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El exgobernador priista, Aristóteles Sandoval Díaz, concluyó su mandato en Jalisco sin haber resuelto 10 asesinatos de alto impacto cometidos durante su sexenio en los que perdieron la vida servidores públicos como alcaldes, regidores y un diputado, además de activistas indígenas.
Informes obtenidos de la Fiscalía del Estado revelan que de 14 asesinatos de alto impacto perpetrados en la administración de Sandoval Díaz, solo cuatro llegaron a la fase de consignación o judicialización en el nuevo sistema penal con detenciones concretadas, mientras que la decena restante se heredó al actual gobierno sin mayores avances
Los casos que el actual fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, encontró sin consignaciones, judicializaciones o capturas de los presuntos responsables son los siguientes, según los folios de transparencia 06091318, 06151118 y 01303719.
El de Javier Galván Guerrero, quien fungía como delegado en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que fue asesinado el 19 de junio de 2015. Había ocupado también la dirigencia del PRI Jalisco por el que llegó a ser diputado. Su expediente no está consignado ni tiene detenciones.
El de los líderes y activistas indígenas wirraritari Miguel y Agustín Vázquez Torres. Ellos fueron asesinados en Bolaños, al Norte de Jalisco, el 20 de mayo de 2017, en una zona con conflictos de tierras y bajo el asedio del crimen organizado que controla plantíos de amapola en los alrededores. El caso está judicializado pero no hay un solo detenido.
Este doble homicidio ameritó la condena de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), misma que el 23 de mayo siguiente hizo un “llamado a las autoridades para que lleven a cabo una investigación exhaustiva, diligente e imparcial en aras de encontrar a los responsables materiales e intelectuales y así asegurar que estos casos no queden en la impunidad”
También sin avances persiste el homicidio de Saúl Galindo Plazola, diputado local por el PRD que el 28 de diciembre de 2017 fue interceptado por sujetos armados. El legislador pretendía participar en el proceso electoral de 2018, por lo que estaba inscrito como precandidato a la alcaldía de Tomatlán. El caso no está judicializado ni tiene aprehensiones.
En el 2018 fueron asesinados dos presidentes municipales en Jalisco (en todo el sexenio fueron tres los alcaldes ultimados), pero ninguno de los dos casos llegó a judicializarse ni a concretar capturas con Sandoval Díaz.
Así sucedió con Juan Carlos Andrade Magaña, alcalde con licencia de Jilotlán de los Dolores, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado con múltiples impactos de bala el 15 de abril de 2018 en un vehículo abandonado en la carretera Tepalcatepec-Jilotlán. Pretendía reelegirse en esa alcaldía por el partido MC.
Y con Víctor José Guadalupe Díaz Contreras, alcalde de Tecalitlán por el PRI, que fue asesinado por sujetos armados el 2 de julio de 2018, año en el que ese municipio atrajo la atención nacional e internacional tras desaparecer ahí tres ciudadanos italianos, quienes habrían sido detenidos por la Policía local para ser entregados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el olvido
En este mismo estatus de impunidad, con expedientes que no han sido consignados, o judicializados en el nuevo sistema penal, y en los cuales no se ha concretado ni una sola detención se encuentran otros cuatro casos de asesinatos de miembros de la política local.
El de Carlos Alberto Orozco Madrigal ocurrido el 20 de octubre de 2014. Él se había desempeñado como presidente municipal de Cabo Corrientes en la administración 2007-2009 por el PRI.
También en 2014 se informó del fallecimiento del regidor del PRI de Cabo Corrientes, Juan Carlos Gordián Ramos, reportado desaparecido el 11 de junio de ese año. En noviembre siguiente se confirmó por las autoridades forenses que su cadáver había sido extraído de una fosa clandestina en dicho municipio.
Finalmente, están un par de homicidios de 2017 contra miembros destacados de la estructura partidista de MC y de Morena: el primero es el de Salvador Magaña Martínez, coordinador del partido naranja en La Huerta, en la costa jalisciense, asesinado el 24 de diciembre. El segundo es el de Miguel García González, coordinador de Morena en Casimiro Castillo y probable candidato de esa fuerza política para dicha alcaldía hacia 2018, pero lo mataron el 7 de diciembre.
Casos con avances
Los únicos cuatro asesinatos de alto impacto que el gobierno de Sandoval Díaz heredó como casos consignados ante un juez y con personas detenidas, aunque sin ninguna sentencia, son los siguientes: el de Jesús Gallegos Álvarez, que se desempeñaba como secretario de Turismo de esa administración priista y fue rafagueado por un comando el 9 de marzo de 2013. La Fiscalía reporta 13 detenidos.
El caso del alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres, del PAN, el 3 de agosto de 2014, con tres detenidos. También los homicidios de los regidores Héctor Javier Salazar García, del MC, de Cabo Corrientes; y Feliciano García Fierros, del PRI, de Tlaquepaque. El primero data del 29 de agosto de 2013 y generó cinco detenciones; el segundo es del 28 de marzo de 2015 y suma 11 capturas.
En este análisis no se considera el asesinato del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel, raptado en Tlaquepaque el 22 de septiembre de 2014. Al día siguiente su cuerpo se halló calcinado en Zacatecas. La Fiscalía reporta que no cuenta con ninguna averiguación o carpeta de investigación por ese homicidio, pues aduce que el delito se cometió en territorio zacatecano.
