Los errores y excesos de diciembre

La toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República no solo será recordada por el regreso del PRI y los disturbios del 1 de diciembre de 2012 que acabaron con 102 detenidos, sino por la ineficacia de las autoridades capitalinas. 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió ayer la recomendación 7/2013 en la cual acredita que el gobierno de la Ciudad cometió una serie de violaciones a las garantías individuales en aquel fatídico día.

De acuerdo con la investigación –presentada en conferencia de prensa– la policía local y el Ministerio Público cometieron una serie de atropellos que deben ser investigados y sancionados.

Por esa razón, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, consideró que quienes fueron procesados penalmente por los desmanes que se registraron en el corazón del país, deben ser liberados.

De esta forma, la gestión del exjefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quedó marcada por la recurrente violación a los derechos humanos a lo largo del sexenio que acaba de terminar.

Primero, fue el caso News Divine, donde quedó demostrado que los elementos de seguridad y ministerios públicos fueron los responsables de la muerte de nueve jóvenes y policías.

Luego, la construcción de la Supervía Poniente confirmó la falta de voluntad de las autoridades de informar y tomar en cuenta a los vecinos de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Por último, a cuatro días de que terminara su administración, el gobierno de Marcelo Ebrard se vio manchado por la aparición de grupos subversivos en pleno Centro Histórico del Distrito Federal.

Torturas y agresiones

Sobre el último talón de Aquiles de la administración marcelista —el 1D—, la Comisión de Derechos Humanos fue implacable y responsabilizó a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia.

Según lo acreditado en el expediente CDHDF/1/121/CUAUH/12/D7581 y sus 15 acumulados, los uniformados hicieron detenciones al azar, pues las órdenes fueron varias y a destiempo.

Las documentales de la Comisión de Derechos Humanos señalan que durante la detención de 102 personas el pasado 1 de diciembre se registraron actos de tortura, golpes, aprehensiones arbitrarias, agresiones sexuales y lesiones severas.

De acuerdo a la exposición de Luis González Placencia, se detectó que hubo violaciones al derecho a la seguridad, a la libertad e integridad personal, a la libre manifestación y a la protesta de las 102 personas agraviadas.

Recomendación

Por esa razón, la CDHDF recomendó modificar el protocolo de control de multitudes que recientemente  publicó la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

También, elaborar y publicar un mecanismo sobre la cadena de custodia de personas detenidas y los objetos e instrumentos del delito con los que se les arresta, a fin de inhibir excesos como los del 1 de diciembre.

Entre las pruebas que ofreció Luis González Placencia, se presentaron videos y audios de conversaciones entre mandos superiores durante el operativo que emprendió la SSP-DF para desactivar las protestas del 1 de diciembre.

Una de las partes medulares de la recomendación destaca el momento en que los responsables del operativo enfrentan a los manifestantes que ocasionaron destrozos en diversos establecimientos.

Ahí se detalla que a las 13:07 horas se hicieron criterios arbitrarios para las detenciones:

—”Todos esos jovencitos con mochila en la espalda, esos son vándalos ¿eh?, esos son los vándalos”, se escucha en una de los diálogos revelados por la comisión.

Reporte Indigo publicó en los días posteriores a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto un documental donde los altos mandos se pelean entre sí por dar órdenes para repeler las acciones de protesta. 

El ombudsman capitalino explicó a los medios de comunicación que durante el dispositivo se actuó de forma desorganizada y desproporcionada a pesar de los esfuerzos por encapsular a los manifestantes.

Y que tampoco pudieron implementar un operativo de protección en los negocios que resultaron dañados.

Por esa razón, la CDHDF solicitó al GDF aceptar la recomendación e implementar procesos administrativos para sancionar a la Dirección de Inspección Policial y al Consejo de Honor y Justicia de la SSPDF.

Mientras que a la PGJDF le pide dar parte a la  Fiscalía para servidores públicos a fin de que se investiguen abusos de autoridad cometidos por agentes de las SSP y personal ministerial.

Y al TJDF, emitir un acuerdo en el que se establezca la obligación de los jueces penales para hacer el control de legalidad de las detenciones y computarlas en un plazo de 48 horas.

Inocentes

Actualmente hay 13 personas procesadas y una sentenciada por los actos del 1 de diciembre, quienes ya adelantaron a los medios de comunicación que utilizarán la recomendación 7/2013 como prueba de su inocencia.

Brian Reyes, el único sentenciado a 2 años y 6 meses de cárcel, tras las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del DF al Código Penal para convertir este delito en no grave, también hará valer las pruebas de la CDHDF.

Por su parte, el actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se limitó a afirmar que analizarán al detalle esta recomendación, con miras a mejorar el respeto a los derechos humanos.