Los secretos de ‘La Tapatía’

Las autoridades federales y estatales preveían que la tuneladora de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara que llaman “La Tapatía” entrara en operación en noviembre pasado, pero eso concretará hasta estos días, siete meses después, en un retraso con alto impacto económico, según lo ha advertido el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco.  

En el documento 14-0-09100-04-0402 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a esa obra cuyo costo pasó ya de 17 mil millones de pesos (MDP) a 20 mil MDP, publicado en febrero, se detalla la serie de deficiencias que se han dado alrededor de “La Tapatía.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó cambios de último momento en el tamaño de la tuneladora que excavará el Centro Histórico, frente a la Catedral, sin prever las modificaciones que ello implicaba.

“En la revisión de la documentación de la licitación (…) para la construcción del túnel, se observó que la entidad fiscalizada autorizó una variación en los trabajos convocados originalmente;  cambió el diámetro nominal de la tuneladora de 10.56 m a uno de entre 10.30 y 11.60 m sin las justificaciones correspondientes.

“Omitió indicar cómo se regularizarían las consecuencias que este cambio ocasionaría, por ejemplo, cambios en el proyecto ejecutivo debidamente autorizado, cambios en los volúmenes de proyecto, los criterios que se aplicarán para el pago de los volúmenes de obra, entre otras”, detalla la ASF.

Aunque la SCT aseguró que sí hubo un dictamen justificativo de la variación, la ASF lo clasificó como una “irregularidad”.  

El túnel está dividido en dos contratos: el de su construcción por 4 mil 14.9 MDP, por Consorcio Túnel Guadalajara (SACYR, Grupo Promotor de Desarrollo de Infraestructura, Mota Engil y RAL); y su supervisión por Lumbreras y Túneles, por 231.7 MDP.

Con respecto a la constructora, la ASF detectó que del equipo técnico de 22 personas que presumió tener, repentinamente sustituyó a siete sin el control de SCT, y con personal sin el perfil exigido.

En el puesto de coordinador de máquina que necesita un ingeniero electromecánico, colocó a un ingeniero civil; y en el de técnico en cuantificación y presupuesto, que requiere un ingeniero civil, arquitecto o afín, puso a un ingeniero agrónomo.

“Denota que la contratista no incluyó información verídica ya que no contaba con el personal que propuso en la licitación y con el cual ganó”, y una “falta de supervisión, vigilancia y control” de SCT, que mereció un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS).

También sin que se percatara la SCT, “se detectó que la contratista subcontrató trabajos no autorizados en las bases de licitación para la construcción de pilotes y micropilotes con una empresa que tampoco estaba autorizada”, eso generó otro PRAS.

Mala planeación

La ASF indica que desde que la constructora del túnel presentó su propuesta en la licitación, hizo una planeación deficiente de la obra pues omitió etapas constructivas y el tiempo que implicaban.

“Se constató que el licitante ganador efectuó una mala planeación al no considerar el tiempo para la construcción e instalación de la planta para la fabricación de dovelas que conformarán los anillos del túnel”.

La ASF señala que a pesar de esa falla de la constructora, la SCT le otorgó los tres puntos correspondientes a ese rubro de la licitación, y así obtuvo calificación total de 92.77 con la que ganó.

“La licitante que quedó en el segundo lugar obtuvo 92.18 puntos y con una propuesta económica más baja. Lo anterior denota falta de transparencia e incumplimiento del objetivo del mecanismo de evaluación de puntos y porcentajes en el proceso licitatorio”.  

Ese segundo lugar era el consorcio de Ingenieros Civiles Asociados, ICAPRIN, Construcciones y Trituraciones y Rodio; ofrecía 3 mil 753 MDP, un 6.5 por ciento más barato.   

En el rezago del túnel no solo ha tenido parte la autoridad y la constructora, también la firma supervisora, que incluso tuvo que devolver dos pagos (816 mil 200 pesos y 136 mil 700 pesos) por omisiones.  

La supervisora tenía que revisar el contrato y toda la documentación legal, técnica y económica de la propuesta que presentó la constructora, para luego dar su conclusión, pero la ASF no halló evidencia de que lo hiciera.

¿Sólo accidentes?

En los tramos de obra de la Línea 3 donde la ASF descubrió a personal asignado sin el perfil técnico exigido, se han dado accidentes, mortales incluso.

El más grave sucedió en el Viaducto 2, en Tlaquepaque, entre Plaza de la Bandera y la Central Camionera, con la obra a cargo de Proyectos Viales por mil 743.8 MDP, y la supervisión de Cal y Mayor y Asociados, por 100.9 MDP.

Ahí el 21 de mayo de 2015 murió un trabajador por la carga de varillas que dejó caer una grúa, su operario había levantado un peso mayor al correcto y la venció; el 19 de abril de 2016 pasó otra vez, una grúa se venció por un peso inadecuado, el Sistema del Tren Eléctrico (Siteur) se apresuró a hablar de “una presunta falla mecánica”, el trabajador herido salvó la vida.

Lo cierto es que esa constructora “sustituyó todo el personal profesional técnico responsable de la dirección, administración y ejecución de las obras presentado en su propuesta técnica, sin justificar y sustentar dicho reemplazo”, dice la ASF.

“El responsable técnico de estructuras de estación presentó una cédula profesional apócrifa”, y tras ”revisar los currículums se constató que el nuevo personal no cuenta con la experiencia y las características técnicas en obras de magnitudes similares, lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control de SCT”.

Hizo además subcontrataciones anómalas: “la contratista subcontrató a 17 empresas no autorizadas con objeto de que realizaran trabajos que tampoco estaban autorizados para subcontratarse”.

La supervisora respectiva también ha caído en omisiones por las que tuvo que devolver 156 mil 800 pesos.

En el Viaducto 1 pasa algo similar, la obra es de Consorcio GDL Viaducto, por 2 mil 646.4 MDP, y la supervisión de DIRAC, por 142 MDP.

Ahí el 14 de abril de 2015 una estructura colapsó lesionando a dos trabajadores.

Esa constructora sustituyó a 18 de los 25 empleados que dijo tener. La firma supervisora retornó 93 mil 500 pesos también por omisiones.