[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_giok82gp” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La violencia que viven los niños que quedan huérfanos a causa de los feminicidios no concluye con la muerte de sus madres, pues en muchos casos son entregados a los hombres que matan a las mujeres que les dieron vida o pierden todo sustento económico.
Además, con la orfandad llegan los problemas psicológicos, la desatención médica e, incluso, las agresiones físicas en el núcleo familiar.
Ante esta situación, familiares de los huérfanos por feminicidios exigen que los tres niveles de gobierno los apoyen para sacar a los niños de situaciones de violencia con programas para cubrir sus derechos básicos.
De acuerdo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado otorgará facilidades a los particulares —ascendientes, tutores y custodios— para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Según el mismo apartado de la Carta Magna, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Sin embargo, los tutores de estos niños no están recibiendo apoyo del Estado, motivo por el cual un colectivo de familiares de mujeres que murieron por la violencia feminicida han interpuesto 9 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esta agrupación integrada principalmente por mujeres también tiene preparadas quejas de 24 casos más de menores en esta situación para entregar a la entidad responsable de proteger los derechos humanos en México. En total 33 familiares de víctimas de feminicidios exigen apoyos económicos o jurídicos para poder procurar el bienestar de los huérfanos.
El comienzo de la exigencia
Sandra Soto Arzúa es el pegamento que logró unir a las más de 30 familias que exigen apoyo estatal para los huérfanos.
Ella es una de las víctimas colaterales de los feminicidios. Es hermana de Serymar Soto Arzúa, una joven que fue atropellada por su pareja Jorge U. en Torreón y quien con su muerte dejó huérfano a Bengy Romeo Soto Azúa.
Desde el momento del asesinato de su hermana, Sandra usa su dolor como un impulso para exigir justicia. Gracias a sus esfuerzos se encontró al hombre que provocó la muerte de su hermana, quien estuvo prófugo por seis meses. Ahora, un año después de la pérdida, puede describir el asesinato de su pariente en un par de frases.
“Mi hermana se llamaba Serymar Soto Azúa, ella tenía 21 años y fue atropellada por su prometido el 28 de enero del 2017 después de una discusión que tuvieron. Ella murió una semana después por el traumatismo cerebral que tuvo, estaba policontundida, el impacto fue muy fuerte, estuvo en terapia intensiva y finalmente murió”, describe sin titubeos.
Cuando las autoridades no procesaron al culpable, esta mujer que se convirtió en activista por las circunstancias, decidió crear un perfil de Facebook que se llama ‘Los machos nos matan en México’. En ese perfil publicó toda la información del hombre que mató a Serymar y después de medio año alguien le dijo el paradero del asesino de su hermana por un mensaje.
El asesino aún no tiene una sentencia, sin embargo, ahora Sandra se siente más preocupada por su sobrino, un niño que con la muerte de su madre perdió todo sustento económico.
El sobrino de Sandra actualmente vive con sus abuelos, quienes no reciben ningún apoyo económico para cubrir sus gastos. Los padres de la víctima del feminicidio le dan al niño todo lo posible para sobrevivir, pero el dinero que demanda la escuela y la atención médica siempre hace falta.
Ante esto, Sandra decidió interponer una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir que el gobierno del estado de Coahuila y sus dependencias apoyen económicamente a su sobrino.
La queja con el folio 7089/2018 fue interpuesta el 29 de enero del presente año y tres meses después Sandra aún no recibe respuesta. El documento está integrado por nueve páginas en las que la quejosa describe los derechos que tiene su sobrino de acuerdo a la Carta Magna de México, tratados y convenciones internacionales.
En este documento, Sandra denuncia a las autoridades de Coahuila porque no le proporcionaron a su sobrino ningún “apoyo psicológico, económico, escolar, social o recreativo mínimo indispensable que le permita continuar con su vida”.
La tía del niño huérfano también exige que se lleve a cabo una investigación sobre el “porqué de la lenta o nula actuación de los niveles de gobiernos encargados de velar por los derechos de los miles de niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales del delito de feminicidio en el caso particular del estado de Coahuila y a nivel nacional”.
Sandra decidió publicar el documento que presentó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su página de Facebook ‘Los machos nos matan en México’.
A partir de esa publicación, más de 30 familiares se comunicaron con ella para interponer el mismo tipo de queja con el objetivo de exigir apoyos económicos y jurídicos para sus nietos o sobrinos que se encuentran en situación de orfandad debido a un feminicidio.
A partir de que recibió los mensajes por Facebook, Sandra les pidió a los familiares de las víctimas de feminicidios sus datos y preparó las más de 30 quejas que está por interponer.
Sandra afirma que dentro de las quejas que ha redactado tiene casos de Guerrero, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua.
Sandra conoce los problemas que enfrentan los niños huérfanos por feminicidios a partir de conocer los casos de las familias que está apoyando.
Mientras redacta las quejas percibe que todos los niños viven circunstancias distintas y se debe prestar atención al sufrimiento de cada uno, pero también considera que hay algunos conflictos constantes como la necesidad de atención psicológica y de apoyo económico.
“Es un tema aparentemente general, pero cada niño tiene una situación específica, por ejemplo, la de Romeo es una situación básica en la que se solicita manutención, educación y servicio de salud porque era una vida que apenas empezaba a la que le roban el futuro con la muerte de su madre”, afirma.
Sandra habla con cariño de su sobrino y reconoce en él cierta nostalgia por la pérdida de su madre.
Romeo actualmente tiene cinco años. Sus abuelos y su tía nunca le dijeron que su madre pasó tiempo en el hospital antes de morir ni que fue asesinada por quien pudo convertirse en su padre.
