Los candidatos y sus promesas

Las propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia son poco contundentes, huecas, exhiben incongruencias y, en muchos casos, son inviables. No hay reformas de fondo ni un trabajo de gestión, pero como dice el refrán, “prometer no empobrece”.

En todos los casos, los aspirantes se comprometen a triplicar el crecimiento económico –de 3.2% a 6%- y crear más de un millón de empleos al año, pero no especifican cómo lo van a lograr ni el alcance de sus propuestas.

Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y vocero del grupo de 30 investigadores, académicos, economistas y ex funcionarios de varias corrientes políticas, explica a Reporte Indigo: “Llevamos más de una década sin poder generar el millón y medio de fuentes de empleo que demanda el país, ni crecer más allá del 3.5%, dadas las rigideces estructurales de la economía a pesar de  la apertura externa”.

El ex funcionario del Banco de México recuerda que en los últimos 18 años, el Producto Interno Bruto del país sólo aumentó 2.6% en promedio anual, y de 2000 a 2011, el repunte fue de 2.2% y  si no puede avanzar más de 3.5% de manera sostenible, es porque la economía no tiene la capacidad para crecer más, dada la ausencia de cambios estructurales.

Y en seguida analiza. Los cuatro aspirantes del centro, dedicado a generar ideas para la toma de decisiones sobres temas de actualidad, hablan de una reforma fiscal y de quitar privilegios y exenciones, pero “no se atreven a decirlo con todas sus letras”; todos se  refieren a la necesidad de crear infraestructura, a una desregulación y a que Petróleos Mexicanos (Pemex) sea una empresa más fuerte, aunque no especifican de dónde saldrán los recursos.

El analista advierte que todos traen una propuesta de protección social, pero no están claros los financiamientos; si se financia con recursos universales y se eliminan los privilegios, lo que tendría un impacto interesante en la competitividad de las empresas.

Tampoco detallan, cómo van a reducir el déficit fiscal para tener más recursos, y aunque hablan de cambios estructurales, tampoco definen cuáles serían éstos.

Sobre Pemex, reflexiona, los candidatos se hacen las preguntas equivocadas. El tema “no es si hay que privatizar o no, sino ¿cómo hacemos eficiente a una empresa tan importante?, ¿cómo maximizamos la renta petrolera para que le sirva a los mexicanos?, ¿cómo hacemos que haya mayor eficiencia y competencia en un sector fundamental? La concepción política de que no se puede tocar a Pemex “ni con el pétalo de una rosa”, los entrampa.

No es una sola cosa la que se debe modificar, explica, sino un conjunto de reformas. México invierte igual o más que muchos otros países y su progreso es incipiente. Tenemos un problema de administración, gestión, y no rinde el dinero invertido. “Hay muchos agujeros”.

Reformas de cualquier tipo necesitarán un enorme trabajo y responsabilidad de administración, de cómo hacemos las cosas. Los retos son enormes y no se están visualizando cambios profundos en materia de gestión en las plataformas de los candidatos.

Entre los grandes vacíos en las campañas, dice, otro tema ausente en las plataformas de los candidatos es el federalismo fiscal, éste no se discute ni hay propuestas concretas.

¿Cuál es la propuesta toral de cada uno de los candidatos? “La central de Peña Nieto de la alianza PRI-PVEM, es ligar la protección social a la reforma hacendaria, un poco a medias pero lo trae”.

En el caso de Josefina Vázquez Mota del PAN, su perspectiva es más hacia destrabar lo que está inhibiendo la competencia y estimular a ciertos sectores.

En tanto, Gabriel Quadri de Nueva Alianza ve la transformación del país en el aprovechamiento de recursos que hasta ahora no se tocan, va más hacia la gestión, a cambiar las formas.

Y en el caso de López Obrador de la coalición Movimiento Progresista –PRD, PT y Movimiento Ciudadano-, su propuesta central se basa en estimular la producción a través de insumos baratos, no quiere subir impuestos y cree que todo es corrupción.

El Centro propone:

Universalizar el sistema de protección social y mejorar la posición de la Hacienda Pública, permitiría:

1.- Establecer  un piso mínimo de bienestar a toda la población.

2.- Reducir la pobreza extrema a la mitad y la moderada en al menos un 13%, lo que mejoraría la distribución de la riqueza.

3.- Ni empresas ni trabajadores harán contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), etc., lo que mejorará la competitividad de las empresas y los ingresos de los empleados.

4.- El Gobierno Federal dejará de demandar recursos del sistema financiero, lo que permitirá aumentar el crédito a las actividades productivas.

5.- Al separar el tema de protección social de la Ley Federal del Trabajo,  se simplifica el proceso de reforma laboral.

6.- Con ello, habrá recursos para financiar la reforma penal y garantizar el acceso universal a la impartición de justicia de calidad. 

7.- Un sistema de protección social para todos los mexicanos, con un ingreso mínimo; acceso efectivo a la salud; seguro de vida y de invalidez, pensión mínima universal.

8.- Convergencia gradual de todos los sistemas de salud públicos, contributivos y no contributivos.

9.- Revisión de los programas sociales para asegurar que sean un impulso redistributivo.

10.- Generalización del IVA y eliminación de las exenciones y regímenes especiales, exceptuando a una canasta básica.

11.- Eliminación de los subsidios generalizados, en especial, a la gasolina y reducción de los demás subsidios energéticos.

12.- Focalización de las transferencias a las familias más pobres para resarcir el impuesto adicional que pagarían.

13.- Transparencia y rendición de cuentas del gasto público en los tres niveles de gobierno.

