Con la FEPADE sin titular, sin fiscal Nacional Anticorrupción (SNA) y sin un procurador General de la República formalmente establecido, los retos que enfrenta el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción son extremadamente complejos.
A pesar de que legalmente el SNA ya está funcionando, la falta de elementos tanto legales como de personal en los diversos pilares que lo conforman ha impedido su correcto y eficaz funcionamiento.
Todo esto se da en el marco del proceso electoral más complejo de la historia del país.
Por ese motivo, dentro de sus capacidades, las cuales pueden ser bastante limitadas ya que este órgano no está construido para investigar delitos, sino para señalarlos, darles seguimiento a las investigaciones y generar recomendaciones, el CPC buscará ayudar al Instituto Nacional Electoral fungiendo como un puente entre la institución, la sociedad civil y los órganos de gobierno responsables de vigilar y hacer cumplir la ley.
Entre las propuestas que ya se encuentran en la mesa está un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria para que ésta entregue de forma pronta y expedita información financiera al INE para la fiscalización de gastos de campaña cuando se le solicite.
“El lunes pasado el CPC firmó un acuerdo con el INE para servir de puente con las instituciones que deberían estar colaborando con el Instituto Nacional Electoral y que no siempre lo hacen de forma eficaz porque el INE tiene tiempos muy marcados para fiscalizar los gastos de campaña y las instituciones bancarias o de inteligencia financiera, que deben colaborar con ellos, no entregan a tiempo los datos solicitados”, explicó Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
La idea es que en lugar de las semanas, o incluso meses que puede llegar a tardar la entrega de dicha documentación, se comprometan a proporcionarla en un periodo de 72 horas.
En cuanto a la sociedad civil, lo que el Comité de Participación Ciudadana buscará hacer es que los ciudadanos identifiquen muy bien cuáles son los actos indebidos en las campañas relacionados con los intentos de dañar la integridad del voto, como condicionar los programas sociales o el intercambio de sufragios por recursos, y ayuden a denunciar estos delitos.
Uno de los objetivos del Comité de Participación Ciudadana es lograr que los diversos órganos de gobierno trabajen en equipo
“Si los ciudadanos no quieren ir a denunciar, por ejemplo ante la Secretaría de la Función Púbica, porque no la conocen o no sienten la confianza hacia ésta, lo que queremos lograr es que lo puedan hacer vía el Comité de Participación Ciudadana.
“De esta manera estamos dando cobijo y respaldo a algunas de las responsabilidades que le competen a las autoridades electorales para que la población se involucre en el combate a la corrupción y puedan dar a conocer esos actos que atropellan la decisión de su voto” comentó Pechard.
Otro de los principales objetivos del Comité de Participación Ciudadana es lograr que los diversos órganos de gobierno trabajen en equipo, lo cual representaría un paso muy importante en el combate a la corrupción y la impunidad, pues actualmente uno de los mayores problemas es la falta de coordinación interinstitucional, recalcó Luis Manuel Pérez de Acha, quien forma parte del “grupo de los cinco”.
Sin resultados en los estados
Anivel nacional, uno de los mayores problemas y motivos por el cual el SNA no logra afianzarse es la falta de instauración de los Comités de Participación Ciudadana en muchas de las entidades de la República Mexicana.
Los dos que más dificultades han presentado son Veracruz y Chihuahua, los cuales ni siquiera han reformado su constitución local ni emitido las leyes de los sistemas locales anticorrupción.
En teoría, todos los comités de participación debieron quedar listos el 18 de julio de este año, sin embargo, cinco meses después de la fecha establecida todavía falta mucho por hacer.
De acuerdo con la presidenta del Comité Coordinador del SNA, parte de los retrasos se deben a las dificultades que se han presentado para realizar los nombramientos de quienes integrarán dichos organismos.
Para hacer frente a la problemática de incumplimiento por parte de los estados, el CNC presentó dos demandas de amparo para obligar a todas las entidades federativas a cumplir con la implementación del SNA
“La sociedad se ha negado a utilizar los mecanismos tradicionales para elegir a los representantes y han pedido que se lleven a cabo procesos abiertos, democráticos y transparentes”, señala Jacqueline Peschard, quien además de los dos estados mencionados indicó que hay por lo menos otros ocho que sólo simularon cumplir con las reformas locales que debían realizar.
Para hacer frente a la problemática de incumplimiento por parte de los estados, el Comité de Participación Ciudadana presentó dos demandas de amparo para obligar a todas las entidades federativas a cumplir con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, acto legal que aún permanece pendiente.
Por su parte, José Octavio López Presa, consejero fundador de Causa en Común e integrante del CPC, dijo que recientemente han surgido nuevos problemas con los Comités de Participación Ciudadana que se han logrado establecer en algunos estados del país, ya que muchos han sido secuestrados por los gobiernos locales mediante métodos de cohesión (que se negó a describir) arrebatándoles su independencia para denunciar y combatir los actos de corrupción.
También se negó a dar a conocer en qué estados ha sucedido este fenómeno. No obstante advirtió que los retrasos en la implementación del SNA y en los nombramientos de los funcionarios que integran sus diversos órganos, como los magistrados, podrían provocar que muchos de los casos de corrupción que actualmente se investigan queden sin sancionarse debido a que las mismas no habrían sido aplicadas por los magistrados indicados.
“La sociedad se ha negado a utilizar los mecanismos tradicionales para elegir a los representantes y han pedido que se lleven a cabo procesos abiertos, democráticos y transparentes”
Odebrecht, caso emblemático
En relación a los supuestos actos de corrupción cometidos en el caso Odebrecht, donde se acusa al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos por parte de la empresa brasileña para financiar parte de la campaña de Enrique Peña Nieto cuando contendió por la presidencia de la República en 2012, el Comité de Participación Ciudadana dijo que ya solicitó información sobre los avances de la investigación.
Al respecto, Jacqueline Peschard explicó que ella personalmente envió una carta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, para que se le diera a conocer el informe sobre el caso que Raúl Cervantes, extitular de la PGR, dijo ya se encontraba prácticamente terminado cuando dio a conocer su renuncia.
Ante la solicitud de información, Elías Beltrán se negó a dar a conocer los avances que su exjefe presumió, adjudicando que las investigaciones aún permanecen en curso.
A pesar de la negativa, el CPC señaló que es necesario tomar acciones para evitar que casos de corrupción como el anterior se vuelvan a cometer.
Entre las propuestas para llevar esto a cabo, se mencionó reformar la ley de adquisiciones y obra pública entre funcionarios públicos y particulares, además de fincar las responsabilidades correspondientes a los funcionarios encargados de tomar decisiones de alto nivel.
