Lo que Sempra se llevó

En los meses que entrará en vigor la reforma energética aprobada por la administración de Enrique Peña Nieto, la compañía californiana Sempra instalará en Baja California un parque eólico para generar energía limpia, que se irá fuera de México. 

Contrario al discurso a favor de la transición energética y la generación de empleos, la administración peñista otorgó los permisos finales a un proyecto gestionado por Sempra Energy durante el calderonismo.

El beneficio concreto que obtendrá México gracias a la utilización durante los próximos 30 años de casi 300 mil hectáreas de sus mejores zonas de viento más cercanas a la frontera norte será la generación de apenas siete empleos fijos y la construcción de un camino. 

A cambio de esta mínima contraprestación, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto otorgaron a la compañía con sede en San Diego, todas las facilidades para construir el parque eólico. 

Es la misma empresa que construirá por adjudicación directa el gasoducto Los Ramones, desde Texas hasta Guanajuato. 

Sin que medie ninguna justificación, les otorgaron una concesión de terreno que supera en 5 mil veces lo que necesitan, de acuerdo con la cantidad de aerogeneradores que piensan colocar. 

La transacción, ya de por sí desventajosa, tiene un componente de misterio: debajo de la zona que ahora controlará Sempra existen 42 concesiones mineras vigentes.

Las concesiones, que no han sido explotadas y ni siquiera son del conocimiento de las comunidades locales, son propiedad en su mayoría de Carlos Slim. 

En la región existe también una mina a nombre de Chinamex, la compañía que lideró el proyecto de Dragon Mart en Quintana Roo.

Siete empleos y nada de energía

“Aunque la energía se producirá en México, la electricidad generada será entregada directamente al condado de San Diego a través de una línea de transmisión que se conectará con la subestación de San Diego Gas & Electric (una filial de Sempra)… 

“El Proyecto será un sistema independiente y no afectará a ninguna infraestructura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad ni se prevé que afecte la distribución de electricidad a nivel local”.

Estas son las condiciones que Sempra establece para la utilización de las 294 mil hectáreas de terreno mexicano, que le fueron autorizadas en julio de 2010 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo entonces de Rafael Elvira Quesada. 

La operación del parque eólico estará a cargo de Energía Sierra Juárez, una filial creada por Sempra. En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) obtenida por Sempra, indica que el proyecto tendrá cuatro etapas y ocupará terrenos en las comunidades de Jacume, La Rumorosa, Sierra Juárez y Cordillera, en la Sierra Juárez, en Baja California.

A pesar de que en sus propios documentos Sempra indica que usará como máximo 5 mil 300 hectáreas de terreno para colocar hasta mil aerogeneradores, la Semarnat de Elvira Quesada, les otorgó permiso para disponer de 294 mil 153 hectáreas. 

En el proyecto aprobado 9 de cada 10 hectáreas autorizadas no tienen estimación ni justificación de uso. 

Aún más inusual fue que la MIA les dio carta abierta para usar el terreno, con la promesa de instalar hasta mil aerogeneradores. 

Sin embargo, en ningún documento de Sempra se proyectan en concreto más de 52 equipos que producirán electricidad para los californianos. 

Los beneficios que obtendrá el país por esta transacción parecen una broma. 

En octubre del año pasado Sempra solicitó al Banco de Desarrollo de América del Norte, a través de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, un financiamiento por 50 millones de dólares para construir el parque eólico. 

La empresa no pondrá ni un peso, ya que “la fuente de pago serán los ingresos generados por el proyecto de acuerdo con el precio establecido en el contrato de compraventa de energía a 20 años”, según la solicitud del préstamo. 

En el documento de la solicitud, detallan que “El proyecto propuesto estará diseñado para operar con mínima intervención humana”. 

Esperan que genere “aproximadamente 350 empleos directos durante la construcción, así como 7 puestos de tiempo completo permanentes durante su operación”.

Aunque la generación de empleos será raquítica, la compañía adorna sus beneficios. 

Dice que “la contratación de personal para la construcción generará un impacto positivo temporal para las empresas locales y la economía regional, ya que habrá un aumento en el gasto por concepto de la adquisición de bienes y servicios. “Un número limitado de obreros de la construcción podría requerir vivienda temporal, por lo que probablemente se hospedarían en hoteles y consumirían alimentos, bebidas y otros productos básicos; este consumo generaría beneficios temporales para la economía local”.

Con esto, Sempra pretende que los 350 empleados que contraten para instalar sus aerogeneradores hagan un repunte en la economía de la región.

