A partir de un análisis de la implementación del sistema nacional de fiscalización del gasto público, las organizaciones Transparencia Mexicana, México Evalúa, y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey desarrollaron quince puntos sobre el fortalecimiento de este ejercicio.
Con el objetivo de iniciar una discusión pública e inclusiva del tema, las organizaciones desarrollaron las medidas tras observar las limitaciones del marco legal vigente con la emergencia sanitaria y los procesos para la reactivación económica.
Por razones comprensibles, pero innecesarias, las autoridades responsables de la fiscalización del gasto público tuvieron que modificar los tiempos, plazos y alcance de su trabajo, por lo que: “un número significativo de los órganos fiscalizados no pudo cumplir eficaz y eficientemente con la tarea de vigilar los recursos de todos”, acusan las asociaciones.
En este sentido, señalaron que la oportunidad con la que actúen los órganos fiscalizadores es “especialmente importante en el contexto de la reactivación económica y durante los procesos electorales”.
Con base en cuatro estrategias clave que contemplan: independencia política, transparencia, enfoque anticorrupción, imparcialidad y participación ciudadana, los quince puntos engloban una agenda dirigida a los distintos actores involucrados y a la sociedad civil.
De las propuestas destaca la incorporación y aprovechamiento de la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, con cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que suspenden controles y mecanismos de fiscalización habituales.
Asimismo, sobresale la propuesta de incrementar la transparencia de los procesos de fiscalización y no solo de sus resultados, “publicando expedientes electrónicos del programa anual de auditorías, definiendo con precisión su alcance y universo a fiscalizar, así como el archivo documental de las diferentes etapas de la auditorías”.
El punto once advierte que se debe incorporar al trabajo del órgano de fiscalización en todas su etapas el enfoque de investigación para la detección de redes de corrupción, y en relación a éste, el punto trece solicita informar detalladamente sobre la situación legal que guardan las denuncias que presenta ante la Fiscalía General de la República o Fiscalías Generales en las entidades federativas, al igual que su resultado.
Finalmente, las organizaciones destacan que el trabajo de la fiscalización debe estar estrechamente vinculado al de los órganos legislativos, “tanto para corregir problemas de política pública que las auditorías revelen, como para evitar destinar recursos públicos adicionales a rubros presupuestales donde sistemáticamente se detectan problemas de corrupción”.
