Leyes empantanadas

Es la misma historia de siempre. Diputados y senadores se empeñan en dejar hasta el último momento la aprobación de reformas polémicas.

Esta vez tocó el turno a las leyes de transparencia y a la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dos temas que, aunque importan a la ciudadanía, podrían no tener los resultados deseados.

Pueden ocurrir dos cosas: que se aprueben antes del 30 de abril, pero con serias deficiencias y espacios abiertos para la impunidad, o que la oposición logre integrar observaciones que harían una mejor legislación, pero que no será aprobada sino hasta finales de este año.

En ambos casos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se empantanaron las negociaciones.

En la Cámara de Diputados, que discute la Ley Federal de Transparencia, el PRI, el PAN, el PRD y el PVEM impusieron su mayoría y aprobaron en comisión la nueva Ley, con deficiencias señaladas por el propio INAI.

En el Senado, donde radica el debate las leyes anticorrupción, se han empantanado las negociaciones y existe la amenaza de que la mayoría imponga su criterio.

A esto debe sumarse el ultimátum que diputados impusieron a senadores sobre que, si no se envían las minutas ya aprobadas antes del 15 de abril, no las admitirán para su análisis por la cercanía del final del periodo ordinario.

A pesar de ser una de las leyes más esperadas por la ciudadanía porque permitiría castigar actos de corrupción de la clase política y de particulares, el paquete de leyes anticorrupción se encuentra atascado en comisiones del Senado.

El debate está en que Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, hizo público un proyecto de dictamen que serviría como documento base de la negociación.

Senadores de oposición acusaron que en ese documento existían faltas graves que darían lugar a que se cometan actos indebidos.

Por ejemplo, la no obligatoriedad de los servidores públicos de presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal; la nula protección a denunciantes o testigos de actos de corrupción; o sanciones laxas o inexistentes ante ciertos actos de corrupción.

De inmediato, el PAN y el PRD anunciaron que no acompañarían esa propuesta por las diferencias que tiene con su visión del tema.

El PRD ha argumentado que además de cambiar temas como la obligatoriedad de las declaraciones o la protección a testigos, se debe dar a los ciudadanos la dirección del Comité de Coordinación –instancia que aglutinaría a distintas dependencias para la rendición de cuentas-.

Los perredistas temen que, con la posición del PRI y un eventual apoyo del PAN, el espíritu de la reforma anticorrupción se “achique”.

Para el senador Luis Humberto Fernández, del PRD, la importancia de la reforma anticorrupción llega hasta la raíz de lo que es México.

Después de la Revolución, señaló, la pacificación del país se dio otorgando dinero del erario, concesiones o privilegios a los diferentes grupos. Ahora, el reto es pasar de un Estado fundado en la corrupción a un Estado con un firme combate a este mal.

“Nosotros vemos el combate a la corrupción como una verdadera reforma del Estado (…) Queremos una reforma que resuelva, no que cumpla. No queremos salir con algo ‘que parezca’.

“Es un tema del que tenemos que salir con el asunto de fondo; y el tema de fondo en el combate a la corrupción es el control del poder y el control del dinero”, asentó el senador.

El PAN, por su parte, trabaja en otro documento base que –se dice- incorporará las propuestas de todas las bancadas.

A todo este debate debe sumarse la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos –conocida como Ley 3 de 3-, cuyas firmas de petición son validadas todavía por el INE.

Para Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, la construcción de los mecanismos de todo el Sistema Anticorrupción no debería ser impuesta por una mayoría.

“Yo veo que estas leyes deben ser de gran consenso, no puede haber un mayoriteo. Si apuestan desde el gobierno y desde el PRI a un mayoriteo, se habrán comportado de manera mezquina”, sentenció Barbosa.

Tanto el PAN como el PRD se han pronunciado por aplicar un principio de parlamento abierto, para que todos los debates sobre el tema sean públicos.

Se prevé que el próximo lunes se comience el acercamiento de las comisiones para realizar ya el proceso de discusión de la propuesta final.

El PAN ató el avance de las leyes anticorrupción a las de seguridad –que incluyen el modelo de Mando Único-, por lo que su empantanamiento influirá directamente en su aprobación.

La opaca legislación de transparencia

En comisiones de la Cámara de Diputados se libró una batalla en la discusión de la Ley Federal de Transparencia –que ya fue aprobada por el Senado- porque, argumentando la premura por el inminente fin del periodo ordinario, el PRI y sus aliados decidieron dejar algunos vacíos que se prestan para la opacidad.

El argumento del PRI, el PAN, el PVEM fue que, de realizarse cambios a lo aprobado por el Senado, se retrasaría la puesta en marcha de la nueva legislación porque tendrían que revisarse las modificaciones.

Tras la presión sostenida del PRI, el PAN, el PRD y el PVEM, en comisiones se acabó aprobando un dictamen que será votado a la brevedad en el pleno de la Cámara Baja.

Las observaciones a la Ley de Transparencia no eran menores.

Diputados de Morena y Movimiento Ciudadano pugnaban por realizarle cambios a la minuta del Senado en aspectos como la definición clara del concepto de “seguridad nacional”, pues bajo el amparo de ese término cualquier institución puede negarse a dar información.

Movimiento Ciudadano puso especial énfasis en que se eliminaran las cuotas partidistas en el nombramiento de los consejeros del INAI y en que se abrieran los contratos de deuda pública.

Morena planteó también que fuera obligatorio que los organismos de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) estén sujetos a esta Ley y abran su información.

En este punto, el propio INAI se manifestó a favor, pidiendo a los legisladores que esto quedara establecido en la Ley.

En un documento enviado a diputados sobre el análisis de la Ley, el INAI pidió también que quedara claramente establecido que los sindicatos, las empresas productivas del Estado y sus filiales, así como las instituciones públicas de educación superior son sujetos de esta Ley.

Pidió, además, que se quitara el candado de que la petición de información sobre recursos sea solo sobre dinero federal, como se encuentra ahora, porque esto no permitirá a los ciudadanos saber sobre el ejercicio de otros recursos.

Durante la reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por Rogerio Castro, diputado de Morena, realizada ayer, el PRI, el PAN y el PVEM se empeñaron –entre risas- en que el asunto fuera aprobado sin modificaciones.

Aunque Morena y Movimiento Ciudadano fueron quienes expresaron la necesidad de modificar la nueva Ley, se prevé que sus diputados voten a favor en lo general, pero expongan en el pleno los puntos en los que no están de acuerdo.