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Con un mensaje de austeridad y con un amplio bono democrático, Andrés Manuel López Obrador ocupó la Presidencia de México.
Gran parte de la población puso sus esperanzas en el nuevo gobierno con la expectativa de que problemáticas que afectan al país como el desempleo y la falta de oportunidades fueran resarcidas.
Sin embargo, la llamada Cuarta Transformación dejó excluidos a cientos de personas que entregaron su confianza al mandatario, y que a cambio sufrieron despidos injustificados y el atropello de sus derechos laborales por ser trabajadores del gobierno.
Unas semanas después de que López Obrador rindiera protesta, diversas oficinas gubernamentales y de otros organismos como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fueron escenarios de despidos masivos de personal que llevaba laborando hasta dos décadas en esos lugares.
La negativa en pagos de liquidaciones, la no justificación de los despidos y el no respeto a la antigüedad, son los aspectos que caracterizan la mayoría de las destituciones
Es el caso de Alejandro de los Santos, licenciado en derecho y quien hace 10 años comenzó a laborar para el Infotec Centro de Análisis de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, órgano adscrito Conacyt, hace unas semanas, al llegar a su trabajo le fue informado que sus días en la institución habían terminado.
Sin mayor explicación, fue despedido sin prestaciones de ley y sin respeto a su antigüedad como funcionario público.
La historia de Alejandro se multiplica en muchas otras instancias públicas. Por ejemplo, Víctor Ovalle Hernández, profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) -institución perteneciente al INAH- no ha recibido el pago por impartir clases y no sabe si será recontratado este 2019.
En las oficinas centrales del INAH también impera la incertidumbre. Los recortes de personal y reducción de salarios en diciembre pasado fueron una constante y los empleados que siguen laborando sólo recibieron contratos por dos meses.
Una situación similar se vivió en el SAT de Veracruz, donde alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos sin liquidación cuatro días antes de Navidad. Los afectados reclamaron que el mismo día fueron notificados de su salida de las oficinas y que se les solicitó firmar su renuncia.
El abogado Arturo Arredondo Bravo, especialista en derecho laboral burocrático, administrativo y fiscal, asegura que el despido de empleados que laboraban para el gobierno ha sido indiscriminado, aún cuando el titular del Ejecutivo había señalado que sólo personal de confianza sería removido. Además de que la administración pública ha vulnerado derechos laborales.
“El despido de empleados que laboraban para el gobierno ha sido indiscriminado, aún cuando el titular del Ejecutivo había señalado que sólo personal de confianza sería removido”
“Cuando no se respetan estas formas previamente establecidas en la Ley Federal del Trabajo y en la de los Trabajadores del Estado, las dependencias cometen perjuicio hacia los servidores públicos, violaciones flagrantes que devienen en estos despidos injustificados y la verdad es que colapsa el sistema porque estas personas que son vulneradas en sus derechos laborales se ven en la necesidad de acudir ante los tribunales para que se les imparta justicia”, explica el experto, quien además asegura que estas acciones pueden resultar contraproducentes para el mismo gobierno.
“Es un contrasentido porque se vienen las demandas, los juicios a causa de estos despidos injustificados y la administración pública después de mucho tiempo debe de pagar los salarios caídos o reinstalar a los trabajadores ilegalmente separados de sus empleos. Entonces esto no es lo más idóneo”, agrega Arredondo Bravo.
En el Servicio de Administración Tributaria de Veracruz, alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos sin liquidación cuatro días antes de navidad
“No tienen palabra”
Hace una década Alejandro de los Santos entró a laborar al Infotec, centro público adscrito al Conacyt. Su primera encomienda como licenciado en derecho especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación fue desahogar los expedientes de la subgerencia de asuntos jurídicos de la institución.
De los Santos escaló en diversos cargos gracias a sus buenos resultados en esa área, relata. Su puesto más alto fue el de gerente de asuntos jurídicos, mismo que desempeñó hasta inicios de enero de este año cuando fue notificado que no continuaría en él.
