[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_ja7rvc8g” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y las organizaciones de la sociedad civil ya tienen lista la propuesta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Tras semanas de labores conjuntas entre representantes del colectivo #FiscalíaQueSirva y del nuevo gobierno, se concibió una ley que será aprobada por el Congreso de la Unión antes de llevar a cabo el nombramiento del Fiscal General de la República.
Sin embargo, no se realizarán cambios al artículo 102 Constitucional, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no será completamente autónoma, sino que continuará teniendo lazos con el Ejecutivo.
Según el documento de la propuesta, en poder de Reporte Indigo, en el nuevo esquema de la FGR queda de manifiesto su independencia y autonomía en un artículo de la Ley, aunque se establece que el presidente de la República podrá remover al fiscal general, lo que nulifica de facto su autonomía del Ejecutivo.
La propuesta establece que la Fiscalía General de la República contará con 3 fiscalías especializadas: en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción; y en materia de Derechos Humanos
Estos tres fiscales especializados serán nombrados por el fiscal general, quien también podrá removerlos de su cargo, por lo que no serán plenamente autónomos.
Estos son dos de los puntos que cambiaron respecto a la Ley de la Fiscalía General de la República que fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2014, pero no por el Senado, donde no se alcanzó consenso y se quedó en la congeladora.
En ese modelo anterior se establecía que la FGR contaría sólo con dos fiscalías especializadas —de Atención a Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción—; y sus titulares serían nombrados por el Senado.
La Fiscalía General de la República del nuevo gobierno tiene también referencias claras a la atención a víctimas; establece en un artículo la independencia técnica de los fiscales y habla de la transparencia en el proceso de nombramiento del fiscal general.
En la hechura de esta propuesta participaron activamente, de principio a fin, por parte del equipo del gobierno electo: Tatiana Clouthier, hoy diputada federal —y quien renunció a encabezar la subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación—; y Zoé Robledo, propuesto como Subsecretario de Gobernación.
Por el colectivo #FiscalíaQueSirva trabajaron representantes de Transparencia Mexicana; de Fundar, Centro de Investigación y Análisis; de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; entre otros.
El proceso de construcción de la propuesta ya se cerró y ésta fue presentada a Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, por lo que tiene garantizada su aprobación en ambas Cámaras.
La nueva Ley manifiesta que el presidente de la República podrá remover al Fiscal General, lo que nulifica de facto su autonomía del Ejecutivo
Será en los próximos días cuando se presente públicamente esta propuesta conjunta, que es vista por sus arquitectos como un triunfo por la diversidad de opiniones y posturas de todos los involucrados.
Fiscales independientes, al menos en papel
La autonomía e independencia de los fiscales —general y de las tres fiscalías especializadas— quedó asentada en uno de los apartados de la Ley.
En uno de los apartados de lo que será la nueva Ley Orgánica de la FGR se indica que los fiscales contarán con total autonomía e independencia a pesar de que no se modificó el artículo 102 Constitucional
“Los Fiscales dirigirán la investigación, perseguirán el delito y ejercitarán acción penal con el grado de independencia y autonomía, libres de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar. En el ejercicio de sus funciones, se conducirán conforme al criterio de objetividad con base en el cual dirigirán la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o atenúen la responsabilidad de las personas imputadas”, se establece en el apartado 10 del proyecto.
Esto, a pesar de que se decidió no modificar el método de selección del Fiscal General y de que ahora se determinó que los titulares de las tres fiscalías especializadas serán nombrados por este servidor público.
El nombramiento del titular de la FGR se realizará conforme lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política, donde se dice que el Senado debe integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo, que enviará al Ejecutivo para su consideración.
De esa lista, el Ejecutivo debe enviar al Senado una terna, de donde deberán elegir al Fiscal General.
Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la terna de sus elegidos desde la campaña electoral: se trata de Bernardo Bátiz; Eva Verónica de Gyves; y Juan Luis González Alcántara.
En la propuesta anterior, los fiscales especializados serían nombrados por el Senado; ahora, los nombrará el Fiscal General y sólo argumentará su decisión ante la Cámara alta.
El proyecto establece que el Fiscal General podrá ser removido por el presidente de la República por incurrir en causas graves como “participar en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de gobierno republicano y federal”.
Otra causal para su remoción es “participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos”.
El presidente de la República debe informar al Senado y éste podrá objetar la remoción del Fiscal General.
El proyecto indica que todo el proceso de nombramiento de los fiscales debe estar sujeto a la máxima transparencia y publicidad.
Además, se creó una Fiscalía de Asuntos Internos que estará encargada del seguimiento de la actividad de los servidores de la FGR y de investigarlos si cometen algún delito
Se obliga también a que la FGR elabore un Plan de Persecución Penal, en el que se incluirá un análisis de la situación delictiva y la estrategia para combatir el problema.
Las víctimas al centro
La mayor novedad en la nueva Ley Orgánica de la FGR es que pone a las víctimas en el centro de toda la acción de la procuración de justicia.
“La Fiscalía General de la República tendrá como fines investigar los hechos delictivos materia de su competencia, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y de no repetición de las víctimas y de la sociedad”, indica el numeral 2 del proyecto.
