La iniciativa presentada por el PRI de eliminar 100 diputados plurinominales fue ampliamente explotada por los priistas como propaganda, pero no llegó siquiera a la discusión en comisiones
El Senado también se irá al receso legislativo sin ratificar el nombramiento de 19 embajadores, entre los que se encuentra el envío de Edgar Elías Azar como embajador de México en los Países Bajos
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, pidió al Congreso de la Unión debatir el modelo de seguridad del país de forma integral
El PRI, sin embargo, ha reiterado que está en contra de un modelo de mando mixto policial e insistirán en el mando único
Considerada como una de las prioridades del periodo que está por terminar, la Ley de Seguridad Interior se quedará empantanada por lo menos algunos meses más
A unas horas de que comience el periodo de receso más largo del Congreso de la Unión -4 meses-, en la Cámara de Diputados decidieron cortar el debate y mandarán a la congeladora las dos polémicas leyes relacionadas con la seguridad.
Se trata de la Ley de Seguridad Interior, con la que se pretende poner reglas a la labor de las Fuerzas Armadas; y la instauración del mando mixto policial, para reformar la estructura de los cuerpos de policía en todo el país.
A pesar de las presiones tanto de las fuerzas armadas como del Gobierno federal, la falta de acuerdos empantanó las discusiones y evitó que ambas vieran la luz antes de este 30 de abril.
No es el único pendiente que dejará el Congreso de la Unión.
Otros asuntos de gran calado también quedarán en el tintero. El nombramiento del fiscal anticorrupción; la Ley contra la Desaparición; la despenalización del uso medicinal de la mariguana; la reducción del Congreso; la Ley de Cultura; entre otros.
Las cosas empeoran por el proceso electoral en curso. Algunos de estos pendientes podrían salir en periodos extraordinarios, pero una vez que pasen las elecciones del 4 de junio y se defina de nuevo el tablero político del país.
Las elecciones afectaron la tarea del Congreso en todo lo que va del año, consideró el senador Miguel Barbosa, de la bancada del PT, lo que evitó que se discutieran temas torales para el país.
“El Congreso de la Unión fue secuestrado por los intereses político electorales”, acusó Barbosa.
A pesar de la cantidad y el peso de los pendientes, los congresistas mexicanos se volcarán todo el mes de mayo al proceso electoral en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
En ello puede ir el futuro de sus partidos políticos en el 2018.
Seguridad, empantanada
Ni el aumento de los índices de criminalidad en algunas zonas del país, ni la presión del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México pudieron disolver la obstinación de las bancadas en la Cámara de Diputados para legislar las reformas pendientes en materia de seguridad.
Considerada como una de las prioridades del periodo que está por terminar, la Ley de Seguridad Interior se quedará empantanada por lo menos algunos meses más, en espera de que haya acuerdos entre las bancadas de la Cámara baja.
Mediante la Ley de Seguridad Interior se busca dotar de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para su labor en tareas de seguridad y en caso de que haya una “afectación” a la seguridad interior.
Mientras el PRI ha trabajado en un documento que ha mantenido reservado al ojo público para crear esta Ley –sus diputados dicen que tienen listo un predictamen-, desde el Ejecutivo se ha dado un apoyo sin precedentes a las Fuerzas Armadas.
En lo que va del año, el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido al menos 12 eventos oficiales con las Fuerzas Armadas. Les ha entregado condecoraciones, ascensos, hospitales y se ha reunido con familias de militares.
Sin embargo, las negociaciones del PRI en el Congreso no han alcanzado para convencer a la Oposición de aprobar esta nueva Ley.
Esto ocurre a pesar de la exigencia de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ha pedido al Congreso de la Unión una Ley que dé certeza a las Fuerzas Armadas para definir cómo, cuándo y para qué deben ser empleados los cuerpos militares del país.
“La Ley que se expida debe regular la intervención gradual de las autoridades, incluyendo a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior, a fin de hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y el Estado de derecho, para mantener la continuidad de las instituciones del Estado”, escribió Cienfuegos en diciembre pasado.
En febrero, el general secretario sostuvo que esta Ley es importante para dar certeza a la ciudadanía.
