Los becarios fantasma

El programa de becas que creó Alejandra Barrales de cara al proceso electoral del 2012 desde la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) fue tan opaco, que no hay forma de verificar la existencia de los supuestos 39 mil 349 beneficiarios.

Así lo determinó la Contaduría Mayor de Hacienda y la Contraloría General de ese órgano legislativo, tras realizar una revisión al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal (Fijov).

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012 que se dio a conocer el martes pasado  -en el apartado de la ALDF- la V Legislatura local no integró un padrón único de beneficiarios ni garantizó una forma de verificar su existencia.

Se trata de un programa de apoyos económicos para estudiantes de nivel bachillerato y superior que implementó la ahora senadora en su intento por convertirse en jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

A dicho proyecto se destinaron más de 250 millones de pesos entre los años 2011 y 2012, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nunca pudo justificar. Es más, esto generó un conflicto entre la V y VI Legislatura.

Reporte Indigo publicó desde mediados del 2012 que no había claridad en el uso de los recursos públicos que se enviaron al Fijov y que al término de su gestión los anteriores legisladores se repartieron 100 millones de ese rubro, mismos que repusieron los actuales.

Eso, debido a que para sus intereses era necesario mantener el programa, que a la postre desapareció por la disputa entre los grupos de poder al interior de la bancada del Partido de la Revolución Democrática.

El año pasado, la Comisión de Gobierno a cargo de Manuel Granados dio a conocer detalles sobre la inexistencia de los beneficiarios, pues al emplazarlos a acreditar su matrícula escolar, solo aparecieron 3 mil de los 20 mil inscritos en escuelas privadas.

Y es que el Fideicomiso destinó recursos tanto a estudiantes de instituciones públicas y a 10 instituciones privadas. 

Las conclusiones

De acuerdo con la auditoría F/09/13-ALDF presentada el martes pasado, el Fijov contó con las listas de alumnos beneficiarios proporcionadas por las instituciones educativas, pero la ALDF no integró un padrón único de beneficiarios del programa de apoyos. 

Esto, “denota deficiencias de control interno, ya que no dispuso de la información que permitiera identificar y localizar a los alumnos beneficiarios, así como confirmar que hubiesen obtenido una beca escolar para concluir satisfactoriamente sus estudios en los niveles medio superior y superior”.

El importe destinado para cada uno de los beneficiarios era de 15 mil y 17 mil pesos anuales para nivel bachillerato y educación superior, respectivamente, según las reglas de operación.

Si se hubiera respaldado toda la información, se habría garantizado el otorgamiento de los apoyos bajo los criterios de transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad, detallan las conclusiones de la auditoria.

La auditoría practicada por la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del Distrito Federal corresponde al periodo del 27 de abril al 31 de diciembre del 2012.

Ahí se solicitó la documentación correspondiente al número de jóvenes incorporados, así como el importe pagado por cada uno de ellos, en todos y cada uno de los programas financiados por el fideicomiso.

El resultado de esta indagatoria indica que la documentación presentada por algunas de las instituciones educativas privadas e incorporadas al Fijov estuvo incompleta. 

“La población objetivo, en el arranque del programa, fueron jóvenes con edades entre 15 y 19 años para bachillerato, y 19 a 26 años para licenciatura. El Comité Técnico aprobó exceder el programa hasta los 29 años de edad”.

Los requisitos que debían entregar los interesados en obtener una beca son: acta de nacimiento, comprobante de residencia en el DF, credencial de elector; y para los mayores de edad, certificado de secundaria o de bachillerato, según el caso. Todo en copia y original.

”Ahora bien, de igual forma se cuenta con los formatos de registro en los que se hacía constar el nombre del solicitante, dirección, fecha de nacimiento, clave CURP, teléfonos de contacto y las opciones educativas (…) pero no se advierte que la ALDF hubiera conservado la documentación personal de los alumnos, misma que por otra parte debía mantenerse en posesión de la institución educativa para efectos y trámites correspondientes”.

El argumento para no respaldar la información que demostrara la existencia de los beneficiarios llegó mediante un oficio sin número, de la Dirección General de Pagos de la ALDF.

Precisó que de acuerdo con las reglas de operación, los apoyos se otorgaron mediante una cantidad fija o estandarizada, por lo que resultaba irrelevante llevar un registro por cualquiera de los conceptos referidos.

“El fideicomiso únicamente cubría un pago mensual para cubrir las colegiaturas de los beneficiarios, incluyéndose dentro de este pago estandarizado los costos relativos a la inscripción y expedición de primera credencial”.

En el Informe de Cuenta Pública del 2012 de la ALDF, se reportó un presupuesto total ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, de 519 millones 426 mil pesos. 

El 19.7 por ciento se aplicó en apoyos diversos, lo que importó 102 millones 563 mil pesos de la siguiente manera: al Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Educación y el Empleo de las y los Jóvenes del DF, 100 millones; el resto se utilizó en el sindicato de trabajadores de la ALDF y el otorgamiento de premios.

Otra de las irregularidades detectadas consisten en que no se tiene evidencia de que durante la V Legislatura, en que fue creado el Fijov, se hubiera llevado a cabo la designación de los titulares de áreas. Y que en consecuencia, el Comité Técnico autorizó la contratación de prestadores de servicios profesionales, que se encargaron de operar el fideicomiso. 

Los vicios de origen

Cuando se creó el Fideicomiso, diversos asambleístas se opusieron y acusaron a Alejandra Barrales de utilizar ese dinero como plataforma política, ya que la ALDF no tenía facultad para meterse en esa área ni para garantizar su correcta aplicación.

Además, denunciaron que la ahora senadora realizó convenios con instituciones “patito”, las cuales no ofrecían un nivel escolar adecuado. El primero en alzar la voz fue el asambleísta Víctor Varela. Luego las denuncias señalaban opacidad en su operación y beneficiarios.

Cuando terminó la legislatura los diputados locales se otorgaron un bono de marcha por 2 millones de pesos, disfrazado en una serie de acuerdos que poco o nada tenían que ver con sus actividades legislativas.

Incluso, tomaron 100 millones del Fideicomiso para repartírselos. La VI legislatura repuso ese dinero el 21 de diciembre del 2012, y así tener una justificación para incrementar el presupuesto de la ALDF en casi 200 millones de pesos.

A finales de año había un control absoluto de la corriente bejaranista, al grado que tenían proyectado convertir el programa de becas educativas en entrega de computadoras (promesa de campaña de Dolores Padierna.)

Al final, se rompieron acuerdos y terminaron por ventilar el mal uso del Fijov que le dio Alejandra Barrales. Luego lo desaparecieron.