El 31 de diciembre pasado, minutos antes de terminar el año, Patricia Torres fue llamada por su jefe, el Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, Armando López Fernández, quien le dijo: “hoy es su último día, usted será dada de baja”

Desde hace siete años y medio se desempeñaba como secretaria del Tesorero de la extinta Asamblea Legislativa y no forma parte del bloque de contrataciones irregulares de último minuto que efectuaron los perredistas antes de abandonar el recinto ante la inminente llegada de Morena.


“El señor reconoció mi trabajo, dijo era bueno, que yo era responsable, comprometida, pues a pesar de que mi horario de nueve a cuatro de la tarde, yo todos los días me voy después de las seis, incluso hasta las ocho o nueve desde que él llegó”

Patricia Torres

Trabajadora del Congreso local suspendida desde el 1 de enero

No hubo ni un oficio, ningún documento en el que se explicara su motivo, todo fue verbal. Más allá de eso, su tarjeta con la que habitualmente checaba desapareció. Un asistente le pidió entregar todo lo que estaba bajo su cargo y en su escritorio sentaron a una secretaria sustituta.

Ese mismo día, el Tesorero le propuso que siguiera trabajando con él pero sólo con honorarios, renunciando a la plaza por la que luchó desde hace nueve años aproximadamente.

“Soy madre de familia, necesito la seguridad social, no puedo aceptar eso”, le contestó Patricia, quien forma parte del primer bloque de 77 empleados que fue suspendido.

Pese al despojo de espacio, de su puesto y de sus actividades, ella sigue acudiendo diariamente al recinto legislativo de Donceles como lo marcan sus obligaciones y espera siete horas (sin hacer nada) en una oficina aledaña.

No se ausenta de su oficina, no falta a su trabajo aunque ya apagaron hasta los checadores digitales donde seguía poniendo su huella digital como constancia de asistencia. Aunque ya fue excluida de la entrega de vales a los que tenía derecho, nadie ha querido entregarle un documento oficial de su despido.

“Soy madre y cabeza de familia, esto no solo vulnera mis derechos laborales sino va en detrimento de mi economía”, expresó a las nuevas autoridades en un oficio del pasado 3 de enero en el que pide se informe su estado laboral. Nadie le ha respondido.

Pero la ola de despidos no es exclusiva del congreso capitalino, en las alcaldías y en el gobierno de la Ciudad de México han comenzado algunas manifestaciones y cuestionamientos de empleados que han sido afectados por la restructuración interna.

La polémica Nómina 8

Días antes de que terminara el 2018, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que habría recortes, fundamentalmente puestos de confianza de alto nivel y honorarios.

El gobierno capitalino busca limpiar la casa de “aviadores”, pues presume que la nómina de la administración pasada fue engordada con amigos y familiares de políticos que repartieron puestos a persona que no iban a trabajar

Bajo esta premisa están miles de burócratas que forman parte de la polémica Nómina 8, la cual cobija a cerca de 35 mil empleados que representan poco más de 500 millones de pesos para la administración central.

Este sector de empleados ingresó al gobierno de la Ciudad de México bajo concepto de honorarios y se incorporó al Programa de Estabilidad Laboral que ofreció el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, al que se le conoció como Nómina 8.

35 mil

empleados de Nómina 8 representan poco más de 500 millones de pesos para la administración central

Mancera ofreció basificarlos y el 31 de diciembre de 2014 publicó los lineamientos del Programa de Estabilidad Laboral en la Gaceta Oficial, poco antes de las elecciones intermedias de 2015, cuando el PRD ya estaba en picada.

Así a miles de eventuales y de honorarios se les dio seguridad social, vales y aguinaldo, a pesar de que su contrato está obligado a renovarse cada año, cosa que no está ocurriendo actualmente.

La nómina 8 suma cerca de 35 mil empleados sembrados por todas las áreas de gobierno, secretarías, alcaldías y órganos de gobierno, algunos merecidamente, otros como parte de las cuotas políticas que acusa Sheinbaum.

Reestructuración a ‘río revuelto’

Mauricio Muñoz, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (SITUALDF), explica que la restructuración a río revuelto emprendida por la nueva administración se está llevando “entre las patas” a trabajadores que han aportado años de su intelecto y trabajo al gobierno.

“Definitivamente hay aviadores, nosotros estuvimos en contra de cómo llevaron a cabo las basificaciones, el discurso que manejó Mancera y el entonces diputado Leonel Luna fue dar estabilidad a los compañeros, en realidad ellos sabían cuál eran las tendencias electorales y por consiguiente tomaron esa determinación para llevar a cabo esa basificación masiva”, dice.

En la primera semana de enero fueron 77 los trabajadores cesados en el Congreso de la CDMX.


“Lo que no estamos de acuerdo es en la manera, toda vez que tuvieron que haber notificado de forma escrita el finiquito de su relación laboral, pero sólo retiraron tarjetas y bajaron la instrucción de que se acabó la relación laboral, sin explicación retiraron la tarjeta y ahorita no están considerados para los próximos pagos”, agrega

La ruta que tomará el SITUALDF será el acompañamiento jurídico de cada uno de los casos, con la confianza de que se trata de despidos injustificados.