El objetivo de las iniciativas es regular la integración, organización y funcionamiento de las autoridades de seguridad
“La legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior”
Diputados y senadores coinciden en la necesidad de una nueva Ley de Seguridad Interior que le de certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas, pero a su vez insisten en establecer plazos legales para su intervención y para su regreso a los cuarteles.
Durante una reunión de trabajo para dar inicio al análisis y discusión legislativa en materia de seguridad interior, los legisladores defendieron las iniciativas de ley que ya presentaron o que están por presentar, argumentando la urgencia de establecer un marco legal adecuado para las labores de seguridad que realizan el Ejército y la Marina.
Aunque con algunas diferencias en su planteamiento, las propuestas de los diputados César Camacho y Jorge Ramos y los Senadores Roberto Gil y Miguel Barbosa, coinciden en establecer un andamiaje institucional para un progresivo regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, fue el encargado de la apertura de los trabajos, y destacó que el objetivo de las iniciativas es regular la integración, organización, funcionamiento y control de las autoridades encargadas de preservar la seguridad interior.
El diputado priista César Camacho Quiroz, señaló que la falta de normatividad en materia de seguridad interior pone en aprietos a las fuerzas armadas y resta seguridad jurídica a los ciudadanos.
“De modo que sí es una ley indispensable para las Fuerzas Armadas, esto es, para el Ejército, la Marina Armada de México, para la Fuerza Aérea, pero es tanto o más para los ciudadanos”, dijo.
Camacho expresó que en el primer análisis de las iniciativas que ya han sido presentadas, como la del senador Roberto Gil y la del diputado Jorge Ramos, se evidencia que hay muchas más coincidencias que diferencias.
Por su parte, el senador por el PRD, Miguel Barbosa, anunció que presentará el día de hoy una iniciativa sobre Ley de Seguridad Nacional para poder aportar elementos al debate legislativo y para poder construir la mejor ley.
El perredista expresó que en la actual administración, el gobierno ha sido incapaz de construir una política de Estado en materia de seguridad, resultando en un conjunto de decisiones inconexas.
“No existe un conjunto de políticas articuladas en materia de seguridad que se determine a partir de un diagnóstico que arroje claridad sobre la complejidad que representa la criminalidad común, la organizada y la vinculada a la corrupción gubernamental”.
Barbosa resaltó que es necesario contar con una ley de seguridad interior con un mecanismo de activación excepcional para que el Ejército o la Marina sustituyan a las policías locales en tareas de seguridad.
A principios de diciembre de 2016, el Secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos hizo un llamado al Poder Legislativo para aprobar el marco legal que requieren las fuerzas armadas para cumplir con labores de seguridad.
El militar agregó que él sería el primero en levantar la mano para que el ejército regrese a hacer sus tareas constitucionales, un eventual regreso a sus cuarteles.
La reunión de ayer en el Senado podría ser el primer paso que le dé el ansiado marco legal a las fuerzas armadas.
El regreso a los cuarteles
Si bien los legisladores que participaron en las tareas de trabajo reconocen que, dada la situación de inseguridad que atraviesa el país, los militares no pueden salir aún de las calles, pues no hay una fuerza que los sustituya, coinciden en la necesidad de establecer plazos legales y mecanismos que permitan un eventual regreso a sus cuarteles, así como su actuación en circunstancias extraordinarias y con una temporalidad definida.
Así lo expresó el senador Roberto Gil Zuarth, argumentando que en el país no hay policías que puedan sustituir el despliegue que están realizando las fuerzas armadas.
“Lo deseable es que en efecto las fuerzas armadas sean sustituidas por fuerzas de naturaleza civil, es decir, por policías confiables, profesionales, bien dotados de equipamiento y sobre todo con las competencias específicas para poder enfrentar a cualquier tipo de riesgo a la seguridad pública”.
En la iniciativa de ley presentada por el panista, destaca el establecimiento de un plazo de seis meses para una intervención de las fuerzas armadas en determinada zona en conflicto y así evitar su presencia de manera permanente.
“Si en seis meses un determinado orden de gobierno no puede estabilizar la situación, las Fuerzas Armadas se retiran y en consecuencia se tendrán que buscar algunas otras alternativas”.
Por su parte, Miguel Barbosa detalló que en su iniciativa de ley se establece una normativa del regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, dado que actualmente se encuentra realizando funciones que no son suyas.
De igual forma en su iniciativa se establece que, cuando se de el caso de intervención de las fuerzas armadas, se debe delimitar su actuación territorial como temporalmente.
Organizaciones advierten imposición
Organizaciones de la sociedad civil advierten que la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior que comenzó en el Senado, podría ser un debate excluyente cuyo desenlace sería una legislación que constituiría una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho.
A través un comunicado firmado por organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, Fundar y el Centro Prodh, entre otras, se advierte sobre el peligro de que se apruebe una regulación, que profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sin la generación de mecanismos de contrapeso y rendición de cuentas.
“No es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal”, señala el documento.
Además de las preocupaciones por el fondo de la discusión, las organizaciones advierten sobre la gravedad del formato de las discusiones, donde no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas.
“Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad”.
Por ello, los firmantes exigen que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyente, abarcando aquellas perspectivas que han señalado los riesgos de una ley que atente contra los derechos humanos.