Apresuran paso para Ley de Seguridad Interior

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados ya trabaja en la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Interior que pretenden sea aprobada -ahora sí- en el siguiente periodo de sesiones.

Mientras el reclamo de las Fuerzas Armadas para que se apruebe esta legislación continúa, los congresistas han metido el acelerador para tratar de alcanzar un consenso en temas que los mantienen divididos.

Y es que tanto para el Ejército como la Marina el tema es urgente no solo por el marco legal en sí, sino porque la vida al interior de esas instituciones se ha visto trastocada desde que participan en tareas de seguridad.

Una de las cosas que han cambiado, por ejemplo, es el número de efectivos que han sido acusados de algún delito y ahora están en cárceles militares.

También, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas han perdido la vida en hechos relacionados con la violencia y el combate a la inseguridad.

La intención final en el reclamo del Ejército y la Marina para que se apruebe esta legislación es que queden bien establecidos los límites de su actuación y lo que le toca hacer a los cuerpos civiles de policía.

“Una responsabilidad que sea respaldada lo antes posible, mediante la creación de una Ley de Seguridad Interior, marco jurídico que establezca los niveles de competencia de las policías municipales, estatales y federales, así como el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo de las fuerzas armadas en caso de que las autoridades policiacas sean rebasadas”, pidió apenas la semana pasada Vidal Soberón, secretario de Marina.

Grupos de la sociedad civil han advertido, sin embargo, que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior significará dar facultades legales a las Fuerzas Armadas que podrían derivar en más violaciones a los derechos humanos.

El tema comenzó a discutirse a finales del 2016 y el PRI en el Congreso aseguró que pondrían todo su empeño en sacar adelante el tema para que se aprobara antes de abril pasado, pero no pudo construir los consensos con las otras fuerzas políticas.

Ahora la apuesta es aprobarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de septiembre, porque es la última oportunidad para pasar la nueva legislación sin que se contamine por el proceso electoral del siguiente año.

Instituciones trastocadas

La guerra contra el narcotráfico que emprendió el expresidente Felipe Calderón en el 2006 trastocó no solo el tejido social, sino la vida al interior del Ejército y la Marina Armada de México.

Al participar en tareas de seguridad pública, militares capacitados para la defensa del territorio y para auxiliar a la población en casos de desastre, entraron a las calles de muchas localidades del país para enfrentar a los grupos criminales.

Esto significó hacer tareas para las que no estaban capacitados y que a la postre se convertirían en su principal dolor de cabeza, pues causaría bajas por ataques directos, deserción, el aumento en el número de militares presos y, lo peor, las críticas de la sociedad.

Carlos Sarabia, diputado por el PRI y secretario de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara baja, señaló que por eso es importante que exista ese marco legal que dé más certeza a los militares.

“Yo soy egresado del Heroico Colegio Militar. El procedimiento de un militar es totalmente diferente a un policía; y con esta herramienta ya le vamos a poder dar al Sistema Educativo Militar alguna parte para que el personal militar que se dedique a hacer funciones que no le tocan –hay que decirlo muy claro- tenga las herramientas suficientes para llevar a cabo bien su trabajo.

La semana pasada, la Secretaría de Marina informó que puso a disposición de las autoridades a siete de sus integrantes por presuntamente participar en el delito de secuestro.

También les han costado vidas. Según datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, entre el 1 de diciembre del 2006 y el 1 de julio del 2017 han fallecido 518 de sus efectivos solo en tareas relacionadas con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. En el caso de la Marina Armada de México, 77 de sus efectivos han muerto en una década.

La CNDH documentó que en 2016 se presentaron 439 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 258 contra la Secretaría de Marina.

Organizaciones de la sociedad civil y académicos han llamado la atención sobre el índice de letalidad de los operativos en que participan las fuerzas armadas.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha revelado, después de sistematizar y estudiar un total de 5 mil 396 enfrentamientos entre Fuerzas federales y civiles, que el índice de “letalidad perfecta” –cuando solo hay muertos y no heridos- es del 27 por ciento.

Lo que ha sido criticado por activistas y defensores de derechos humanos.

¿Discusión politizada?

Los diputados del PRI han buscado consensos con los legisladores del PAN y el PRD para poder sacar adelante –ahora sí- la Ley de Seguridad Interior.

Los diputados tricolores han intentado que la construcción de un dictamen sea con el mayor consenso posible, para garantizar su aprobación en el pleno de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Todo esto ocurre, sin embargo, a unos meses de la sucesión presidencial del 2018.

La propuesta que construyen estará hecha con base en cinco iniciativas que se han presentado sobre el tema. Todas las fuerzas han tenido que ceder en ciertos aspectos, por lo que se augura que haya un resultado positivo en las próximas semanas.

“Voy a decir por qué va a salir: porque la mayoría de los grupos parlamentarios ya está de acuerdo en ello, porque entre todos nos hemos sentado a analizarla y hemos coincidido”, confió el diputado priista Carlos Sarabia.

El diputado del PRD Waldo Fernández piensa lo contrario.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional advirtió ayer que la discusión de la Ley de Seguridad Interior ya está politizada, lo que dificulta su tránsito en los próximos meses en la Cámara baja.

“Creo que el discurso, aparte de que ya se ha politizado, ya estamos entrando al proceso presidencial”, comentó el legislador.

Lo cierto es que la Cámara de Diputados tendrá una última oportunidad de aprobar este asunto antes de diciembre. De no hacerlo, su discusión podría aplazarse hasta el año siguiente.