Con sus protestas, los ciudadanos que buscan derribar al bipartidismo en el municipio de Juárez han cruzado el límite de la ley.
¿Y qué hará ante esto la administración del gobernador independiente Jaime Rodríguez?
La respuesta sigue en el aire.
Hasta el momento la autoridad estatal sólo ha sido un espectador más de la ola de protestas en esta entidad, protagonizada por simpatizantes de Américo Garza Salinas, candidato del Partido Encuentro Social (PES).
La movilización se produce luego de que la Sala Regional del Trife desconoció el triunfo a la alcaldía que la autoridad estatal ya le había otorgado a Garza Salinas, y concedió la victoria a Heriberto Treviño, candidato del PRI.
Los manifestantes han realizado bloqueos de calles y autopista, incendiaron vehículos y ayer irrumpieron en las notarías 88 y 133, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas.
Ayer los simpatizantes mantenían colocadas mantas de protestas en el Palacio municipal.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal se ha mantenido al margen de estos conflictos sociales.
La corporación encabezada por el general Cuauhtémoc Antúnez no ha intervenido para disolver estas manifestaciones, que cada día sube de tono en esa entidad municipal.
Lo que dice la ley
Pareciera que hubiera una orden del Gobierno estatal de mantenerse al margen de este conflicto.
Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene fundamentos de ley suficientes para poder actuar contra las manifestaciones violentas.
En Nuevo León el artículo 171 bis 1 dice: “comete el delito de obstrucción de la vía pública, aquellas personas que en forma violenta, mediante actos de protesta o manifestación, ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores”, dice el texto.
Esta modificación del Código Penal prevé sanciones de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas de 50 a 100 días de salario mínimo para quienes participen en protestas que obstruyan la vía pública en forma violenta.
Sin embargo, se agrava la sanción cuando los manifestantes vayan acompañados por menores de edad, pues la pena de prisión se elevará hasta ocho años.
La ley precisa que no será delito el que las personas se manifiesten ordenada y pacíficamente realizando marchas, cuando por cualquier motivo circulen por la vía pública.
¿Bomba de tiempo?El municipio de Juárez pareciera convertirse en una bomba de tiempo social.
Que podría estallar en severas manifestaciones por un sector de la población, que intentó con su voto tumbar al bipartidismo en las pasadas elecciones.
Por años, los juarenses han sido gobernados por el PAN y PRI. Actualmente la alcaldía la ocupa el panista Rodolfo Ambriz.
Y cuando pensaban los habitantes que se librarían de estos dos partidos, el Trife les negó esa oportunidad a una parte de los juarenses.
Este órgano revocó el triunfo como alcalde electo a Américo Garza Villarreal por el Partido Encuentro Social la noche del 21 de octubre.
El fallo se ha convertido en una válvula de escape de la ciudadanía de este municipio, que ha ocasionado posturas a favor y en contra de estas manifestaciones.
Hoy en día el municipio de Juárez está dividido.
Por ejemplo, en la cuenta de Facebook de Américo Garza, una usuaria identificada como Naydi Tey comentó que hay personas agresivasas en las manifestaciones.
“Américo no estamos en contra de usted, pero también tiene que ver cómo trata su gente a los automovilistas, porque nos tratan súper mal y nos dicen cosas cuando sólo vas circulando.
“Gente altanera bueno a mi me ha tocado y yo sólo opino lo que veo, tenga más cuidado con la gente que trae alrededor de usted, es mi humilde opinión. ojalá y se resuelva todo” escribió la mujer.