Alejandro de los Santos, extrabajador de Infotec, centro adscrito al Conacyt, relata cómo fue engañado por los funcionarios que llegaron con el nuevo gobierno antes de ser despedido y cómo sus derechos laborales fueron violentados
“En diciembre de 2018 enviaron una circular que indicaba que en todas las áreas jurídicas del gobierno debían cumplir con diversos requisitos, entre ellos no tener conflictos de interés y demostrar experiencia en el área. Quien quedó como mi superior, Joaquín Careaga Perkins, me dijo que no tenía inconveniente en que siguiera prestando mis servicios, pues yo cumplía con todos los requisitos”, señala De los Santos.
Después de reunir todos los documentos que avalaban su experiencia en el área en la que se desempeñaba, los envió para su evaluación con una sensación de satisfacción; Alejandro sentía el apoyo de los nuevos funcionarios que se integraban al Infotec derivado de la entrada de la administración federal obradorista.
Las cosas cambiaron drásticamente para él y su familia. Una llamada de un funcionario que trabajaba para su jefe realizada el 27 de diciembre le arruinó su periodo vacacional, pues le indicó que aún cuando revisaron los documentos que envió para seguir en la gerencia de asuntos jurídicos prescindirían de sus servicios.
Días después de que a Alejandro le dijeron que conservaría su puesto, recibió una llamada para informarle que sería despedido
“El 7 de enero que regresé el que era mi jefe no me quiso dar la cara. Cuando por fin nos vimos me dijo que no me iba a quedar porque eran instrucciones desde la dirección del Conacyt. Le respondí que no tenía inconveniente siempre y cuando respetaran mis derechos laborales que adquirí con 10 años de trabajo. Él me cuestionó si demandaría en caso de que de no me indemnizaran correctamente”, expone el abogado.
A de los Santos le ofrecieron una indemnización que no correspondía con los años que laboró para el Infotec, pero aceptó por necesidad económica y con el propósito de no tener más problemas con la nueva administración. Sin embargo, después de la primera propuesta, la cantidad que ya de por sí era baja le anunciaron que todavía se reduciría más.
“Me dijeron que no me podían dar la cantidad que pactamos, que me iban a dar menos y la persona del Conacyt que me llamó me explicó que si no quería aceptarlo entonces demandara”, narra De los Santos.
El abogado aceptó finalmente una indemnización equivalente al 30 por ciento de lo que le correspondía por ley y afirma que personal de Conacyt le pidió no confesar a sus compañeros que había recibido un pago tras ser despedido
“Me dijeron que no hablara porque la línea que traían era de no indemnizar a nadie. Están violentando derechos laborales de muchas personas. Hay quienes llevaban 15 o 18 años trabajando para el Instituto”, añade Alejandro.
Al ser despedido, el Infotec se negó a pagarle la indemnización correspondiente por el tiempo que trabajó en el lugar
Actualmente, De los Santos analiza su estrategia legal para acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para exigir el pago completo de su liquidación; tampoco descarta que si el laudo de su demanda resulta en que puede ser restituido en su cargo regrese a seguir desempeñándose como funcionario público.
“Con estas personas no es factible dialogar, no tienen palabra. Me engañaron. Ellos tienen un discurso de austeridad basado en el ahorro, pero no implica violentar derechos; uno ha crecido a base de logros y no de favoritismos. Además de que en nuestro lugar están contratando a otras personas, lo que indica que no es un asunto de ahorro”
De los Santos ya no cuenta con su empleo en Infotec, afirma que para sacar adelante a su hija de 10 años trabaja como profesor y ofrece sus servicios de asesorías legales de manera particular. Agrega que en su área fueron despedidas de una manera muy similar otras dos personas de seis que conformaban el equipo.
Muchas de las demandas que surgieron de los despidos en dependencias del gobierno significarán desgaste, pérdidas económicas en pago de abogados y una larga espera para resolverlas, afirma el licenciado en derecho laboral, Arturo Arredondo.
“Lamentablemente no tenemos justicia pronta y expedita. La única manera de alcanzar justicia en estos casos en transitar un camino tortuoso ante la Junta Federal. Un trabajador que es despedido injustamente enfrenta una problemática anímica y económica, además un juicio laboral podría durar en el mejor de los casos entre uno y tres años”, detalla Arredondo Bravo.
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