplido y que son su obligación, como la presentación del Segundo informe Anual de Resultados ante el Senado, el cual debió presentarse a inicios de este año.
Retroceso institucional
Para Lorena Villavicencio, lo que se necesita en estos momentos es una FGR que respete el trabajo de los legisladores, que cumpla con las atribuciones que ya establece la Ley Orgánica y que aclare por qué quiere modificar una ley que se construyó para contribuir a mejorar los derechos de las víctimas por una que los daña.
Al respecto, Cristina Reyes advierte que de aprobarse la iniciativa como la mandó el Fiscal General, la institución sufriría un retroceso.
“Una de las cosas que nos preocupa mucho del dictamen es que se quiere regresar a la Fiscalía General de la República a un modelo muy centralizado y verticalizado; ya obsoleto y que obstaculiza el derecho de las víctimas a buscar justicia y reparación del daño.
“Escondido bajo un mal entendimiento de la autonomía de la Fiscalía, Gertz Manero, busca crear una institución en la que él pueda tomar absolutamente todas las decisiones sin que nadie le pida una rendición de cuentas”.
Por su parte, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señala que “en vez de que se esté discutiendo una reforma profunda que signifique pasos adelante en materia de verdad y justicia, se está retornando a la estructura de procuración de justicia que llevó al país a niveles de impunidad superiores al 95 por ciento.
No ha habido el interés por parte del Fiscal General de venir a la Comisión de Justicia y explicar el porqué de los cambios que quiere realizar cuando la Ley Orgánica de la Fiscalía apenas tiene unos años y se aprobó con un amplio consenso
División interna
La falta de consensos entre los legisladores de Morena, así como de los encargados de defender los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación con la Fiscalía General de la República, han evitado que la iniciativa de Gertz Manero sea una realidad.
Para la diputada Villavicencio, hay una división porque incluso dentro del Gobierno federal, no hay una postura única. Por un lado está la posición del Fiscal y por otra la de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y la propia Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
“Nos preocupa esta pretensión de vuelta al pasado. Durante muchos años el Estado mexicano evadió su responsabilidad en la búsqueda de personas y eso nos condujo a la tragedia humanitaria que estamos viviendo, con 83 mil 858 personas no localizadas el día de hoy, y de ellas solamente se han emitido 35 sentencias por desaparición forzada y cinco sentencias absolutorias; prácticamente tenemos una impunidad del 100 por ciento”, dijo Encinas durante el parlamento abierto que organizó el Congreso de la Unión para el análisis de la iniciativa.
Se prevé que el día de hoy se presente ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen ya modificado y votado por una mayoría absoluta en la Comisión de Justicia para que se discuta y, en caso de cumplir con las exigencias y recomendaciones de los colectivos, expertos y familiares de las víctimas de desaparición que se ignoraron en el Senado, se apruebe.
