Limpiar el terreno

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Los primeros 100 días de gobierno de la nueva administración serán claves para la prometida cuarta transformación.

Por ese motivo, en ambas cámaras del Congreso de la Unión las bancadas color guinda y sus aliados ya preparan el terreno para que Andrés Manuel López Obrador pueda comenzar a gobernar y cumplir con las promesas que hizo ante la ciudadanía.

Sin embargo, este proceso ha encontrado diversos obstáculos, pues no sólo implica crear nuevas leyes, sino también reformar o echar para atrás muchas otras implementadas por la actual administración que en su momento fueron vendidas como verdaderos avances, pero que hoy, son consideradas obsoletas o inútiles por quienes ostentarán el poder los próximos seis años.

Desde el primer minuto en que se oficializó la victoria del tabasqueño a la presidencia el pasado 1 de julio, López Obrador y su equipo no han perdido el tiempo, pues desde el Congreso federal, el exjefe de Gobierno ha estado moviendo sus piezas para que al tomar protesta del cargo que tanto buscó el próximo 1 de diciembre, pueda comenzar a trabajar de inmediato.

Por ello, las bancadas de Morena tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ya se encuentran empujando los temas que serán fundamentales para el nuevo gobierno.

Entre éstos, los primos que se vislumbran para ser aprobados son las modificaciones a la Constitución para crear la Guardia Nacional, proyecto fuertemente criticado tanto por los opositores de Morena como por organizaciones de la sociedad civil.

La inconformidad surge del argumento de que el plan para recuperar la paz en el país de AMLO fomenta la militarización en las tareas de seguridad pública, crítica que viene desde que el gobierno actual buscó aprobar la Ley de Seguridad Interior que recientemente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, ésta sería la primera reforma a la Carta Magna que requeriría de mayoría calificada, lo que complica el juego de ajedrez político para los morenistas, pues éstos requerirán el apoyo de partidos que no son sus aliados como el PAN el PRD o el PRI para hacerla realidad.

Por ahora, de acuerdo con fuentes consultadas al interior del Acción Nacional, la bancada blanquiazul no apoyará estos cambios. Algo que parece congruente con el mensaje que dio ayer el nuevo presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien al rendir protesta se comprometió a combatir al gobierno que viene encabezado por López Obrador.

Junto a esta reforma también se buscará hacer otras que permitirían la revocación de mandato, iniciativa que ya se encuentra en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.

Quitar el fuero a los funcionarios públicos también está entre las prioridades de la bancada guinda en la Cámara baja. Prueba de ello es que hoy la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados discutirá la aprobación del dictamen.

Además en el Senado se está buscando engrosar el catálogo de delitos graves para incluir el huachicoleo, la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la corrupción y los delitos electorales, entre otros.

Otro tema que no se puede dejar de lado a pesar de que no se prevé que se discuta este martes en el Congreso de la Unión es la reforma anunciada por el tabasqueño a la Constitución para quitar los candados a las consultas públicas y así poder realizar más ejercicios como en el que se determinó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y a través del cual se definirán proyectos como el Tren Maya o la entrega de programas sociales como becas o apoyos a adultos mayores.

Adiós a los privilegios

Dos de las promesas fundamentales que llevaron a López Obrador a ganar los comicios presidenciales pasados fueron el compromiso de someterse a una revocación de mandato y la de acabar con el fuero de los funcionarios públicos, la cual parece estar más cerca que nunca de hacerse realidad.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados prevé aprobar el día de hoy la reforma para eliminar este privilegio que, en el contexto actual del país, se ha convertido en un instrumento que fomenta la impunidad.

El dictamen sobre la eliminación del fuero constitucional e inmunidad de servidores públicos establece que figuras como el Presidente, los diputados federales y locales; los senadores, los gobernadores, los ministros de la SCJN, los magistrados del TEPJF, el Fiscal General de la República y los consejeros del INE sí contarán con este privilegio por lo que únicamente podrían ser relevados de su cargo y detenidos cuando exista una sentencia condenatoria en su contra.

Sin embargo esto no impide que si una o más de éstas existen puedan ser sujetos a proceso por la comisión de algún delito federal.

En lo que al Jefe del Ejecutivo refiere la iniciativa, para que éste pierda su fuero se requerirá primero la aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y después de dos terceras partes de los senadores en el Congreso de la Unión.

Este proyecto se lleva trabajando desde mediados de octubre en la Cámara baja y sus principales impulsores han sido los diputados Pablo Gómez, Iván Pérez y Miroslava Carrillo.

En cuanto a la revocación de mandato, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado ya trabajan en un proyecto de dictamen en esta materia.

Esto quiere decir que la ciudadanía tendría las facultades para quitar de su cargo ya sea al presidente, diputado, senador, gobernador o alcalde, entre otros cargos dentro de la administración pública, que no estén cumpliendo satisfactoriamente con las tareas que le fueron encomendadas o que simplemente haga mal uso del cargo que se le confió.

Sin embargo, una de las condiciones que han provocado mucha polémica en esta materia es el punto donde se establece que para poder llevar a cabo la revocación de mandato se necesita que la ciudadanía emita por lo menos el mismo número de votos con los que fue electo el funcionario al que deseen quitar del cargo.

Asimismo se establece que la revocación de mandato del presidente de la República podrá ser impugnada ante la TEPJF, además de que el INE será el instituto encargado de establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos que sean necesarios para realizar este proceso en el país.

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