Los profes fantasma

La ingenieria financiera fue, sin duda, una de las estrategias para desviar recursos del presupuesto. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aplicó fielmente esa estrategia.

Desvió más de tres mil 149 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) para el pago de profesores que nunca pisaron un salón de clases.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2010 y 2011 de la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos 22 mil 373 maestros cobraron dos salarios sin acudir a las escuelas a las que estaban asignados.

Esos “maestros fantasma” recibieron un sueldo adicional por plazas que les otorgó el SNTE en municipios alejados uno del otro y que no son compatibles geográficamente.

En la revisión de la nómina ordinaria de la SEP, el organismo fiscalizador encontró que se destinaron más de 406 millones de pesos del mismo fondo para pagos a personal no localizado durante las visitas físicas en los centros de trabajo.

Sólo en 2011, como lo revela la ASF, las aportaciones federales del fondo educativo superaron los 293 mil millones de pesos.

En cambio, siete fondos federales apenas representaron el 40.5 por ciento de los recursos federales, lo que sitúa al FAEB como el más cuantioso que se distribuye entre los Estados.

Más aún, en 12 entidades el dinero del FAEB significó más del 80 por ciento del financiamiento total de la educación básica.

Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal reportaron no haber gastado recursos propios, sólo contaron con lo proporcionado a través del fondo federalizado.

Sin sanciones

Ya se conocían los desvios, pero no hubo sanciones ni resarcimiento de daños, advierte Claudio X González Guajardo, presidente de la Asociación Mexicanos Primero.

Esta agrupación interpuso hace más de dos semanas uso una demanda de amparo por el pago ilegal con cargo al erario de comisiones sindicales en el sector educativo.

Estimó que de acuerdo con el último registro de maestros de la Secretaría de Educación Pública, hay cerca de 22 mil 350 personas en todo el país en comisión sindical.

“La cifra puede ser todavía mayor, es un estimado de nosotros porque todavía no hay un censo oficial de maestros”, aclaró.

Denunció que este esquema avalado por las autoridades, “despilfarra” el recurso de los mexicanos para la educación: “Es incleíble que en pleno siglo XXI persistan fenómenos como el de los comisionados, aviadores y pagos desmedidos a las cupulas sindicales. Con esta demanda de amparo “queremos que no se siga distribuyendo el dinero a pagos irregulares. Buscamos que la Cámara de Diputados haga un análisis mucho más exhaustivo de cómo y en qué se gasta”.

Que la ASF y la SFP ejerzan todas sus facultades para investigar, fincar responsabilidades, sancionar a los infractores, recuperar recursos y prevenir delitos futuros.

Que la Secretaría de Hacienda, la SEP y los Estados dejen de programar y hacer pagos que rompen la normatividad, so pena de incurrir en responsabilidad.

Hay que aplicar la ley. La demanda de amparo fue presentada por Luis Pérez de Acha ante la juez segunda de distrito en materia administrativa, Ana Luisa Mendoza Vázquez en contra de: la Secretaría de Hacienda, la Auditoria Superior de la Federación, la Cámara de Diputados, Función Pública y las secretarías de educación de los 31 Estados, incluido el Distrito Federal.

La razón, explicó Pérez de Acha, es que se desviaron tres mil 149.65 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y del Ramo 25.

Fraude anual

Este fraude que cada año desenmascara la Auditoria, pero al que hace caso omiso, al igual que la SH, la Cámara baja y la Función Pública,  afecta seriamente a la educación y a los auténticos maestros.

Del monto detectado, mil 474.18 millones fueron de comisión sindical; 841.40 millones en transferencias al SNTE.

Más de 22.7 millones en comisiones para ejercer cargos de elección popular, y una cantidad similar por licencias con goce de sueldo, entre otros gastos.

A pesar de que esos recursos  se destinaron de manera ilegal y contrariando los postulados constitucionales, explicó el abogado, las autoridades no aplicaron ninguna sanción.

De hecho, es una práctica que cada año lleva a cabo el Sindicado de Nacional de Trabajadores de la Educación en detrimento del erario. La Constitución establece que la restitución de los recursos “no exime del delito”. Es decir, aunque se reponga el dinero, hay un daño y se debe aplicar la ley, juzgó Pérez de Acha.