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"Los chavos fueron manipulados, fueron a botear, no sabían que los estaban llevando al matadero"
Han pasado 120 días desde aquella noche de septiembre cuando la Policía Municipal de Iguala atacó a un grupo de estudiantes de la Normar Rural de Ayotzinapa.
Las autoridades han realizado cerca de 90 arrestos, entre narcotraficantes y políticos implicados.
Sin embargo, hay una línea de investigación que ha sido ignorada y que para José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, puede ser la clave.
¿Por qué estaban los normalistas en Iguala?
“Una línea de investigación que verdaderamente puede llevar a algunos de los responsables ha sido ignorada por la PGR. No se ha dicho nada por temor a molestar a quienes manipulan a los padres de los 43 muchachos”, afirma en entrevista para Reporte Indigo.
El litigante y presidente de la asociación civil insiste en que las autoridades deben enfocarse también en los directivos de la escuela rural para ver quién los mandó la Iguala.
“¿Cuál era la intención de ir, cuándo se tomó esa decisión y si estas personas sabían que en Iguala los Guerreros Unidos estaban asociados al presidente municipal (José Luis Abarca) y que iban a provocar una confrontación porque ese día daba su último informe en el DIF para lanzar su precandidatura a la presidencia municipal de Iguala.
“Los chavos fueron manipulados, fueron a botear, no sabían que los estaban llevando al matadero”, asegura Ortega, quien ha dado seguimiento al caso desde su asociación.
Se veía venir
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal asegura que la masacre ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre se preveía.
A principios de diciembre, su organización divulgó el informe “Guerrero. Atrapados en el círculo de la violencia”, el cual consistió en un análisis de los temas más relevantes de vínculos entre el crimen organizado y las autoridades locales.
Lo acompañó de un listado de 24 alcaldes que han sido señalados de tener vínculos con el crimen organizado.
Desde entonces, ha entregado dicho informe ante diferentes instancias federales, entre ellas la PGR y Presidencia de la República, pero no ha obtenido respuesta.
“Denunciamos los señalamientos que se han hecho públicos de alcaldes, senadores, diputados y hasta del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.
“Las izquierdas se están desgarrando en Guerrero, este es un problema que provocan políticos de izquierda, asociados a Guerreros Unidos, con grupos guerrilleros, especialmente al ERPI y al EPR. Les asesinan a muchachos de un semillero de estos grupos como es la escuela normal rural de Ayotzinapa”, declara el litigante.
¿Padres manipulados?
El abogado José Antonio Ortega no duda en hacer suya la versión que han dado varias autoridades federales de que los padres de los 43 estudiantes están siendo manipulados.
El análisis “Guerrero. Atrapados en el círculo de la violencia” se encamina a que el ERPI y el EPR se sintió “agredido” por el asesinato de los estudiantes.
“Ahí es cuando empiezan a lanzar sus mensajes todas las organizaciones guerrilleras del país, eso los une en una lucha y empiezan a manipular a los padres de familia.
“(su abogado) Vidulfo Rosales evidentemente los está llevando a una línea de confrontación, con unos intereses oscuros, poco claros, perversos, para enfrentar y humillar al Ejército”, dice sin Ortega sin pestañear.
Prueba de esta confrontación fue el enfrentamiento que tuvieron los padres de los normalistas el 12 de enero afuera de las instalaciones del 27 Batallón destacado en Iguala.
“Eso de quemar un vehículo, tomar un tráiler de cerveza, de aventar botellas, palos, diciendo que no iba a provocar sino que solamente quería abrir una línea de investigación hacia el Ejército.
“Ese señor Vidulfo Rosales evidentemente les está mintiendo, porque las líneas de investigación no se abren a pedradas afuera de los cuarteles, se abren en la averiguación previa donde los padres son coadyuvantes y con esa personalidad pueden promover pruebas al ministerio público, participar en los interrogatorios, en las inspecciones ministeriales, pueden dar su opinión en las periciales. Ahí es donde se puede o no abrir la línea de investigación”, indica Ortega.
Cuáles sí y cuáles no
El autor de los libros “El Secuestro en México” y “México. ¿Rumbo al Estado fallido?” -publicados en 2008 y 2010 por editorial Planeta- considera que la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que los padres entren a los cuarteles, debe matizarse.
“Iguala no es México. Es una parte importante del estado de Guerrero, pero es una parte muy pequeña. Si se hace de acuerdo a la ley, si se justifica ante la autoridad que está investigando, va a ayudar evidentemente a destensar. Pero si se pretende llegar a los cuarteles en una actitud de provocación como lo hicieron hace unos días, lo único que va a hacer es tensionar la situación que se vive en Guerrero y en el país”, detalla Ortega.
