Hoy en día en Jalisco se ejercen más de 16 mil 500 millones de pesos a través de oficinas de gobierno, controladas por funcionarios que se rehúsan a presentar su declaración 3de3 y, más en específico, sus apartados de conflicto de interés y de índole fiscal.
Con la próxima entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la armonización legal que hará Jalisco en los meses venideros, tarde o temprano estos funcionarios deberán rendir su 3de3, pero por lo pronto se resisten, hasta no tener más alternativa.
Los principales cargos del Ejecutivo, incluyendo al gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, han publicado ya su 3de3, igual que en el nivel municipal lo hizo el grupo antagónico del alcalde tapatío, Enrique Alfaro Ramírez, empero, aún persiste una gran parte del sector público reticente a hacerlo.
Los funcionarios envueltos en esta opacidad se hallan en sectores clave para el estado, como el Poder Judicial y sus tribunales; la Universidad de Guadalajara (UdeG); los entes a cargo de la infraestructura hidráulica y educativa; y los órganos electorales, con todo y partidos políticos.
Reporte Indigo solicitó con base en los actuales alcances de los mecanismos de transparencia las declaraciones 3de3 de los titulares de 14 entes distintos, con los siguientes resultados.
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El velo judicial
En el Poder Judicial se solicitó su 3de3 a los 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), que preside Ricardo Suro Esteves, pero se negaron.
“Este STJ no cuenta con autorización de ningún servidor público para hacer pública su declaración patrimonial”, respondieron al folio 01924817.
El STJ se refirió solo al apartado patrimonial de la 3de3, cuya obligatoriedad viene de años atrás, sin embargo, no se pronunció sobre los capítulos de conflicto de interés ni fiscal, que también la componen.
Más allá de la relevancia de las determinaciones de los magistrados –entre estos, el influyente padre del gobernador, Leonel Sandoval- en las materias penal y civil, ejercen una bolsa de 488.6 millones de pesos (mdp).
La misma postura asumió el Consejo de la Judicatura, supuesto órgano de control y anticorrupción del Poder Judicial, que preside el mismo Suro Estevez, y cuyos consejeros se negaron a otorgar la 3de3. Su presupuesto es de 733.7 mdp.
Secundó esta negativa el Tribunal de lo Administrativo, que resuelve las pugnas entre particulares y autoridades, en ocasiones con intereses multimillonarios en juego. Ejercen 73.7 mdp.
UdeG sin 3de3
La UdeG se negó a otorgar la declaración 3de3 de su rector, Tonatiuh Bravo Padilla, así como del poder real tras el trono, el exrector Raúl Padilla López, que sigue al frente de áreas como el Corporativo de Empresas Universitarias y el Fideicomiso del faraónico Centro Cultural Universitario.
También negó las de su vicerrector, Miguel Ángel Navarro; su coordinadora General Administrativa, Carmen Rodríguez Armenta; su secretario general, José Peña Ramos, y el resto de sus rectores de centro.
Los problemas de transparencia de la UdeG –potenciados por su falta de democracia interna-, llevaron recientemente a que fuera sancionada por la Secretaría de la Función Pública a nivel nacional, inhabilitándola para recibir contratos federales, por haber cometido irregularidades en una obra del IMSS.
Puntos ciegos
En el Ejecutivo, pese a que el gobernador presentó ya su 3de3, persisten subordinados en puestos clave que se rehúsan a hacerlo, es el caso de quien fuera el jefe de gabinete, hoy representante de Jalisco en la CDMX, Alberto Lamas Flores, y el jefe de Medios, Gonzalo Sánchez García.
Ambos han tenido injerencia en el uso de una bolsa para medios que suma ya 879.6 mdp en 2013-2017.
“De la búsqueda exhaustiva de la información tanto en archivos documentales como en sistemas electrónicos, no se tiene registro alguno del concepto solicitado respecto de los funcionarios Alberto Lamas Flores y Gonzalo Sánchez García (folio 02295617)”, respondió el Despacho del Gobernador al solicitar su 3de3.
Lo mismo pasa con los entes descentralizados ejecutores de la obra hidráulica y educativa, la Comisión Estatal del Agua (CEA, folio 01925317), de Felipe Lugo Arias, y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Infejal, 01925417), de Josué Lomelí Rodríguez.
Aquella ejerce 770.5 mdp, y el segundo, 612.9 mdp, pero ninguno accedió a otorgar su 3de3.
Escozor electoral
A los funcionarios electorales garantes del voto en Jalisco también les causa escozor la 3de3. Ni los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ni los magistrados del Tribunal Electoral local accedieron a transparentarla.
“La obligatoriedad es presentar la declaración patrimonial, (pero) no es su deseo hacer pública la misma (folio 01925217)”, respondieron del IEPC con Guillermo Alcaraz Cross al frente y cinco consejeros más, quienes ejercen 403.9 mdp.
Ese monto incluye las prerrogativas a partidos, cuyos presidentes, si bien no son servidores públicos, se negaron también a brindar su 3de3, como Miguel Martínez (PAN), Raúl Vargas (PRD), Guillermo Medrano (MC) y Enrique Aubry, (PVEM), salvo Héctor Pizano (PRI), que la publicó cuando fue secretario del Trabajo.
“No existe la información que se solicita (01925117)”, respondió el Tribunal Electoral, que preside Teresa Mejía Contreras, y con cuatro magistrados más. Ejerce 46.9 mdp.
