Reunidos en el Museo de Memoria y Tolerancia, familiares de personas privadas de la libertad en países de América Latina, relataron cómo les cambió la vida tener a alguien detrás de las rejas.
Maria Sirvent, directora de la organización Documenta explicó que las necesidades y los obstáculos a los que se enfrentan familiares de personas privadas de la libertad están siendo ignoradas.
“Urge adecuar políticas públicas que respeten a las personas privadas de la libertad, que haya ejes de consolidación y construir condiciones dignas y programas sólidos para que los presos puedan acceder a una autentica reintegración social”, declaró la directora.
De acuerdo con Sirvent, mantener económicamente a una persona en prisión es difícil ya qué hay poca oferta laboral en los centros penitenciarios, por lo que se vuelve responsabilidad de las familias, en su mayoría mujeres, obtener ingresos para mantener a sus seres queridos.
Con base en un estudio de Documenta, 41.5% de familiares en CDMX, Morelos y el Estado de México perdieron su trabajo por la inestabilidad generada por tener a un familiar preso, 50.4% tuvo que conseguir un trabajo adicional para asegurar la sobrevivencia de la familia, mientras que un 51.6% dejó de frecuentar amigos y el 18.4% tuvo que mudarse.
Además, se destacó que 60% de los familiares presentaron problemas de salud relacionados al encarcelamiento de seres cercanos y el 58.9% padeció ansiedad y depresión en contraste con un 23.3% que cayó en alcoholismo, estrés y pérdida de peso.
Andrea Casamiento de la Asociación Civil Familiares de Detenidos en Cárceles en Argentina, explicó que a raíz de haber tenido preso a su hijo supo lo que era tratar de entender el lenguaje legal, ver que en varios países se repite la historia de inacción.
Tu vida gira en torno a la cárcel, en ver cómo pasas tarjetas de teléfono, comida, palabras de apoyo, yo ahora me doy cuenta que tuve una vida formada en la cárcel.
Gustavo Martínez Rodríguez, miembro de la Asociación Azul Originario de El Salvador, destacó que su lucha se centra en la sensibilización e información para que la población sepa qué hacer por sus familias.
“No es justo que violenten nuestros derechos, que pague la gente por crímenes que no cometieron, que no se haga una investigación adecuada”.
Liliana Escorza, del Centro de Atención Integral a Familiares de Personas Privadas de Libertad en México, destacó que son los familiares quienes son orillados a defender sus derechos, a involucrarse en el proceso legal, a querer terminar con las torturas a presos.
“Yo lo viví en carne propia. Yo estaba en Canada cuando detuvieron a mi hijo y fue mi madre y mi hija quienes luchaban por su libertad, te enfrentas a cosas horribles, a mi hija la hicieron padecer hostigamiento sexual cuando solo quería ver a su hermano”, narró.
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