La conclusión de los panelistas es concluyente: estas políticas reflejan subordinación del Estado mexicano a las políticas de represión y criminalización de los flujos migratorios
“El punto de partida es Felipe Calderón por una política de terror contra los migrantes en tránsito”
Hace dos años una impactante noticia sacudió al país: 72 indocumentados fueron masacrados en San Fernando, Tamaulipas.
Pero hoy, es común encontrar casos similares en todo el territorio nacional.
Por eso el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se reúne para exigir justicia y protección a todos los migrantes.
Incluso, acusan al gobierno del presidente Felipe Calderón de solapar tanto la tortura, como el secuestro y el asesinato de quienes salen de su país en busca de una mejor calidad de vida.
Y es que de acuerdo con el sacerdote Raúl Vera, miembro de este comité de defensa civil, el crimen organizado ha encontrado en los indocumentados que pasan por México un próspero y jugoso negocio.
“Es algo que nosotros hemos denunciado desde el año 2007, es decir, cuatro años antes de que se diera a conocer el caso de San Fernando. No es posible que no se castigue a nadie y que hasta sea una práctica común”, aseguró el sacerdote a Reporte Indigo.
En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), el Tribunal Permanente de los Pueblos ofreció ayer una conferencia de prensa en conmemoración del segundo aniversario de la matanza.
Ahí los ponentes de países de todo el continente americano pusieron el dedo en la llaga del sexenio calderonista.
En su discurso aseguraron que no se ha castigado a un solo mando policiaco, civil, militar o federal por el caso que estremeció y dio la vuelta al mundo a través del testimonio de un sobreviviente de nacionalidad ecuatoriana.
Raúl Vera detalla que es de todos sabido la forma en que operan las bandas delictivas en la zona fronteriza, con el aval de las autoridades y de los centros migratorios.
“En cuanto detectan a un indocumentado lo detienen y secuestran. Luego piden rescate de 3 mil 500 dólares aproximadamente. Y eso lo hacen con todos los que encuentran”.
Advierte que constantemente se están sofisticando los sistemas de extorsión “sin que nadie haga algo real para inhibir este tipo de delitos”.
Además: “transportan a 50 o hasta 100 indocumentados en camiones torton. ¿Cómo es posible que pasen retenes de policías y militares sin que detecten el trafico de migrantes”.
La explicación del sacerdote y activista también incluye anécdotas de intercambio de secuestrados.
“Llegan a los centros migratorios para llevarse un migrante que tenga familia y dejan ahí al que no tiene a nadie”.
La conclusión de los panelistas es contundente: estas políticas reflejan la subordinación del Estado mexicano a las políticas de represión y criminalización de los flujos migratorios.
Por eso, el Tribunal Permanente de los Pueblos lamenta que la matanza de San Fernando simbolice la punta de la hebra que aún no se termina de desenrollar.
La tarea de Peña Nieto
El foro de expresión, organizado en coordinación con la CDHDF, no queda en la reflexión, sino en un lamento que advierten puede prolongarse por un lapso de seis años más.
Y es que consideran que el virtual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dará continuidad a la política de combate al narcotráfico que diseñó Felipe Calderón.
Camilo Pérez Bustillo, de la Comisión sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del Capítulo Mexicano del TPP, fue más claro: “El punto de partida es Felipe Calderón por una política de terror contra los migrantes en tránsito, hecho que se ha caracterizado en todo su sexenio”.
Explicó que los números son contundentes: “hay más de 20 mil secuestros o desapariciones forzadas por año. Hablamos de más de 100 mil en todo el sexenio y de las cuales el 60 por ciento no se ha resuelto.
“Esta responsabilidad él se la lleva. Váyase a donde se vaya. Eso no se puede olvidar, hablamos de la complicidad de todas las autoridades. Estamos hablando de esa carga de responsabilidad que se va a transmitir a Enrique Peña Nieto”.
