La comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, aprobó hacer un llamado a la Secretaría del ramo (SCT) para que revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar y mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio mexicano, a fin de garantizar la preservación del interés público.
En su sesión llevada a cabo este jueves 4 de septiembre, los integrantes de la comisión –de mayoría morenista– impulsaron el dictamen en donde señalan que en el territorio nacional existen tramos carreteros que representan “un negocio altamente rentable para los bolsillos de las empresas a las que fueron concesionadas” y por lo tanto un peligro para aquellos que por necesidad las utilizan.
Se advierte que en los últimos 10 años, el número de carreteras de cuota que operan en México se triplicó, lo que genera ingresos millonarios para las empresas que las construyen y operan.
En el mismo documento se señala que, debido a que desde hace varias décadas la federación dejó de invertir en infraestructura carretera y puso en manos de la iniciativa privada su construcción, se tienen que transparentar los contratos, tarifas y costos de mantenimiento para evitar manejos discrecionales de recursos públicos.
Asimismo, se abordó el tema particular de la caseta de cobro de Coyutlán, en la autopista Armería-Manzanillo debido a las múltiples irregularidades y quejas sobre las mismas que se intensificaron desde el mes de mayo del presente año.
“Se discutió y aprobó por unanimidad exhortar a la Secretaria de Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes verificar la concesión y cobro de la caseta Armería-Manzanillo”, indicó el presidente de la comisión, Higinio Martínez Miranda.
Los integrantes de la junta especializada también presentaron un punto de acuerdo en donde exhortan al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios para verificar la viabilidad del proyecto del Tren Maya.
De igual forma acordaron sesionar el próximo miércoles 11 de septiembre, a fin de analizar la realización del Parlamento Abierto para debatir temas relativos a los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía. Esto con el objetivo de que la comisión “aporte elementos que ayuden en las decisiones que se toman en este tema”.
