A menos de dos semanas de la fecha que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar amnistía a cientos de personas privadas de su libertad en cárceles federales, las expectativas podrían ser difíciles de cumplir.
El pasado 29 de julio, el mandatario anunció que firmaría un decreto para dar libertad anticipada a presos torturados; a personas recluidas por más de 10 años sin sentencia; a adultos mayores de 75 años; y de 65 con enfermedades crónicas.
Éste sería elaborado por la Secretaría de Gobernación la semana siguiente y los resultados se verían en poco tiempo. “El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre”, aseguró en su conferencia mañanera.
“Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría”, agregó.
El decreto anunciado en julio pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un antecedente: la Ley de Amnistía aprobada el 23 de abril de 2020
Sin embargo, a menos de 15 días de que se cumpla el plazo establecido, organizaciones como AsiLegal señalan que este decreto genera una expectativa difícil de cumplir.
Por ejemplo, quienes están en prisión preventiva por más de 10 años son personas acusadas por delitos graves, por lo que no son candidatas adecuadas para obtener este beneficio.
“La gente que está en un uso y abuso de la prisión preventiva durante muchos años no necesariamente es porque esté por un delito menor, sino porque está por un delito grave que no se le ha podido comprobar y que por lo tanto el proceso está tan retardado”, explica José Luis Gutiérrez Román, director general de AsiLegal.
Además, explica que también hay personas que también esperan hasta tres o cuatro años para que se les aplique el Protocolo de Estambul, el cual es el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.
“Me parece que es una muy buena medida, pero que también hay que tener mucho cuidado porque lo que está generando en muchas de las ocasiones es un descontento de la propia población, de la propia sociedad, que con estas cosas desconfían más del sistema de justicia porque no se cumple lo que se establece”, agrega.
Según las cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en México había 220 mil 393 personas privadas de su libertad hasta junio de 2021, de las que 28 mil 370 eran del fuero federal y de ese grupo, 12 mil 562 no tenía sentencia.
Ley de amnistía, el antecedente
El decreto anunciado en julio pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un antecedente: la Ley de Amnistía aprobada el 23 de abril de 2020.
Esta norma fue impulsada en el marco de la pandemia de COVID-19 también por el mandatario federal para liberar a personas que cometieron delitos no graves y evitar los contagios al interior de los centros penitenciarios.
De acuerdo con la Ley, ésta aplicará a personas que hayan cometido delitos como robo simple y sin violencia; que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y no hayan tenido interpretes o defensores en su lengua; o mujeres por delitos de aborto o contra la salud.
Un informe del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, indica que hasta el 22 de enero había mil 115 casos para dictaminar, de los que 942 eran hombres y 173 eran mujeres. Del total, 67 eran indígenas: 50 hombres y 11 mujeres.
Sin embargo, hasta el 22 de abril pasado, la Secretaría de Gobernación sólo había confirmado la liberación de cinco personas por procedencia de Amnistía, establece el documento dado a conocer en julio pasado.
Sobre por qué no se ha logrado la liberación de más presos, José Luis Gutiérrez Román menciona que una de las causas es que a las personas u organizaciones que presentan los casos se les pide toda la información socioeconómica de las poblaciones y muchas veces eso es muy complicado.
“Lo que no ha quedado claro es que esta Ley se aplica a mujeres y a personas que tienen contextos bastantes graves de abandono de vulnerabilidad, por lo tanto ni siquiera tienen una red de apoyo que les pueda ayudar para conseguir una acta de nacimiento o para conseguir un estudio socioeconómico.
“Han tardado tanto también en el contexto de aplicar la Ley de Amnistía, que muchas personas ya hasta obtuvieron su libertad porque estaban a punto de obtener un beneficio preliberacional”, agrega.
Sobre ambas propuestas, José Luis Gutiérrez dice que no necesariamente están enfocadas a despresurizar el sistema penitenciario, aunque éste sería un efecto.
“De facto eso lograrían, pero están impulsados a reconocer las vulnerabilidades y los contextos que viven ciertas personas al interior de los centros penitenciarios”, explica.
“¿Qué es lo que se tendría que hacer una vez que están en prisión y que es donde la cosa está tremenda con el tema de sus condiciones? Generar políticas públicas que contribuyan al derecho a la reinserción social”
Una medida que podría contribuir a la despresurización del sistema penitenciario es hacer uso efectivo de la Ley Nacional de Ejecución Penal y aplicar los beneficios que ésta establece como libertad anticipada, libertad condicionada y otras modalidades que se pueden dar por conducto de la libertad por política penitenciaria, menciona el director de AsiLegal.
Este problema de la sobrepoblación en los penales no es provocado por el propio sistema penitenciario, sino por el Poder Judicial porque los jueces alientan el tema de la prisión preventiva y no dan una alternativa a ésta.
