La evaluación al gabinete del Gobierno del Distrito Federal (GDF) no solo tiene en jaque a los 21 secretarios, también a algunos de los 63 funcionarios que están al frente de los órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares.
Algunos integrantes del llamado “gabinete ampliado” también se encuentran en el ojo del huracán en esta evaluación a partir de la cual, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, les solicitó la renuncia para reconsiderar su permanencia; el plazo vence hoy.
La estructura ampliada del gabinete la conforman institutos, agencias, cajas, fideicomisos, fondos, proyectos y hasta procuradurías que manejan cantidades importantes del presupuesto y que tienen que ver con la aceptación o rechazo directo de la ciudadanía.
Algunos aunque no forman parte del gabinete legal son parte neurálgica de la funcionalidad de la capital, tales como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; el Sistema de Transporte Colectivo Metro; Metrobús, Heroico Cuerpo de Bomberos y el Fideicomiso Central de Abasto para la Ciudad de México.
Parte importante de los órganos descentralizados son los polémicos institutos: el de Vivienda (INVI) y el de Verificación Administrativa (INVEA), cuyos titulares han sido acusados reiteradamente de corrupción y hasta nepotismo.
Denuncian… y nada pasa
Hace dos años, constructores y organizaciones gestoras de vivienda, confiados en que Miguel Ángel Mancera haría algo, acusaron Raymundo Collins, titular del INVI, de realizar prácticas de corrupción a partir de que les exigía un porcentaje a cambio de entregarles proyectos para la construcción de vivienda.
A la denuncia de los constructores de vivienda popular se sumaron las acusaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que a través de una resolución enlistó maltrato, violación a los derechos humanos y desalojos forzosos.
Pese a la denuncia y detalles de las irregularidades que proporcionaron los constructores y la CDHDF, Collins continuó en el cargo.
Otro de los personajes que forma parte de la estructura ampliada del GDF a través del Instituto de Verificación Administrativa es Meyer Klip Gervitz, quien acumula quejas y denuncias por parte de los empresarios que reprochan la discrecionalidad con la que se practican las verificaciones administrativas.
Reprobados en historia
En días pasados que los medios de comunicación han insistido al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, adelante algunos de los cambio, el mandatario capitalino soltó que entre los evaluados se encuentra el Fideicomiso Centro Histórico y la Autoridad del Centro Histórico.
Ambos forman parte del llamado gabinete ampliado.
En el caso de la Autoridad del Centro Histórico, cuya titular es Alejandra Moreno Toscano, se trata de un órgano creado en el año 2007 por Marcelo Ebrard con la idea de apoyar al entonces jefe de Gobierno en los actos programados con motivo de los festejos del Bicentenario.
Luego, se mantuvo en apoyo y rescate de los inmuebles históricos que se ubican en este perímetro del Distrito Federal.
Sin embargo, cuando Mancera ya era el jefe de Gobierno, estos órganos protagonizaron el escándalo que provocó daños considerados irreversibles en la mitad de la superficie del monumento ecuestre de Carlos IV de España, conocido como “El Caballito”.
Casi al finalizar el 2013, funcionarios de la Autoridad del Centro Histórico ordenaron realizar las labores de limpieza y mantenimiento de la escultura monumental del arquitecto Manuel Tolsá, presuntamente sin autorización ni conocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los daños ocasionador por el uso excesivo de ácido nítrico los asumió Arturo Javier Marina Othón, que por supuestas órdenes de la Autoridad del Centro Histórico violó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Desde aquella fecha, desde su cuenta de Twitter, Mancera escribió que actuaría con firmeza contra los que resultaran responsables de los daños a la escultura “El Caballito”. A casi dos años de ese escándalo, tal vez llegó el momento de ajustar responsabilidades.
Además de esos integrantes también pertenecen al gabinete ampliado: la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, la Agencia de Gestión Urbana (AGU), el Instituto de Mujeres, el Instituto de la Juventud, del Deporte, el de Formación Profesional, de Formación Policial, el de Personas con Discapacidad.
Además, la Planta de Asfalto del Distrito Federal que abastece de la mezcla asfáltica para todas las obras de las vialidades en el Distrito Federal; la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT); la Procuraduría Social (Prosoc), la Red de Transportes de Pasajeros y de Transportes Eléctricos; el Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF).
En este último, Miguel Ángel Mancera nombró a uno de sus amigos cercanos, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, uno de los abogados que lo acompaña desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Por eso, hace unos días, cuando el jefe de Gobierno habló de revisar quiénes son los que han cumplido los compromisos, sobre todo con la ciudadanía, algunos de los integrantes del gabinete ampliado también fueron aludidos.
De cumplir con los tiempos fijados en las polémicas renuncias a todo el gabinete legal y parte del ampliado, en cuestión de horas Mancera Espinosa haría el anuncio de quiénes lo acompañarán en la segunda mitad de su sexenio.
La transformación del gabinete del DF ocurre en un contexto de agitación social propiciada por la fuga del capo Joaquin Guzmán Loera, “El Chapo”, por lo que el anuncio que haga Mancera corre el riesgo de diluirse sin los efectos deseados.