Patricia Aceves ejerció de manera irregular más de 2 millones y medio de pesos durante su administración en la alcaldía Tlalpan, revelan informes de autoridades fiscalizadoras en la Ciudad de México.
Según las investigaciones, durante 2019 y 2020 la exalcaldesa contrató servicios millonarios que no fueron cumplidos o no se llevaron a cabo con las especificaciones requeridas
Además de esto, adjudicó contratos que violaron las leyes locales en materia de obras y adjudicaciones.
La exalcaldesa de Morena estuvo en el cargo desde el mes de octubre de 2018 y en septiembre de 2021 dejó el puesto después de que su partido perdió el gobierno en las elecciones del pasado mes de julio.
Sin embargo, el gobierno de la morenista estuvo lleno de críticas y señalamientos por corrupción: en octubre de 2020, dos funcionarios fueron separados de su cargo debido a una compra de automóviles a sobreprecio.
Primer año de Patricia Aceves con irregularidades
La auditoría A-2/2021 ejecutada por la Contraloría Interna de la alcaldía Tlalpan revela que en el primer año completo de gobierno de Patricia Aceves hubo adjudicaciones sin justificación, pagos en exceso y cobros improcedentes.
Dicha investigación, en poder de Reporte Índigo, fue publicada en septiembre de 2021 y fiscalizó la obra pública por contrato de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
La investigación detalla que se revisaron 24 contratos con un importe de 91 millones 248 mil 602 pesos correspondientes al año 2019; 17 acuerdos comerciales de 2020 por un monto de 79 millones 904 mil 303 pesos; y 11 acuerdos del ejercicio 2021 por un importe de 27 millones 765 mil 28 pesos.
Según el documento, la primera observación en lo que respecta al año 2019 es que en cuatro contratos por un total de 28 millones 125 mil pesos no se acreditó el cumplimiento del artículo 75-B de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, porque la demarcación no hizo una revisión de los precios unitarios como lo establece la norma.
La segunda observación es que se pagaron 526 mil 536 pesos sin justificación a cinco empresas; no hubo pruebas de que las compañías realizaron las obras adjudicadas.
La tercera es que hicieron pagos en exceso por un monto de 246 mil 598 pesos, se cubrieron conceptos de obras diferentes a los solicitados o sin las especificaciones técnicas acordadas en seis contratos de 2019.
La cuarta es que la alcaldía realizó pagos improcedentes del contrato ATL-LP-039-L-OH-082-1 por un millón 209 mil pesos.
En este caso, la investigación detalla que La Viata Construcciones S.A. de C.V. realizó conceptos de obra que cobró sin que existiera un convenio modificatorio que lo autorizara.
“La dirección general de Obras y Desarrollo Urbano no presentó evidencia alguna que acredite la ejecución de trabajos extraordinarios, así como un cambio de material para el relleno de zanjas, por lo que se determinó que hubo pagos no justificados de conceptos extraordinarios”, menciona el Órgano de Control Interno de Tlalpan.
Tan solo en ese año, la alcaldía ejerció un millón 982 mil 134 pesos de manera irregular porque no se comprobó que los privados hicieran los trabajos acordados o los realizaran con las especificaciones requeridas.
La exalcaldesa de Morena estuvo en el cargo desde el mes de octubre de 2018, pero en septiembre de 2021 dejó el puesto después de que su partido perdió las elecciones
Anomalías en año de pandemia
La investigación citada también revela que en 2020, año en que inició la pandemia de COVID-19 en México, la demarcación cometió diversas malas prácticas en la ejecución de recursos para obras públicas.
Primero, la contraloría de Tlalpan encontró que hubo trabajos ejecutados por empresas fuera de plazo acordado: en 2020, el gobierno de Patricia Aceves firmó el acuerdo comercial ATL-IR-007-L-OB-109-20 por tres millones 903 mil pesos y la fecha límite para la entrega de las obras era el 30 de diciembre de 2020.
Sin embargo, el privado adjudicado —cuya razón social no se detalla— hizo entrega de los trabajos en el mes de abril de 2021, sin justificación.
Posteriormente, la alcaldía hizo pagos en exceso por un monto de 548 mil 619 pesos en el contrato ATL-IR-009-L-OB-119-20 que se firmó para la compra de un elevador y habilitación de espacios.
La contraloría detalla que la demarcación territorial pagó 21 mil 946 pesos de más porque no se integró el expediente que constará sobre la realización de diversos conceptos.
Y entregó otros 526 mil pesos para la adquisición de un elevador sin que exista información que certifique que fue entregado.
Ante esto, la contraloría de la demarcación recomendó mejorar mecanismos de control y también dar seguimiento en otras instancias a los contratos cuyas irregularidades pueden derivar en consecuencias penales o administrativas.
“Es prioritario implementar mecanismos de control en cada uno de los procesos administrativos que se realiza, vinculándonos, invariablemente a una estrecha supervisión del personal que interviene en cada actividad”, indica la auditoría.
En total, durante 2019 y 2020, especifica el documento revisado, el gobierno de Patricia Aceves pagó 2 millones 530 mil 753 pesos a empresas de manera injustificada o sin que los contratistas comprobaran la ejecución de los trabajos.
