Los abandonados

En el 2000,  el entonces llamado Mental Disability Rights International –hoy Disability Rights International (DRI)- publicó un informe que documentó las violaciones a derechos humanos en el sistema de salud mental de México. 

Después de una extensa cobertura de prensa nacional e internacional, el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, declaró que ordenaría reformas nacionales y reintegraría a la sociedad a las personas con discapacidad mental.

Carolina Hernández Carolina Hernández Publicado el
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20%
De quienes presentan algún trastorno afectivo acude a un médico
Según estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, en México las personas que padecen enfermedades físicas crónicas están más expuestas a padecer trastornos mentales

En el 2000,  el entonces llamado Mental Disability Rights International –hoy Disability Rights International (DRI)- publicó un informe que documentó las violaciones a derechos humanos en el sistema de salud mental de México. 

Después de una extensa cobertura de prensa nacional e internacional, el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, declaró que ordenaría reformas nacionales y reintegraría a la sociedad a las personas con discapacidad mental.

Han pasado 13 años, sin embargo, DRI asegura que casi ningún cambio ha tenido lugar en el sistema de salud mental mexicano y las promesas de reforma del gobierno no han sido cumplidas.

Hace 13 años, expertos de Disability Rights International (DRI) visitaron orfanatos y clínicas psiquiátricas en México y emitieron un reporte en el que criticaron duramente la falta de atención digna a los pacientes.

En respuesta, las autoridades mexicanas se comprometieron a mejorar dicha situación en seis meses, e incluso promovieron en Naciones Unidas la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada en 2006.

Sin embargo, el gobierno no fue congruente con su posición internacional y más de una década después prácticamente no ha realizado ningún cambio en su sistema de salud y esto lo comprueba un Informe Especial sobre los hospitales psiquiátricos realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y presentado apenas la semana pasada.

En entrevista para La Jornada, Raúl Plascencia titular de la CNDH, aseguró que las personas con padecimientos mentales encerradas en alguna de las 41 instalaciones de la Secretaría de Salud federal y de los estados son sometidas a tortura, malos tratos, abuso sexual, aislamiento y a tratamientos que, incluso, pueden poner en riesgo su vida.

“A una persona con esquizofrenia a la que se le encierra en una celda, lo dejan ahí de cuatro a 90 días aislado, incomunicado y, lo peor, sin tratamiento”, reprochó Plascencia Villanueva durante el Informe Especial sobre los Hospitales Psiquiátricos emitido este jueves 31 de octubre. 

A esas deficiencias, denunció, hay que agregar las condiciones insalubres, la falta de medicamentos y la alimentación deficiente que se viven al interior.

En buena parte de los hospitales psiquiátricos del país, los pacientes están expuestos a tratos inhumanos y degradantes, entre ellos aislamiento, aplicación de electrochoques sin control terapéutico e incluso ataques sexuales, debido a la falta de recursos y organización de las autoridades que administran dichos centros, advirtió.

En el informe, el organismo refirió que muchas personas internadas en dichos centros podrían estar fuera si recibieran un tratamiento adecuado, mientras que otras que sí lo requieren no son atendidas.

En el texto de 47 páginas, la CNDH denunció la violación de derechos humanos relacionados con trato digno, legalidad y seguridad jurídica de los pacientes internados en hospitales psiquiátricos, en los cuales se detectaron “graves deficiencias, carencias, omisiones y abusos”.

En entrevista, el ombudsman sostuvo que a algunos pacientes se les da tratamiento sin siquiera informarles y tener su consentimiento o de sus familiares.

Agregó que las condiciones de abandono que experimentan se prestan para múltiples abusos y maltratos por parte de personal.

Para elaborar su informe, un grupo de médicos, psicólogos y abogados del organismo visitó durante 2011 y 2012 un total de 41 centros de atención intrahospitalaria, ubicados en 25 estados del país y administrados por la Secretaría de Salud federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de la Defensa Nacional y las secretarías de Salud locales.

En esos sitios, agregó el estudio, se encontró una capacidad instalada de 4 mil 9 camas –3 mil 232 bajo control de los gobiernos estatales y 777 de las autoridades federales–, pero una población de solo 3 mil 143 pacientes.

En entrevista con La Jornada, Plascencia Villanueva señaló que entre las irregularidades documentadas en el informe se encuentra el hecho de que se aísla a algunos pacientes hasta por 90 días, se les restringe la comunicación con el exterior e incluso se les aplica terapia de electrochoques de forma inadecuada, es decir, sin anestesia ni relajantes musculares.

“En general, hay una condición de abandono y olvido de estas instalaciones de parte de los gobiernos. Falta una política pública orientada a este sector de la población; se le ha restado importancia aun cuando el tema de los padecimientos mentales requiere atención”, indicó el ombudsman nacional.

Rotundo fracaso

En el 2010, el informe Abandonados y Desaparecidos, de Disability Rights International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) fue rotundo en sus conclusiones:  

“México ha fracasado en implementar una amplia gama de derechos a favor de miles de niños y adultos con discapacidad, particularmente individuos con discapacidad mental, internados en los orfanatos e instituciones psiquiátricas vejatorias en el país”. 

La falla de implementar el derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, protegido por el artículo 19 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ha significado la pérdida de casi todos los demás derechos que tienen conforme al nuevo tratado, refirió. 

“Estos hallazgos son particularmente decepcionantes, ya que las conclusiones de este informe son prácticamente idénticas a las que publicamos en Derechos Humanos & Salud Mental en México en el 2000 y a las valoraciones de la Organización Panamericana de Salud en 2004”.

Las conclusiones del informe de hace tres años, también son las mismas de la semana pasada. 

El gobierno 

de México ha tenido noticia de las preocupaciones urgentes respecto a las personas internadas en instituciones mexicanas, sin embargo, no ha tomado medidas para remediar estas serias violaciones a derechos humanos.

2
Veces más posibilidades de vivir eventos depresivos tienen las personas que viven con diabetes, hoy la principal causa de muerte en el país. 

43,700
Defunciones por trastornos mentales y del comportamiento se registraron en México entre los años 2002 y 2011 de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi.

7
Entidades en el país no tienen centros de atención, por lo cual los pacientes son rechazados sino provienen del IMSS o son canalizados del Gobierno Federal. Estos estados son: Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo.

15
Propuestas hace el informe de la CNDH a gobiernos federales y locales en las cuales les insta a tomar las medidas correspondientes a fin de evitar abusos, sensibilizar al personal e implementar políticas públicas de apoyo para facilitar a las personas con padecimientos su reincorporación a la vida en sociedad, productiva y laboral.

70%
De los decesos por trastornos mentales se ubican en la categoría de decesos por consumo de sustancias psicoactivas, lo cual establece una muy alta asociación entre el consumo de drogas y la mortalidad asociada de manera directa a las alteraciones de la salud mental.

 

 

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