“No debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas. Esperamos que fortalezca al Estado mexicano, que puntualice lo que a cada quien le corresponde hacer y rinda cuentas”, dijo el funcionario.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública comenzó hace una década, cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió comenzar un ataque frontal a los grupos delincuenciales.
Los partidos de Oposición no se han movido de su lugar desde diciembre pasado, cuando el tema fue impulsado por el PRI, particularmente por el coordinador de la bancada tricolor, el mexiquense César Camacho.
Mientras el PAN puso como condición aprobar primero el nuevo modelo de mando mixto policial, el PRD pidió que se abriera el debate para escuchar a expertos y organizaciones civiles para tener un panorama amplio sobre lo que se votaría.
Ninguna de las dos cosas ocurrió. Aunque un grupo de organizaciones pidió audiencia directamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja para exponer sus argumentos contra la Ley, el órgano legislativo no les dio cita.
El nuevo modelo policial del mando mixto fue aprobado por el Senado en diciembre pasado; sin embargo, en la Cámara baja, ni siquiera ha comenzado el análisis en comisiones.
“La mejor forma de respaldar el trabajo comprometido de las Fuerzas Armadas es precisamente fortaleciendo a las policías locales, para que atiendan de manera eficaz a los ciudadanos en sus localidades y de esa manera el Ejército cumpla con su función primordial de garantizar la soberanía nacional”, ha dicho Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN.
El PRI, sin embargo, ha reiterado que está en contra de un modelo de mando mixto policial –donde habrá una sola policía, pero en las localidades que puedan tomar la seguridad, lo harán- e insistirán en el mando único.
“Condicionar la aprobación de esta ley (de seguridad interior) a que resolvamos mando mixto o mando único, me parece injustificado. He hecho pública la posición de mi fracción respecto del rechazo a la minuta que contiene el planteamiento de mando mixto, sigue siendo nuestra convicción que lo que este país necesita en materia de seguridad preventiva, de seguridad pública local, es el mando único”, dijo César Camacho, líder de los diputados del tricolor.
Exigen modelo integral
Desde diversos sectores se ha alzado la voz para pedir que se apruebe esta legislación sobre las Fuerzas Armadas, pero también sobre la formación de nuevos cuerpos civiles.
Graco Ramírez, gobernador de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pidió responsabilidad al Congreso de la Unión para privilegiar los consensos en este tema, pero debatiendo el modelo de seguridad del país de forma integral.
“No se puede privilegiar, por la urgencia, darle legalidad a la emergencia, estableciendo únicamente la legislación de la intervención de las fuerzas del Ejército y de la Marina Armada de México en labores de seguridad.
“Es urgente hacerlo de manera integral, para comprometer a todos los gobernadores a que dejen de tener al Ejército en sus estados, que dejen de ocupar a la Marina en sus estados, y se ocupen de formar policías en sus estados y que sea tarea prioritaria construir policías y no pedir Ejército, Ejército y más Ejército”.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que se negocie esta ley bajo una lógica de urgencia, pues es imperativo recuperar la tranquilidad en el país.
“Esta legislación no puede ni debe ser vista como la normalización de lo extraordinario, sino como la regulación de lo inevitable. Es decir, necesitamos que la participación de las Fuerzas Armadas esté regulada, pero no por eso podemos claudicar en la tarea de seguir fortaleciendo los cuerpos civiles de seguridad pública”, expusieron ayer los empresarios, en un comunicado.
El colectivo #SeguridadSinGuerra, que agrupa a decenas de organizaciones civiles que están en contra de la Ley de Seguridad Interior, comenzó una campaña en redes sociales para evidenciar a los congresistas que están a favor de esta legislación.
Los otros pendientes
Los temas de seguridad no son los únicos que se quedaron en la antesala de la discusión en el Congreso de la Unión.
En la Cámara de Diputados quedó pendiente la iniciativa presentada por el PRI para disminuir el tamaño del Congreso, eliminando 100 diputados plurinominales.
Esa propuesta fue ampliamente explotada por los priistas como propaganda; empero, no llegó siquiera a la discusión en comisiones.
