Leyes a la congeladora

El Congreso local se ha convertido prácticamente en una “congeladora gigante” al ignorar iniciativas, especialmente las ciudadanas, y no decretar leyes a favor de la ciudadanía.

En las últimas tres Legislaturas, los diputados dejaron de decretar cientos de expedientes al considerarlos incómodos a los intereses de uno u otro partido político.

Y hace unos días aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interno del Congreso, con el pretexto de crear la comisión anticorrupción.

El artículo 46 del reglamento modificado permite dar de baja automáticamente las iniciativas de ley o de decreto, exhortos, solicitudes y denuncias que no se dictaminen en un lapso de seis meses.

El caso más evidente se traslada hacia la Legislatura 72 con la Ley de Participación Ciudadana, impulsada desde el 2004 por organismos de la sociedad civil y que se mantuvo en la “congeladora” por los diputados locales.

Y aunque se aprobó en este año en comisiones en primera vuelta, falta que se acepte en segunda vuelta y se vote en el pleno.

Así que aún no hay una Ley de Participación Ciudadana en Nuevo Leó, que contempla figuras como plebiscito, consulta ciudadana, revocación de mandato, presupuesto participativo, rendición de cuentas, contralorías ciudadanas, iniciativa popular, acción popular, afirmativa ficta y voz ciudadana o audiencias públicas.

Sin embargo, no sólo el rezago en dictaminar leyes y decretos en el Congreso local levanta sospecha entre las organizaciones civiles, el pasado fin de semana se gestionó un movimiento extraño en la integración de las Comisiones Legislativas para la actual Legislatura 74.

De manera sorpresiva se votó como encargado de la Comisión de Hacienda al diputado del PRI, Eugenio Montiel, quien estaría encargado de revisar las cuentas públicas del gobierno priista de Rodrigo Medina.

Y ayer en medio de protestas durante la sesión ordinaria en el Congreso, se aprobó la integración de las 21 comisiones, con 22 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. Entre ellas la Comisión de Hacienda.

La designación de Eugenio Montiel levantó sospecha entre los organismos civiles y ciudadanos, que prevén que se aprueben las cuentas públicas estatales sin revisar.

Y es que todo apunta a que la Comisión de Hacienda forme un “blindaje” en la gestión financiera pública del gobernador priista.

Seis años de rezago

Un recuento realizado por Reporte Indigo arrojó que las Legislaturas 72,73 y ahora la 74 se han caracterizado por no sacar iniciativas ciudadanas, pues los diputados han apostado por el olvido de las organizaciones civiles.

Los diputados de la Legislatura 72 tomaron su gestión en 2009 y recibió 336 asuntos pendientes, pero al finalizar su periodo elevaron un rezago de 215 expedientes, una alza de 64 por ciento.

Es decir, dejaron a los diputados entrantes a la Legislatura 73, un total de 551 expedientes por dictaminar.

En esta última Legislatura mantuvieron en la “congeladora” la revisión y dictaminación de 322 cuentas públicas, incluso algunas que datan desde el 2006.

Las sanciones emitidas de estas cuentas por la Auditoría Superior del Estado siguen sin ejecutarse o ya prescribieron.

Ahora, los diputados de la Legislatura 74 recibieron mil 150 expedientes por dictaminar.  

Gilberto Miranda, politólogo egresado del Tecnológico de Monterrey, comentó que el trabajo legislativo está más enfocado en intereses particulares que en el bienestar para los ciudadanos.

“Es una congeladora gigante, más bien un cuarto frío desde hace varias legislaturas, porque se viene arrastrando iniciativas de la ciudadanía. Y creo que el caso más evidente es la Ley de Participación Ciudadana, que tiene más de una década ‘congelada’ en el Congreso”, dijo el experto.

¿Apuestan al olvido?

Pese a que las anteriores legislaturas se han caracterizado por “congelar” iniciativas, ahora parece no ser la excepción en la Legislatura 74.

Y es que los diputados del actual Congreso local no se complicaron su trabajo y optaron por la posibilidad de borrar de golpe mil 150 expedientes acumulados por años.

Y para poder hacer esta “limpia” de documentos, la semana pasada los legisladores del PAN y PRI aprobaron modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso, con el pretexto de crear la comisión anticorrupción.

El artículo 46 del reglamento modificado permite dar de baja automáticamente las iniciativas de ley o de decreto, exhortos, solicitudes y denuncias que no se dictaminen en un lapso de seis meses.

Con esto, los legisladores podrán apostar al tiempo y olvido de los ciudadanos u organizaciones civiles para sacudirse posibles leyes e iniciativas, que incomoden sus intereses partidistas.

Los únicos documentos que sobrevivieron ante esta modificación son las cuentas públicas, pues deberán dictaminarse de forma obligatoria antes de dos periodos de sesiones.

“Dar por muerta la iniciativas de la ciudadanía después de un semestre, es dar por muertas todas, porque no sé cuándo fue la última vez que la ciudadanía metió una ley y la sacaron en menos de un semestre, hay que hacer memoria porque eso tiene mucho tiempo de no ocurrir.

“Y no veo señales de que esta Legislatura  74 sea distinta a las otras”, consideró Gilberto Miranda.

Sospechan nuevo boicot

Los principales legisladores que frenaron la Ley de Participación Ciudadana están de regreso en el Congreso local.

Se trata del diputado priista Héctor García y el legislador panista Hernán Salinas, quienes en la Legislatura 72 prácticamente boicotearon esta ley.

García dirigió la Comisión de Legislación y alargó la aprobación durante toda su estancia en el Congreso.

Mientras que Salinas fue el presidente de la bancada panista y no cabildeó para aprobar esta ley. Ahora son legisladores nuevamente.

Cabe aclarar que la Ley de Participación Ciudadana sólo requiere aprobarse en segunda vuelta en comisiones.

Sin embargo, con García y Salinas en el Congreso, organismos ciudadanos que impulsan esa ley tienen dudas de que ésta pueda pasar.

“Cuando (en la Legislatura 72) se regresa la Ley de Participación Ciudadana porque el PRI dijo que se tenían que modificar algunas figuras, cayó en la comisión que dirigía Héctor García.

“Y él, en lugar de hacer las pequeñas modificaciones, la congela. Y por eso es el responsable directo que no exista la ley, por lo tanto se dijo en su momento que era un personaje enemigo de la ciudadanía”, explicó el consejero de Vertebra, Ángel Quintanilla.   

En cuanto al desempeño del diputado panista Hernán Salinas para la aprobación de la ley ciudadana, dijo que sí tiene algo de responsabilidad, pero no tan directo como García.

“En el caso de Hernán Salinas no podemos decir que sea directo, porque él podría decir que votó a favor, pero el hecho es que no salió la ley”, consideró Quintanilla.

Ayer, Héctor García quedó otra vez como presidente de la Comisión de Legislación como sucedió en la Legislatura 72, que terminó sepultando esta iniciativa.