El segundo beneficio local será la construcción 40 kilómetros de caminos, “así como algunas zonas asfaltadas que faciliten la circulación en el área del proyecto y permitan el acceso a los aerogeneradores, los patios de maniobras de la subestación, las estructuras del circuito y el edificio de operación y mantenimiento”.

La solicitud del préstamo enfatiza que México no obtendrá “energía limpia” por este parque eólico, ubicado en la tercera mejor zona de vientos del país y la más cercana al estado norteamericano de California. 

Los 155.1 megawatts que producirá Sempra en este parque serán trasladados a San Diego por medio de una línea de transmisión de 7.7 kilómetros que se construirá por debajo de la línea fronteriza. 

De esta forma, Energía Sierra Juárez firmará un contrato de compraventa a 20 años para vender toda la electricidad producida a la subsidiaria de Sempra en esa ciudad, San Diego Gas & Electric (SDG&E).

Esto fue aprobado por la Comisión Reguladora de Energía en junio de 2012, seis meses antes de que la administración calderonista saliera de la función pública.

Caminos abiertos

Durante los dos últimos sexenios se le han otorgado a Sempra todas las facilidades para darle la concesión

La administración de Calderón, al igual que la de Peña Nieto, el gobierno de Baja California y del municipio de Tecate, han aprobado todos los pasos legales para que el parque eólico pueda estar listo en el otoño de este año. 

En noviembre de 2006, un mes antes de que Felipe Calderón iniciara su periodo presidencial, Rumorosa Wind Energy firmó un contrato de arrendamiento con representantes del Ejido. 

Al año siguiente, la Secretaría de la Reforma Agraria aprobó que los derechos de renta se pasaran a Ecogas Holding Company, la filial de Sempra hoy rebautizada como Energía Sierra Juárez.

Con esta certeza iniciaron los trámites legales. En julio de 2010, Sempra obtuvo la autorización ambiental de Semarnat. Un año más tarde, esa misma dependencia les firmó el cambio de uso de suelo, que antes era para uso agrícola y ahora será para un parque eólico. 

En 2012, obtuvieron un dictamen aprobatorio ambiental del Estado de Baja California, el municipio de Tecate les autorizó el cambio de uso de suelo y la construcción, mientras la CRE dio el visto bueno para generar y exportar la electricidad a California. 

Ya en la administración peñista, durante el año pasado, obtuvieron el consentimiento de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, dependiente de la cancillería. 

En abril, la Comisión Nacional del Agua les permitió el cruce del acueducto que alimentará el parque. 

En los últimos años, también obtuvieron todos los permisos necesarios en la parte estadounidense, incluido un Permiso Presidencial. Con esto, Sempra pretende iniciar operaciones comerciales en marzo del próximo año. 

El paso final ocurrió en noviembre pasado, cuando Sempra firmó el contrato de arrendamiento del terreno, con el que asegura el uso del sitio por un periodo de 30 años.

En la solicitud del préstamo la compañía anuncia que ha probado la calidad del viento en esa zona desde 2005. Su conclusión es que “la región donde se ubicará el proyecto cuenta con excelentes recursos eólicos”. 

Esto implica que si luego de la reforma energética, el gobierno mexicano quisiera usar esa área para generar energía limpia en beneficio del país, tendría que negociar con Sempra.

Y debajo, mineras de Carlos Slim

En las mismas tierras donde Sempra explotará el parque eólico existen concesiones mineras que estarán vigentes durante los próximos 50 años. 

Al mismo tiempo en que la superficie está concesionada para la producción de electricidad, en el subsuelo las 294 mil hectáreas tienen vigentes concesiones que son, en su mayoría, de la Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim.

Según el registro del Sistema de Concesión Minera, la Secretaría de Energía tiene 42 concesiones para minas que se ubicarían debajo de las tierras que explotará Sempra. 

El mayor terreno concesionado está a nombre de Minera María, que inició operaciones en 1980 en Cananea, Sonora y pertenece a Minera Frisco, parte de las empresas de Slim.

Esta minera tiene desde mayo de 2009 la concesión para explotar cinco predios en la zona que pertenece al municipio de Ensenada, en la Sierra de Juárez. Suman un terreno de 22 mil 668 hectáreas de terreno para explotar oro y plata. 

El resto del terreno que ocupará en la superficie Sempra, está a nombre de varias empresas y personas locales.

En marzo de 2013 el representante legal de la Agencia de Buques Pormar, con sede en Ensenada, Manuel Cuauhtémoc Romero, obtuvo dos lotes con 9 mil 371 hectáreas. 