Josefina Vázquez Mota:
Incrementar la inversión.

Ofrecer mayor certeza jurídica y seguridad para respaldar la confianza de los inversionistas.

Reglas más claras para evitar confusión e irregularidades.

Incrementar la competitividad.

Abrir el mercado a nuevos competidores e incrementar el capital humano y la infraestructura, así como eliminar las ineficiencias.

Abatir la informalidad con incentivos que trasladen a la gente de este sector al formal.

Reducir sobrerregulación para agilizar la inversión pública y orientar a la banca de desarrollo para a PYMES.

Enrique Peña Nieto:

Créditos de la banca de desarrollo para mujeres emprendedoras. Fortalecer la conectividad aérea, marítima y ferroviaria del país para acelerar el crecimiento del Turismo.

Crear el Instituto Nacional del Emprendedor para el crédito, formación y capacitación de los emprendedores.

Triplicar el crecimiento económico de la última década y generar más de un millón de empleos al año.

Fomentar la competencia económica, incrementar la inversión en infraestructura y facilitar el acceso a créditos productivos a través de una banca de desarrollo.

Ampliar la participación privada en Pemex -manteniendo la propiedad pública de los hidrocarburos y el control del Estado- para dinamizar su producción, rentabilidad y transparencia.

Andrés Manuel López Obrador:

No aumentar los impuestos ni crear nuevos.

Elevar la inversión pública con la eliminación de privilegios a los altos funcionarios públicos y  gastos superfluos del gobierno y con el combate a fondo de la corrupción.

Orientar las políticas fiscal, monetaria, y comercial al crecimiento en beneficio de toda la población.

Aplicar un esquema de precios de energía competitivos con países de alto crecimiento, como palanca para el desarrollo nacional.

Disminución de la pobreza en 13 millones de personas.

Aumentar la inversión privada y pública en 16% anual, lograr un crecimiento económico  arriba de 6% anual y mejorar 30% en el poder adquisitivo del salario.

Gabriel Quadri:

Revolución Blanca para una educación de calidad y alto desempeño. Finanzas públicas sanas, un déficit mínimo bajo control y una deuda pública limitada al 40% del PIB.

Promover la estabilidad monetaria y una inflación baja.

Eliminar la gran dependencia de los ingresos del Estado hacia la renta petrolera.

Establecer un nuevo régimen fiscal para Pemex que le permita ser rentable después de impuestos y derechos.

Extender la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) exceptuando canasta básica de alimentos y medicamentos de consumo popular.

Impulsar un sistema de apoyo a municipios para el cobro del impuesto predial.

Propuestas concretas contra planes vagos

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó a los candidatos a la Presidencia una propuesta de protección social que sería universal, única y financiada por el Estado, con  recursos generados por los impuestos al consumo, el ingreso y las ganancias.

El documento redactado por 30 especialistas de la academia, investigación y economistas  recomienda eliminar las excepciones al Impuesto al Valor Agregado (salvo los productos que integren una canasta básica específica) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), los regímenes especiales y los subsidios a las gasolinas.

Reporte Indigo tuvo acceso al documento “Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección Social”, que ya está en la mesa de propuestas de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno para el próximo sexenio, donde se recomienda promover una política social que sea un motor redistributivo para reducir la desigualdad y mejorar la competitividad de las empresas, además de un esquema hacendario que reactive el crecimiento económico.

Enrique Cárdenas, director del CEEY y portavoz de esta idea encaminada la transformación de un Estado con sustentabilidad social y hacendaria, a partir de una mejor distribución del ingreso, aclara que “no es una propuesta asistencialista ni tampoco se trata de una dádiva, sino de que la gente tenga un ingreso mínimo que le permita hacer frente a las eventualidades de la vida como la vejez”.

La propuesta, dice el economista, se pretende financiar con impuestos generales como el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) exceptuando la canasta básica, quizá incluso devolviendo esta tributación al primer quintil de la población, pues los subsidios que tiene esta carga impositiva benefician en gran medida a quienes gastan más.

Se busca un cambio completo en la forma de recaudar, quitar los agujeros que significan entre uno y 1.5% del PIB, lo que permitirá contar con un sistema social que  tenga una renta mínima, seguro de invalidez y una pensión.

Todo esto tiene un costo de 6.6% del PIB, y el esquema actual es 1.8%. La propuesta en la que también participan  Jorge A. Chávez Presa Hernández, ex funcionario de la Secretaría de Energía;  Fausto Hernández Trillo,  del Centro de Investigación y Docencia Económica y Luis Felipe López-Calva, ex consultor del Banco Mundial, entre otros, detalla que el 6.6% se obtendría del  3.5 que se capta del IVA, entre uno y 1.5 del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y entre 1.5 y 2.0 de la gasolina.

El proyecto resalta que el trabajador participaría con dicha aportación al momento de pagar sus impuestos, y ya no tendría que erogar más. Si quiere aumentar su pensión, tendría que hacer pagos a su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) de manera individual.

Los especialistas dicen que la ventaja para el trabajador es que ahora lo que se destina al IMSS se le quedaría y las empresas, ya no tendrían que destinarle esos recursos.Incluso, el pago de la Afore saldría del mismo porcentaje para contar con una pensión. Hoy, una persona que gana cinco mil pesos se pensiona con 1,980 pesos, con esta modificación tendría un pago aproximado de tres mil pesos; una de 20 mil pesos quedaría igual, y la que gana más de esa cantidad, sí tendría que hacer aportaciones individuales para aumentar su pensión, agrega.