“Hay ocasiones en las que tiene crisis y llora por su mamá. Ya no es un bebé, pero de pronto como que le gana la nostalgia y muestra expresiones de estar extrañando a su mamá, de llorar diferente a como llora cuando le pasa cualquier otra cosa, hace reclamos, le habla a su mamá, le hace reclamos de por qué se fue, pregunta por qué Jorge le hizo eso”, describe Sandra.
En manos de un feminicida
María Magdalena Velarde Tepos forma parte del colectivo que nació de la página de Facebook ‘Los machos nos matan en México’. Ella es abuela de un niño que quedó huérfano debido a un feminicidio.
La relación de esta mujer con los procesos judiciales comenzó con la muerte de su hija Fernanda Sánchez Velarde, quien presuntamente fue asesinada hace cuatro años por quien fuera su esposo: Led Clemente Sandoval.
Magdalena cuenta que su hija fue asesinada por razones de género el 4 de enero de 2014.
De acuerdo a la descripción de esta mujer y a una queja interpuesta por su esposo Roberto Sánchez Ortíz en la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México, Fernanda fue asesinada en su casa en Cuautitlán Izcalli, Ciudad de México, y su cuerpo fue encontrado con golpes, rasguños y otras señales de violencia, incluso algunas después de la muerte.
La escena del crimen nunca fue vista por los familiares y quienes reconocieron el cadáver de Fernanda fueron los padres de su presunto asesino.
Desde ese día, comenzaron las irregularidades en la carpeta del proceso judicial relacionada con el asesinato de acuerdo a las declaraciones de su madre.
Se perdieron las fotografías de la escena del crimen, los abogados nunca ayudaron para obtener la custodia del niño y hasta hoy no hay una sentencia contra Led Clemente Sandoval y tampoco está detenido.
Estos problemas en el caso provocan que los hijos de Fernanda no puedan tener una vida tranquila.
Magdalena cuenta que su nieto fue testigo de cuando su padre asesinó a su madre. “Él aunque era muy chiquito, tenía un lenguaje muy clarito y él decía: ‘es que mi papá mató a mi mamá’.
Nosotros comprobamos que esto era cierto por la forma en que se defendía porque él sentía que a lo mejor le íbamos a hacer algo, lo mismo que le hicieron a su mamá”, describe.
La abuela cuenta que después de la muerte de su hija, ella se quedó con su nieto durante un par de años. Sin embargo, el niño sólo estuvo con ella hasta que cumplió tres años de edad, cuando el presunto feminicida recuperó la custodia y sólo permitió que su abuela lo viera cada quince días.
“Ellos ni siquiera se interesan por la integridad de mi nieto, no está en buenas manos, no está bien cuidado, está recibiendo violencia porque siempre dicen que los niños dan lo que reciben y él da mucha violencia, siempre está a la defensiva, siempre agrede a la demás gente, tiene un amplio vocabulario, pero en groserías”, explica su abuela.
Magdalena nota los cambios en el niño desde que no vive con ella. Aprecia que el niño es temeroso y violento desde que vive con su padre. “Tiene seis años y esos cambios son a partir de que vive con su papá, porque antes él era igual que mi hija, muy cariñoso, muy amoroso, era un reflejo de ella”.
La abuela quiere que se compruebe la violencia que recibe su nieto. Cuando notó los primeros cambios en su actitud lo llevaba al Centro de Justicia para Mujeres en Cuautitlán Izcalli, pero nunca le dieron una respuesta positiva para recuperar la custodia del niño.
“Un día lo llevé, tenía 30 moretones y se les hicieron pocos. Les pregunté qué necesitaban, que llevara al niño ya muerto para que me hicieran caso, pero siempre me han tomado así, como que al pobre de mi yerno lo quiero culpar de lo que le pasó a mi hija, como que me quieren tachar de loca”, afirma Magdalena.
Esta abuela agota todos sus recursos para que el asesino de su hija sea detenido y procesado. Considera que sólo así recuperará a su nieto. Hasta ahora ha iniciado un proceso judicial, ha interpuesto una queja a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, otra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitó un amparo e incluso pidió apoyo a la agencia de derechos humanos de Naciones Unidas.
Su petición es justicia: sólo quiere que se investigue la muerte de su hija y recuperar a su nieto.
“Yo espero que se haga justicia, que no se quede esto impune, que mis nietos estén bien… Yo sé que el hijo de mi hija no está bien y también voy a tratar de pelear, es decir, no me voy a quedar así”, dice Magdalena.
Sin registro de las víctimas
No existe un registro de la cantidad de huérfanos por feminicidios en México. Los gobiernos estatales con alertas de género activadas, como en el caso del Estado de México y Jalisco, hasta ahora no han contabilizado a los niños que quedan desprotegidos después del asesinato de sus madres.
Tampoco existe una base de datos federal ni una creada por alguna organización civil sobre los niños huérfanos por feminicidios.
No obstante sí hay información sobre la cantidad de mujeres que mueren en circunstancias de feminicidios.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, afirmó que esto se debe a que existe una invisibilización de los niños huérfanos.
“En primer lugar que inicien registro de cuántos niños y que el Estado apoye a las abuelas o hermanas que se quedan a cargo de niños. También que se considere que no solamente la parte económica es importante, sino también las terapias porque hay niños que vieron cómo mataron a su mamá. También cuestiones de salud, entonces es todo un tema integral que las autoridades no han querido asumir y que realmente los niños quedan muy mal”, afirma la coordinadora
Estrada Mendoza agregó que los niños que se encuentran en situación de orfandad por los feminicidios necesitan programas integrales. Estas iniciativas deben incluir terapias individuales, apoyos económicos para solventar los gastos de los niños y proyectos para evitar que dejen la escuela.