Los diputados también hicieron oídos sordos a la minuta para despenalizar el uso medicinal de la mariguana, a pesar de que fue aprobada por el Senado en diciembre pasado y a pesar de que se trata de una iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La bancada del PRI no ha hecho mayor esfuerzo en la Cámara baja por aprobar dicha regulación, aun cuando han recibido presiones de familiares de pacientes enfermos que requieren medicamentos hechos con base de cannabidol.
No se aprobó la Ley contra la Trata de Personas, que lleva varios meses en los debates; ni la Ley General de Cultura, que reglamentará a la recién creada Secretaría de Cultura.
Por si fuera poco, los diputados también dejaron para después el nombramiento de los nuevos contralores internos para los órganos constitucionalmente autónomos, como el Banco de México, la Cofece, la CNDH, el IFT, el INEGI, el INAI, el INE y el INEE.
Tampoco realizaron el nombramiento del comisario de Pemex, funcionario encargado de analizar el funcionamiento de la empresa y reportarle al Ejecutivo y al Congreso de la Unión.
En el Senado, los pendientes también suman decenas, pero algunos son polémicos y de alta prioridad.
El primero es el nombramiento del fiscal anticorrupción y la reforma al esquema de la Fiscalía General de la República.
Mientras el PRI acusa a la Oposición de no tener voluntad para nombrar al nuevo fiscal, el PAN ha señalado que hay presiones para que éste sea nombrado bajo el esquema legal actual, con lo que se convertiría en un funcionario que actuará bajo el yugo del fiscal general de la República, que seguirá supeditado al Ejecutivo.
“Tras las presiones para apresurar el nombramiento de la Fiscalía Especializada, se esconde realmente la intención gobernante, para que esa nueva institución quede controlada y maniatada, inservible por un largo periodo, pues la rectificación posterior del entramado institucional, entrañaría un proceso políticamente difícil y notoriamente dilatado”, denunció Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN.
Los senadores prevén realizar un periodo extraordinario, una vez que pase el proceso electoral del 4 de junio, para concretar este nombramiento y amarrar los cambios constitucionales que eviten el pase automático de la PGR a la FGR.
A la falta de este nombramiento se suma el de los 18 nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, pues será su brazo juzgador.
Aunque es el Ejecutivo quien estuvo en falta al no mandar sus propuestas de 3 magistrados para la Sala Superior del TFJA y 15 para las 5 nuevas salas regionales, desde el Senado no hubo presión para recibir estas propuestas.
El otro gran pendiente que dejarán los senadores será el de la Ley contra la Desaparición Forzada, pues aunque ya se encontraba con un gran avance, el documento de observaciones enviado por el Ejecutivo enfrentó nuevamente a los legisladores y el Gobierno con las organizaciones de la sociedad civil que buscan a desaparecidos o acompañan a sus familiares.
El Ejecutivo pidió desaparecer del proyecto de Ley la Comisión Nacional de Búsqueda, que había sido planteada como el ente que estaría encargado de la búsqueda de personas en todo el país; ahora se pretende que esta facultad resida únicamente en los estados.
Las organizaciones han criticado también que utilizar el término “persona no localizada” indistintamente de si se trata de una persona ausente o una víctima de un hecho delictivo, vulnera a las víctimas porque afectará la declaración de ausencia.
El Senado también se irá al receso legislativo sin ratificar el nombramiento de 19 embajadores, entre los que se encuentra el envío de Edgar Elías Azar como embajador de México en los Países Bajos.
Temas aplazados
Algunos de los asuntos de gran calado que también quedarán en el tintero son:
> Nombramiento del fiscal anticorrupción
>Reforma al esquema de la Fiscalía General de la República
>Nombramiento de los 18 nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
> Ley contra la Desaparición Forzada
> Ley contra la Trata de Personas
> Ley General de Cultura
> La despenalización del uso medicinal de la mariguana
> Reducción del Congreso
>El nombramiento de los nuevos contralores internos del Banco de México, la Cofece, la CNDH, el IFT, el INEGI, el INAI, el INE y el INEE
> Nombramiento del comisario de Pemex
> Nombramiento de 19 embajadores