La Minera Tusi Yari, con dirección fiscal en Hermosillo, Sonora, tiene acreditadas otras mil 117 hectáreas desde el 31 de enero de 2012.

En febrero de 2012 la compañía Chinamex International consiguió tres concesiones para explotar oro, plata y cobre en lotes del municipio de Tecate; abarcan 490 hectáreas. 

Esta es la misma empresa que ha encabezado el proyecto del Dragon Mart en Quintana Roo, el cual fue antes propuesto al gobierno de Baja California, aunque no prosperó.

No es el único inversionista chino con una concesión minera vigente en las tierras que explotará Sempra. 

El registro de la Secretaría de Economía indica que en febrero de 2008 el ciudadano de origen chino Yu Ming Xu Sun adquirió la concesión para un lote de 74.7 hectáreas donde se explotará oro y plata.

Esta persona está registrado en Baja California como propietario de la compañía de paneles solares Sol 21. A través de esta empresa anunció en 2010 que crearía más empleos en la región gracias a la expansión de su negocio. 

Otro personaje que aparece asociado con estas concesiones es Eligio Valencia Roque, quien funge como director del periódico El Mexicano, con ediciones en Ensenada, Tijuana y Mexicali. Valencia es titular de dos concesiones por 50 hectáreas en el municipio de Tecate. 

La minera canadiense Hespería posee la concesión para 600 hectáreas que contendrían oro, plata y cobre. 

Otros terrenos están concesionados a la compañía de proveeduría a mineras Técnica Mineral, con sede en Tlaquepaque, Jalisco; a Roberto Beltrán Aguilar, detenido en marzo de 2013 por vender terrenos fantasmas; a Adrián Muñoz Ibarra, representante de Granos Baja Pacífico, comercializadora de alimentos para animales; así como a Rubén Darío Appel Espinoza, dueño de un predio en la Sierra Juárez.

El representante legal de la Inmobiliaria y Constructora El Rey, José Luis Angulo Cárdenas, tiene concesionadas 100 hectáreas en la misma zona. 

Otros 15 terrenos tienen concesiones vigentes a nombre de personas cuyas identidades no pudieron ser corroboradas por Reporte Indigo. 

Efectos ambientales

Organizaciones ambientalistas de ambos lados de la frontera se han manifestado en contra del proyecto que desarrolla Sempra

El Permiso Presidencial obtenido por Sempra detalla que “en todas las alternativas consideradas podría ocurrir mortalidad de aves como resultado de colisiones con la línea de transmisión aun después de que se apliquen medidas de mitigación”. 

Este efecto negativo en territorio mexicano, dice la compañía, se compensa porque su proyecto contribuirá a reducir la demanda de electricidad generada por hidrocarburos… en California. 

Prometen que en los próximos 20 años el proyecto contribuirá a “evitar la emisión de más de 2.5 millones de toneladas métricas de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera (de ese Estado)”. 

En un discurso que también fue usado en México durante el debate de la aprobación de la reforma constitucional energética, aseguran que no instalar el parque eólico “se perdería la oportunidad de generar energía libre de emisiones nocivas como lo es la proveniente de fuentes eólicas”.

Los beneficios ambientales para México, según la empresa, serán solo indirectos. 

“El proyecto ayudará a atender la problemática ambiental relacionada con los gases de efecto invernadero y el calentamiento global, temas que son primordiales en las agendas internacionales”.

Para California, sin embargo, serán concretas. El parque “ayudará a cumplir con los requisitos de la Cartera de Energía Renovable de California y a acatar la normatividad sobre emisiones de GEI (gas de efecto invernadero), al tiempo que satisface la creciente demanda de electricidad”.

A pesar de estas promesas, organizaciones ambientalistas de ambos lados de la frontera se han manifestado contra el proyecto, aún sin saber que se asienta encima de minas de oro y plata.

En diciembre de 2010, las organizaciones Backcountry Against Dumps y Protect Our Communities Foundation presentaron una denuncia contra el Departamento de Energía de EU ante un tribunal federal de ese país. 

Plantean que el parque eólico de Sempra va contra la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, la Ley del Tratado sobre Aves Migratorias y la Ley para la Protección del Águila Calva y el Águila Real. La denuncia aún se encuentra en litigio. 

En noviembre de 2011, la organización ambientalista mexicana Terra Peninsular presentó una impugnación al permiso ambiental otorgado por Semarnat a Sempra ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Alegaron que se había violado la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus reglamentos. 

En julio de 2012, el tribunal negó las medidas cautelares. El fallo final estaba pendiente al momento en que Sempra solicitó el préstamo.