Los frentes abiertos de Pavlovich

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, enfrenta una batalla de varios frentes.

Por un lado, una deuda multimillonaria, en parte herencia de su antecesor, Guillermo Padrés, y en parte adquirida ya en su administración.

Por otro, los conflictos con pueblos indígenas en varias regiones del estado.

La construcción de un gasoducto que atravesará la entidad y el despojo de tierras que presuntamente opera un tío de la gobernadora, tienen a grupos indígenas en máxima alerta.

A todo esto se suma el conflicto magisterial en la entidad, pues luego de la aplicación de las pruebas a maestros, se suscitaron algunas protestas en las que la Policía Estatal ha intervenido para disolverlas.

Además, la Policía Estatal Investigadora ha detenido a varios maestros opositores a la reforma educativa. Algunas detenciones se han realizado en las mismas escuelas en que laboran, lo que ha provocado la inconformidad de los maestros y de los padres de familia.

Son varios los frentes de batalla que Pavlovich tiene abiertos; varios de ellos podrían ser una bomba de tiempo si no hay un correcto ejercicio de gobierno.

Deuda, ¿para qué?

Pocas semanas después de que Claudia Pavlovich tomara protesta como nueva gobernadora de Sonora, logró que el Congreso estatal le aprobara adquirir deuda por 5 mil millones de pesos.

Según el decreto que fue aprobado por el Congreso local, esos 5 mil millones de pesos serían gastados en Proyectos Específicos de Infraestructura (mil 763 millones); Red Carretera Estatal (mil 425 millones); Programas y Proyectos Paripassuu (942 millones); Infraestructura Educativa Contratada (580 millones) y Obras en Proceso Estatal de Infraestructura (290 millones).

El Congreso aprobó la deuda aún antes de que se diera a conocer el Plan Estatal de Desarrollo de Sonora, que contiene todas las directrices de la inversión en la entidad.

Los sonorenses terminarán de pagar esta deuda en 38 años. El plazo para el pago es a 30 años, que pueden prorrogarse otros ocho más.

Pavlovich amarró la aprobación de la deuda una vez que consiguió el apoyo de cuatro legisladores del PAN: Carolina Lara, Lissete López, Sandra Hernández y Manuel Villegas.

La polémica por ese apoyo fue tal que Acción Nacional expulsó a estos cuatro diputados de su bancada; sin embargo, ellos impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral, que les dio la razón.

Además de los recursos por los 5 mil millones de pesos, a Pavlovich le aprobaron la reestructuración de la deuda que ya tenía Sonora por un monto de 16 mil 993 millones de pesos.

En esa reestructuración, la gobernadora consiguió dos años “de gracia” para no hacer pago alguno, por lo que tendrá más recursos en 2016 y 2017.

Sonora ocupa el octavo lugar a nivel nacional por el monto de su deuda, que asciende a casi 22 mil millones de pesos; lo que significa que cada habitante de la entidad debería pagar 7 mil 728 pesos.

Conflictos con indígenas

El gobierno panista de Guillermo Padrés tuvo un conflicto con las comunidades yaquis de Sonora por la construcción del Acueducto Independencia, obra con la que se pretendía aumentar el abasto del líquido a Hermosillo.

Ahora, Pavlovich enfrenta varios problemas con comunidades indígenas que podrían ser una bomba de tiempo para su administración.

Por un lado, el presunto despojo de tierras a indígenas y campesinos de la zona de Caborca prendió las alertas en la entidad porque está involucrado un tío de la gobernadora.

Proceso publicó el 15 de abril pasado que Rafael Pavlovich Durazo denunció a unos habitantes del ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, por supuestamente invadir ilegalmente terrenos ejidales.

A dos semanas de la denuncia, un juez libró la orden de aprehensión contra los campesinos y fueron detenidos por la Policía Estatal.

El semanario destaca que en ese lugar está ubicada una mina de la empresa Penmont, que extrae oro de esa zona.

Claudia Pavlovich reconoció que Rafael Pavlovich es su familiar, pues es primo de su padre. Sin embargo, dijo que el asunto corresponde a la Procuraduría de Justicia del Estado –dependiente del Ejecutivo-.

Otro foco de alerta podría encenderse nuevamente en el territorio yaqui; esta vez, por la construcción de un gasoducto.

La empresa Ienova ganó una licitación para construir un sistema de distribución de gas desde El Sásabe, al norte de Sonora, hasta El Oro, en Sinaloa.

Para su construcción dividió el proyecto en dos partes. La primera, en un tramo que va de El Sásabe a Guaymas –en operación-; la segunda, en la parte que va de Guaymas a El Oro.

En el camino, sin embargo, la obra debe atravesar el territorio yaqui, ubicado al sur de Ciudad Obregón.

Para que la obra se realice sin problemas, el Gobierno estatal intervino en las negociaciones con los ocho gobernadores de la comunidad yaqui.

Mario Luna, activista yaqui –preso varios meses por su oposición al Acueducto Independencia-, ha denunciado que se engañó a los pobladores yaquis para que firmaran los acuerdos.

Para lograr un pacto, la empresa entregó una cantidad indeterminada de dinero a las comunidades yaquis, lo que ha provocado división en la zona.

Por un lado, los pobladores que no pertenecen a la etnia yaqui y viven en la zona han reclamado parte de los recursos; por otro, algunos indígenas yaquis han denunciado que el reparto no ha sido equitativo.

El tema puede convertirse en una bomba de tiempo para el gobierno de Claudia Pavlovich pues, de no ser cabildeado correctamente con los pobladores yaquis, las comunidades podrían mantener cerrada la principal carretera del estado.