El magistrado encargado de desahogar el litigio en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 es Rodolfo Hernández, de quien se espera que en los próximos meses otorgue un fallo
“Imagínate que Lázaro Cárdenas le quitó a una empresa extranjera los derechos de ese terreno para dárselos a los ejidatarios mexicanos, y ahora se lo quieren apoderar los de Scotiabank, que son extranjeros”
Un conflicto legal por las tierras de lo que era el Ejido San Nicolás enfrenta a los millonarios de Monterrey y a un grupo de habitantes del municipio de Escobedo.
La disputa entre ejidatarios y desarrolladores inmobiliarios es por un terreno de 360 hectáreas que podría tener actualmente un valor estimado de mil 500 millones de pesos.
El litigio se libra actualmente en el Tribunal Unitario Agrario y en los próximos días se espera una resolución por parte del magistrado que lleva el caso.
Los ejidatarios acusan a los inversionistas, representados por un fideicomiso conformado por Scotiabank, de despojo de inmueble. En la demanda también se señala a Infonavit y al Instituto de Vivienda de Nuevo León.
El conflicto empezó desde el 10 de septiembre del 2014 cuando los representantes legales de los ejidatarios interpusieron la demanda 1063/2014, que precisa que la banca pretende apropiarse “ilegalmente” de un terreno que pasó a manos de los ejidatarios por decreto presidencial emitido en 1936.
El magistrado encargado de desahogar el litigio en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 es Rodolfo Hernández, de quien se espera que en los próximos meses otorgue un fallo.
Traspasos ilegales
Gabriel Guajardo Muñoz, abogado de los ejidatarios, explicó que el grupo de campesinos fue beneficiado por un decreto emitido por el expresidente Lázaro Cárdenas, quien les entregó el terreno después de expropiarlo a una empresa canadiense.
La resolución del decreto –del que Reporte Indigo tiene una copia- fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 1936, garantizando que los ejidatarios tienen total derecho sobre el terreno.
Dicho decreto, asegura la defensa legal del Ejido San Nicolás, es violado por Scotiabank Inverlat, por el Instituto de la Vivienda del estado, el Infonavit y la familia Quiroga Garza, quienes pretenden despojar del predio a los ejidatarios por medio de un fideicomiso que carece de validez.
Y es que tras una serie de traspasos que consideran ilegales, el predio llegó a Nacional Financiera, que posteriormente cede por medio de una reserva territorial las hectáreas a Infonavit, y a su vez al Instituto de la Vivienda de Nuevo León.
“Se dota a los vecinos del mencionado poblado de San Nicolás de los Garza y su anexo a El Canadá, con una superficie total de 2,340-78 Hs de terrenos que se tomarán en la forma que sigue: (…) de los terrenos del señor Juan Cantú García, 159-52 Hs de riego y 1,182-26 Hs de agostadero para cría de ganado”, dice el decreto presidencial, en el que se menciona a otros afectados en el documento.
“(…) La presente resolución debe considerarse como título comunal, para el efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos que la misma comprende a favor del poblado beneficiado”.
Guajardo Muñoz explicó que haciendo uso “ilegal” del terreno, la principal propietaria afectada por el decreto, Concepción Lozano viuda de Cantú, quien fue esposa de García, realizó un traspaso a pesar de que la expropiación ejercida por Lázaro Cárdenas le quitaba todo tipo de derecho sobre un predio de 360 hectáreas.
Violan decreto
En el plano del Ejido San Nicolás que fue otorgado a los campesinos por decreto presidencial firmado desde 1936, y rúbricas del 24 de enero del 2014 por el Registro Agrario Nacional (RAN) y por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Concepción Landa viuda de Cantú aparece como propietaria del terreno que principalmente pertenecía a Juan Cantú García, quien aparece como uno de los afectados.
El plano reconocido y firmado por el RAN y la Sedetu –del que Reporte Indigo tiene una copia-fue elaborado de 1936 a 1938, y construido en 1944.
Por tal motivo, asegura la defensa legal del Ejido San Nicolás, Concepción Landa viuda de Cantú violó el decreto al realizar una venta, que por ley sería ilegal y perdería validez, a dos particulares, desencadenando una serie de traspasos “irregulares” a la fecha de hoy.
De las 2 mil 340 hectáreas entregadas por decreto presidencial a los ejidatarios nuevoleoneses, el banco canadiense Scotiabank Inverlat pretende apoderarse de un terreno de 360 hectáreas por medio de un Fideicomiso, cuyo valor podría superar los mil 500 millones de pesos.
Después de la venta “irregular” de Concepción Lozano viuda de Cantú, explicó la defensa legal, se realizó una serie de traspasos involucrando incluso al Instituto de la Vivienda estatal, el Infonavit, Scotiabank Inverlat y a la familia Quiroga Garza, aunque de manera ilegal al contradecir a la Constitución mexicana, que garantiza el derecho de los ejidatarios sobre el predio.
“Se declaran nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados.
“O cualquier otra autoridad local a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas”, dice en la fracción VIII del Artículo 27 de la Carta Magna.
Guajardo Muñoz enfatizó que ninguna ley está por encima de la Constitución, por lo que se deberá de respetar el decreto presidencial y garantizar el derecho que los ejidatarios tienen sobre el predio en disputa.
“Imagínate que Lázaro Cárdenas le quitó a una empresa extranjera los derechos de ese terreno para dárselos a los ejidatarios mexicanos, y ahora se lo quieren apoderar los de Scotiabank, que son extranjeros”, enfatizó el litigante.
La demanda 1063/2014 fue interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 para que cada uno de los traspasos se declare nulo y se respete el derecho de los ejidatarios sobre el terreno por medio del decreto presidencial.
“La presente demanda es procedente en virtud de que las acciones que se ejercen, son relativas a resoluciones y actos que alteran, modifican y extinguen o establecen una obligación sobre el patrimonio de nuestro Ejido (…).
“… en atención a que los terrenos propiedad de nuestro Ejido tienen la característica de inalienables, imprescriptibles, e inembargables y no existe temporalidad para hacer valer las acciones que en el presente libelo se formulan”, dice en la demanda.