En la propuesta donde se establecen las reglas que normarán lo que será la FGR se indica que los fiscales deberán garantizar en todo momento los derechos de los agraviados, trabajar con ellos en las pesquisas y dar información sobre el estado de las investigaciones
Se establece que los fiscales deberán garantizar en todo momento los derechos de las víctimas y tendrán que trabajar con ellas en los planes de investigación y las diligencias que deban realizarse, así como dar información sobre el estado de las investigaciones y fomentar su participación en las pesquisas.
Como parte de este enfoque se creó una nueva Fiscalía de Derechos Humanos, que estará encargada de investigar violaciones graves a los derechos humanos “que involucren la participación, anuencia o tolerancia de funcionarios o servidores públicos, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos, que afecten la vida, la integridad y la libertad de las personas”, señala el artículo 43.
Esta fiscalía también podrá investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares, una vez que haya una disposición legal que lo permita.
La Fiscalía de Derechos Humanos está facultada para trabajar en conjunto con organismos o mecanismos internacionales, intercambiar información con ellos y realizar cualquier contacto necesario
El documento establece la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, que es “el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y que requieran acceder directamente a las instituciones competentes para coadyuvar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, se establece en el artículo 51.
Con ello se busca garantizar el acceso a la justicia de las personas aunque no se encuentren en territorio nacional.
Adiós al modelo de EPN
La propuesta consensuada entre el nuevo gobierno y las organizaciones de la sociedad civil eliminaría la Ley Orgánica de la FGR que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 2014, pero quedó sepultada en comisiones del Senado.
Debido a que nunca fue aprobada esta Ley, la FGR no pudo echarse a andar. Después, la sociedad civil conformó los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás para exigir cambios al artículo 102 Constitucional y determinar desde ahí la autonomía de la FGR y las otras fiscalías.
La Ley que daría vida a la FGR que se aprobó en la Cámara alta en 2014 únicamente sirvió como base para crear un nuevo documento que será el que buscará ratificar el nuevo gobierno en el Senado
El único cambio que se concretó fue la eliminación del pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a la FGR para durar 9 años en el cargo; fuera de eso, tanto el esquema de elección del fiscal como otras características del nuevo modelo de procuración de justicia quedaron sin cambios.
La polémica que desató el nombramiento del Fiscal General y del fiscal anticorrupción llevó a que el proceso se empantanara en el Senado —Cámara encargada de llevarlo a cabo—, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto decidió dejarlo en manos de la siguiente administración.
Durante la campaña electoral, López Obrador presentó a las ternas de entre quienes se podría elegir a los futuros fiscales, lo que despertó críticas de quienes buscaban que el Ejecutivo sacara las manos de la procuración de justicia
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus cercanos han determinado que no habrá cambios al artículo 102 Constitucional y sólo se aprobará la Ley Orgánica de la FGR antes de dar paso al nombramiento del Fiscal General, lo que se hará siguiendo el método establecido en la Constitución.
López Obrador ha asegurado que los fiscales ya estarán en funciones antes del 1 de diciembre, fecha en que él tomará protesta como nuevo presidente de México.
¿Justicia efectiva?
Por Ernesto Santillán
De enero a julio de este año la tasa de feminicidios en el país registró un alza de 9.3 por ciento con respecto a mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de México Evalúa. En los últimos 9 años, más de 33 mil personas han desaparecido y del 2012 a la fecha 40 periodistas han sido asesinados.
Sin embargo, para Alfonso Navarrete Prida, actual Secretario de Gobernación, en México la impartición de justicia se procura con oportunidad, imparcialidad e igualdad siempre en favor de las víctimas, así lo dijo durante la inauguración del Congreso Internacional ‘Nuevo Modelo de Fiscalía: hacia la gestión eficiente de la Justicia Penal’
“En toda sociedad democrática, como la de México, la justicia es un bien que se procura con oportunidad, imparcialidad e igualdad siempre en favor de la víctima”.
Quien también fungiera como Secretario del Trabajo y Previsión Social durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto además aseguró que gracias al Nuevo Sistema de Justicia Penal hay mayores controles entre los actores del Poder Judicial para evitar la discrecionalidad y los excesos en los procedimientos penales.
No obstante, el encargado de la política interna del país, admitió que para que este sistema pueda funcionar a cabalidad todavía se requiere de mayor capacitación a los cuerpos policiacos y a los ministerios públicos, ya que ahora juegan un papel fundamental en este modelo de procuración de justicia.
Además indicó que se debe concluir con la actualización del Poder Judicial para que los jueces cumplan a plenitud con su papel de impartir una justicia pronta, imparcial, incluyente, sensible y con calidad humana.
En relación a la creación de la Fiscalía General de la República, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, señaló que no hay respuestas fáciles ni absolutas, pero sí hay ideas, experiencias y mejores prácticas que se deben de aprovechar para construir instituciones capaces de brindar una procuración de justicia más eficaz y eficiente.
A los especialistas en esta materia les pidió que desde sus ámbitos aporten al país sus habilidades para que las instituciones de justicia penal cumplan con el rol que la Constitución les confiere.
