lo que va de la administración del Gobierno independiente, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), contabiliza un total de 90 muertes de internos en los diferentes centros penitenciarios de Nuevo León.
Además, este organismo cuenta con información que revela que el Penal de Cadereyta ha sufrido un deterioro de las condiciones básicas, que afecta a las familias y a los propios reclusos.
Cadhac informó que el pasado 23 de marzo se registró la muerte violenta de joven Eduardo Carlos Soria, de 21 años, tras una riña en este centro penitenciario.
Soria se convirtió en la víctima número 90.
“Este suceso suma, al menos, cuatro muertes en el año, y otras 90 en lo que va de la administración actual. Nuevamente se pone en evidencia la clara falta de control por parte de las autoridades responsables y la nula voluntad política estatal en el correcto manejo de los centros penitenciarios.
“Se tiene información del grave deterioro que han sufrido las condiciones básicas que vienen afectando directamente a los internos y sus familias. Prueba de ello, la muerte de una persona más dentro de la tutela Estatal”, señala la organización.
La hermana Consuelo Morales, dirigente de Cadhac, señala que las autoridades están lejos de establecer acciones de protección y de corrección para garantizar medidas de no repetición de eventos violentos dentro de los centros penitenciarios.
“Las autoridades responsables siguen sin realizar medidas integrales que permitan combatir la violencia, las malas prácticas y opacidad dentro de los penales”, dice la activista.
Hace poco más de un mes, de manera simultánea reos de los penales de Topo Chico y Apodaca protestaron, en contra de los mandos de seguridad de los reclusorios.
“No keremoz al korrupto del teniente Genaro Sánchez y Rosa Félix y Bisuet jefes de la Seguridad del Penal, ya que han estado apoyando al CDN a entrar a Kerer controlar el penal. No keremos cuotas ni ningún cartel”, decía una de las mantas
Los inconformes subieron a los techos de los ambulatorios y exhibieron mantas en las que exponían su inconformidad.
Tras las protestas, la comisaria general de la Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Rosa Manuela Félix Valles, renunció a su cargo, y el alcaide del Topo Chico, Genaro Arturo Sánchez Vázquez fue cesado.
En el de cargo de Félix Valles fue designado como encargado del despacho Sergio Humberto Román Robles, quien se desempeñaba como coordinador jurídico de la Agencia.
Mientras que el relevo de alcaide Sánchez Vázquez fue a cargo de Sergio Javier Ramírez Meléndez, quien fungía como subdirector jurídico de la prisión. La Administración estatal nunca aclaró los motivos de la suspensión.
