La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero que se conformó para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia, estimó en su Informe Final de Actividades que más de mil 500 personas habrían sido ejecutadas o desaparecidas por el Estado mexicano tirando sus cuerpos al mar desde aviones militares.
Estas operaciones eran conocidas entre los agentes militares como los “Vuelos a Oaxaca”, de acuerdo con ese documento que fue relanzado este 2 de junio de 2022 por la organización Artículo 19, debido a que su versión original, presentada desde el 15 de octubre de 2014, nunca fue difundida ampliamente por las autoridades locales.
En el apartado titulado “Vuelos al Mar“, la Comisión detalla la práctica.
“Existen diversos testimonios sobre la realización de vuelos para tirar al mar los cuerpos de personas ejecutadas previamente en la base militar de Pie de la Cuesta, Acapulco, lo que corrobora tanto el carácter masivo de la represión como su carácter sistemático”.
La Guerra Sucia en México (1964-1987) fue la época caracterizada por el uso de la fuerza del Estado para disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el gobierno. El número de presuntos muertos y/o desaparecidos oscila entre 300 y mil 500
Uno de estos testimonios es el de Gustavo Tarín, cuya declaración se encuentra en el expediente militar de Acosta Chaparro y otros (SC/34/2000/ IV/1E-BIS) y quien formó parte del grupo de información de inteligencia de la Policía Militar, dirigido por el general Quirós Hermosillo e integrado por 100 elementos de la Policía Militar y 40 civiles.
Tarín participó en la aprehensión de integrantes de diversos grupos guerrilleros, incluyendo al Movimiento de Acción Revolucionaria, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Liga Comunista 23 de Septiembre, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, del Partido de los Pobres; y también de militantes del Partido Comunista Mexicano.
El Informe expone cómo se ejecutaba a los detenidos.
“Tarín señaló que entre 1974-75 y 1981 detuvieron a casi mil 500 personas, a las que sometían a investigación e interrogatorios en los separos de las oficinas de Policía y Tránsito de la ciudad de Acapulco. (…) Si los detenidos no aceptaban la amnistía, se les llevaba a la Base Militar Pie de la Cuesta, en donde atados y vendados, eran conducidos uno a uno hasta el banquito de hierro conocido como ‘el banquito de los acusados’”.
Una vez que la persona estaba sentada, continúa el Informe, los agentes la ejecutaban disparándole en la nuca con una pistola calibre 380 que tenía adaptado un ‘moflecito’ (silenciador).
Tras la ejecución, venían los “Vuelos a Oaxaca”.”Realizado este procedimiento, generalmente con 14 o 16 personas, colocaban sus cadáveres en costales de yute, les ponían unas piedras y los cosían, para después transportarlos en carretilla hasta el avión Arava del Ejército mexicano (…), en el que se les conducía a un lugar conocido como ‘la Costa de Oaxaca’, por lo que entre ellos la operación era conocida como ‘vuelos a Oaxaca’.
“En ocasiones, el avión Arava hacía tres o cuatro vuelos en una sola noche, aproximadamente de las 10:00 p.m. a las cuatro o cinco de la madrugada, para llevar los cadáveres hasta la costa de Oaxaca. Así fueron ejecutadas o desaparecidas más de mil 500 personas”, agrega el informe.
Estaban vivos
El Informe también rescata la declaración de Margarito Monroy Candia, encontrada en el expediente militar SC/34/2000/IV/1E-BIS y quien dijo ser mecánico de aviones y haber estado en Guerrero entre 1958 y 1959, y entre julio de 1974 y 1975.
El avión con el que desempeñaron los “Vuelos de Oaxaca” era el Arava matrícula 2004, después matrícula 2005 de la Fuerza Aérea.
“Monroy Candia indicó que el trabajo que le asignaron era transportar guerrilleros que detenían y que mataba el personal al mando del general Quirós Hermosillo, para ser tirados al mar; él se inconformó con el capitán David (González Gómez), quien le dijo que ‘no la hiciera de pedo’ y le ordenó quitar la puerta lateral derecha del avión, la de emergencia”, señala el documento.
“En algunas ocasiones las personas supuestamente muertas todavía iban vivas, agonizantes, y las tiraban”
La declaración de Monroy Candia evidencia el carácter generalizado que habría alcanzado la represión estatal en aquellos años.
“Monroy Candia dijo que las personas que transportó eran de todas partes, también había de buena situación económica: ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo. A las mujeres les ofrecían que si tenían sexo, al llegar a Guerrero las dejarían en libertad o, en su caso, a los esposos. En algunas ocasiones aceptaron pero, que él viera, nunca las liberaron. Indicó que después alguien comentó que los cuerpos metidos en costales de ixtle con piedras que tiraban al mar aparecían en las costas de Oaxaca”.
Y revela un detalle escalofriante sobre los “Vuelos a Oaxaca”.
“Lo que dice el informe es: Se le gravó que en algunas ocasiones las personas supuestamente muertas todavía iban vivas, agonizantes, y las tiraban sin que fuera en un lugar exacto, para lo cual el avión bajaba casi a nivel del mar (…). Durante su comisión fueron trasladados de 120 a 150 cadáveres, pero habría que revisar la bitácora, pues podían ser cinco, seis, siete, máximo ocho personas en cada ocasión”.
Justicia prometida a víctimas de Guerra Sucia
El 2 de junio de 2022, el Gobierno de México aseguró que los hechos de la Guerra Sucia no quedarán impunes.
El 2 de junio de 2022, el Gobierno de México aseguró que los hechos de la Guerra Sucia no quedarán impunes
“Al participar en la presentación del informe final de actividades de la Comisión de la Verdad en el estado de Guerrero, el subsecretario de Derechos Humanos (…), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que se cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer los hechos, que haya verdad, justicia y no repetición en el caso de la llamada Guerra Sucia”.
En el Informe se advierte que la represión en Guerrero durante la Guerra Sucia fue generalizada o masiva porque tanto la detención arbitraria y la tortura, como la desaparición forzada de personas, se emprendieron contra un amplio sector de la población, tanto en el área rural como en la urbana.
“Ser dirigente social, disidente, miembro de algún movimiento opositor de izquierda o comunista; simpatizar o presuntamente simpatizar con los grupos guerrilleros; ser familiar o llevar el apellido de algún guerrillero, o la simple existencia de la sospecha de que alguien perteneciera a la guerrilla, se consideraba una amenaza para el Estado”, agrega el informe.
