Lo peor, según el organismo internacional, es que “la impunidad de estos graves abusos permanece en la norma”
Los abusos contra migrantes siguen su curso. La suerte que corren en México sigue siendo para la autoridad “una cuestión secundaria”.
Así lo afirma Amnistía Internacional (AI), que el martes aseguró que están fuera de control los secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzado para grupos del crimen, el tráfico de personas y el homicidio de migrantes.
Lo que es peor, según el organismo internacional, “la impunidad de estos graves abusos permanece en la norma”.
A cien días del gobierno peñista, no ha habido medidas sustantivas en materia migratoria para afrontar la catástrofe humana que se vive en México.
Hasta ahora, no se sabe qué política migratoria pondrá en marcha la nueva administración federal.
La única carta puesta a la vista es el nombramiento del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) “que vemos con preocupación”, dice Daniel Zapico.
El coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México considera que Ardelio Vargas, un cuestionado funcionario que proviene del ámbito policial, seguirá una política centrada en un modelo de seguridad “que sabemos no ha funcionado en los últimos años”.
El especialista indica a Reporte Indigo que, si no se actúa, la crisis se profundizará y “van a seguir muriendo y sufriendo muchas personas en todo el país”.
Aumentan los abusos
En los últimos meses, AI ha tenido conocimiento de que funcionarios de la PGR “están dejando de ocuparse de los abusos contra los migrantes”.
Más aún, los obstáculos para que accedan a una justicia pronta y adecuada han aumentado, y el paso de migrantes irregulares por territorio mexicano se incrementó en 2012.
No hay cifras oficiales sobre el flujo migratorio, pero el INM reporta que el año pasado fueron detenidos 88 mi 501 migrantes. Una cifra mayor comparada a los 66 mil 583 y los 70 mil 102 migrantes detenidos en 2011 y 2010, respectivamente.
Los albergues de migrantes constatan que el número se disparó, al igual que las violaciones de sus derechos humanos.
El pasado 10 de marzo, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México liberó a 104 personas presuntamente privadas de su libertad en un domicilio de la colonia 150 Aniversario en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La mayoría eran hondureños, 102, y dos de El Salvador; 91 eran hombres y 13 mujeres.
Para evitar que la situación empeore, urgen a las autoridades a poner en marcha acciones efectivas “para corregir el fracaso rotundo del gobierno anterior para hacer frente a esta crisis humanitaria”.
Amenazas contra activistas
En las últimas semanas AI ha planteado a la Secretaría de Gobernación y otras autoridades la situación que afrontan los defensores de los derechos de los migrantes.
Es el caso del padre Pedro Pantoja Arreola, asesor de la Posada Belén Casa del Migrante, que fue amedrentado el pasado 30 de diciembre.
Y el de Rubén Figueroa, activista y defensor de migrantes en la frontera sur. Fue amenazado la semana previa por su labor de voluntario en el albergue Hogar Refugio para Migrantes “La 72”, de Tenosique, Tabasco.
“Esta es la tónica que estamos viendo en general”, asegura Zapico.
Las personas que defienden a los migrantes están siendo atacadas y no hay medidas efectivas para protegerlas y “llevar a la justicia a los responsables.
“Mientras la autoridad no proporcione justicia, mientras la impunidad continúe, van a seguir todas estas agresiones”.
Las 10 acciones urgentes
> Dar protección efectiva a los defensores de migrantes, investigar a fondo amenazas y hacer que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
> Que las autoridades federales, estatales y municipales hagan público su apoyo a la labor de los albergues para migrantes.
> Que el gobierno federal implemente medidas para prevenir los abusos contra migrantes, sean de criminales o de funcionarios públicos.
> Mejorar seguridad en las rutas de tránsito con acciones coordinadas.
> Seguir protocolos de investigación en secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual, trata, reclutamiento forzoso, maltratos y asesinato de migrantes.
> Facilitar mecanismos de denuncia para reportar abusos, acceder a programas de visas humanitarias y de protección a testigos.
> Publicar información regular sobre el avance e impacto de estas medidas.
> Asegurar la participación de expertos forenses independientes
> Conformar base de datos de migrantes desaparecidos.
> Evaluar impacto en la protección de los derechos de los migrantes, la Ley de Migración y su reglamento.
