Los inhabilitados de la Línea 12

De manera oficial muchos de los servidores públicos que participaron en la construcción de la Línea 12 ya están informados por la Contraloría General del Distrito Federal de sus sanciones e inhabilitación por los errores que cometieron.

Aunque el informe de la Contraloría capitalina se dará a conocer entre martes y miércoles próximos, algunos de los actores ya conocen el castigo que recibieron por su mal desempeño en la ejecución del mega proyecto que sigue cerrado en once de sus veinte estaciones.

Lo que Hiram Almeida, titular de la Contraloría General capitalina, hará público las próximas horas es el resultado de cuatro grandes auditorías mediante las cuales se revisaron las acciones, proyectos, ampliaciones, contratos, modificaciones desde 2006 hasta 2014.

Es decir la obra desde que se gestó en el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón pero también el primer año y medio de operaciones en la administración de Miguel Ángel Mancera.

En este informe la Contraloría General hablará de las sanciones para quienes planearon y ejecutaron mal la obra y dará a conocer algunos casos en los que encontró responsabilidades de tipo penal. Esto a fin de que la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) o su homóloga federal, la PGR, tome acciones pertinentes.

La compra de los trenes bajo la lupa

El proceso de adquisición de la flota de 30 trenes que circulan en la Línea 12 se encuentra actualmente bajo revisión.

Esto quiere decir que aproximadamente en tres o seis meses se darán a conocer si habrá sanciones o no para quienes efectuaron la contratación de la flota vía Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) por un monto de mil 588 millones de dólares a pagarse hasta el 2026.

Cabe recordar que Reporte Indigo dio a conocer en la edición “Delgado-Ebrard, ¿dónde están los millones?” que el contrato de fabricación de la flota de 30 trenes revela que tuvo un costo de 539 millones de dólares.

“En el precio quedan incluidos todos los gastos que el fabricante tuviera que erogar para cumplir con el objeto del presente contrato de fabricación, costos directos e indirectos y todos los demás que sean necesarios para el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones”, estipula el contrato firmado en diciembre de 2010.

A partir de ese documento se supo que esos trenes se pagarán tres veces arriba su valor, comprometiendo los recursos del Distrito Federal, de los ciudadanos mismos, a pagar una deuda hasta el 2026.

Pero las conclusiones de esta auditoría aún no están listas, la Contraloría General las dará a conocer en una segunda etapa que se estima llevará aproximadamente entre tres o seis meses.

Aunque se ha especulado respecto a que son 19 funcionarios los que aparecen en la lista negra de la Contraloría General capitalina, lo cierto es que ese es el número de expedientes aunque el número de funcionarios son más.

Más allá de las especulaciones, dos de los nombres que se manejan como los principales responsables en este tramo de revisión de cuentas y documentación son: Enrique Horcasitas Manjarrez, titular de Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) y Francisco Bojórquez, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante la administración de Ebrard Casaubón.

Y es que el 18 de marzo de 2014, este casa editorial dio a conocer que la Contraloría General capital selló las oficinas generales de Proyecto Metro a fin de resguardar todos los expedientes y documentación vital que permitiría conocer los detalles de cómo se concretaron obras, contratos y otros procedimientos.

Hoy se sabe, que antes de que Enrique Horcasitas fuera destituido de su cargo al frente de Proyecto Metro, se intentó destruir documentación oficial de algunos procesos de construcción de Línea 12 y otros muchos oficios fueron modificados.

El coletazo de ICA, Carso y Alstom

A petición de las empresas constructoras de la Línea 12 el informe final que entregó la firma francesa Systra al Gobierno del Distrito Federal (GDF) no fue hecho público en su totalidad.

La Secretaría de Obras del Distrito Federal (Sobse) cuyo titular, Alfredo Hernández fue el encargado de darlo a conocer públicamente, solo distribuyó unas cuantas hojas a fin de que los pormenores de las fallas cometidas por parte de ICA, Carso y Alstom no propiciaran la caída de las acciones en la bolsa, como ocurrió cuando se anunció el cierre de las estaciones.

La petición del consorcio constructor busca evitar que se genere un impacto que afecte sus acciones pero también impide que de momento se conozcan a detalle los errores que se cometieron durante la construcción de la mega obra .

La experiencia de marzo pasado dejó a la firma que encabeza Bernardo Quintana con un mal sabor de boca luego de que sus títulos en la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron una caída estrepitosa.

Desde el pasado 29 de agosto la firma francesa entregó a la Sobse el informe, sin embargo, pasó una semana para que finalmente se diera a conocer.

Sin presentar el documento completo de Systra (como se distribuyó la primera vez que se difundió el preliminar) el titular de Sobse concluyó en el estudio “que hubo una serie de fallas en la planeación, diseño, construcción y operación de la Línea. No inscribe correctamente el bogie en la vía y hay un problema de interfaz rueda-riel en curvas menores a 350 metros, aunado a que el tren por su peso induce esfuerzos extraordinarios a las vías, deteriorándolas y reduciendo su vida útil”.

Previo a la difusión de este informe hubo una acalorada discusión. 

Entre los funcionarios del gobierno local llamó la atención la acalorada defensa que el diputado local Jorge Gaviño, quien preside la Comisión Especial que investiga lo ocurrido en la Línea 12,  sostuvo en la mesa. ¿Y a este qué le pasó?, se preguntaron los del gabinete de Mancera.