Los separos de la muerte

El caso de Héctor Franco Martínez, joven al que le sacaron los ojos en plenos separos, no es la única historia de terror que esconden las celdas de la comisaría de policía de Puerto Vallarta. 

El edificio que fuera un mercado municipal, ubicado en el poblado Las Juntas, lejos del lujo de la zona turística de Puerto Vallarta, tiene una historia más en la que murió un detenido. 

Carlos Rodríguez Arias, de 40 años, fue ingresado por faltas administrativas y falleció  luego de no recibir asistencia adecuada de un golpe que tenía en la cabeza. 

Lo anterior motivó que el 18 de febrero de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitiera la recomendación 3/2013  al alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez. 

En ella, el organismo defensor de derechos humanos pidió sean sancionados los elementos que cuidaron las celdas, así como la médico de guardia. 

Con este, se tendrían dos casos documentados de las terribles condiciones de las celdas y el trato inhumano que se da a los detenidos en los separos del principal destino turístico de Jalisco. 

Así como de la falta de protocolos de actuación en caso de personas bajo el influjo de alcohol y/o drogas, pues en el caso de Franco Martínez se supo que su presunto agresor (José Francisco Aguilar) estaba bajo el influjo de un estupefaciente. 

También hubo información de que Franco Martínez, antes de su ingreso a los separos, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que debió haber motivado la aplicación de un protocolo que, dada la reciente recomendación de la CEDHJ, debería estarse considerando. 

Según se lee en las recomendaciones cuarta y quinta referidas en al recomendación 3/2013 de la CEDHJ: 

“Gire instrucciones a quien resulte competente de la administración a su cargo para que se realice un protocolo de atención a personas en estado de inconsciencia o semiinconsciencia provocada por agentes químicos a efecto de evitar que aumenten el riesgo de afectación a su salud por la falta de atención médica oportuna.

 “Gire instrucciones por escrito a quienes integran el cuerpo operativo y los jueces municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana para que, en casos donde esté debidamente probado que los presuntos infractores se encuentren bajo el influjo del alcohol o de alguna sustancia psicotrópica que no les permita comprender la dimensión de los actos que se les imputan, los jueces municipales levanten constancias de ello y dicten las instrucciones pertinentes a efecto de salvaguardar su integridad física y seguridad personal; una vez que éstos recuperen el control de sus sentidos, los sometan al procedimiento administrativo correspondiente”.

Policía sin protocolos

La muerte de Carlos Rodríguez Arias (detenido en estado de ebriedad por alterar el orden) ocurrió en los separos de Puerto Vallarta el 5 de julio de 2011. 

Desde aquel entonces existen registros en las actas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta de las quejas de trabajadores de la Secretaría de Seguridad del municipio, por las carencias de las instalaciones de la comisaría. 

A la fecha, se renovó la administración del puerto, pero los cambios para la Policía de Vallarta no han llegado: el destino turístico tiene un severo déficit de elementos policiacos y patrullas. 

En la recomendación de la CEDHJ se describen los contenidos de los videos de las celdas, de las 13 horas que pasó el detenido sin atención médica, y donde se muestra la clara negligencia y desatención de los elementos policiacos. Algunos de los párrafos de la descripción completa detallada en la recomendación 3/2013: 

“Entra un policía a la celda, se observa que jala del brazo al detenido que está inconsciente, en ese mismo momento un detenido lo jala de la otra extremidad superior, mientras que sus extremidades inferiores son arrastradas.

“El policía tiene problemas para abrir la puerta de la celda debido a que el (agraviado) obstruye la entrada, entonces el policía empuja la reja sin importar que al hacerlo se recorra el cuerpo del (agraviado).

“Se acerca el policía y le dice a uno de los presos que se encuentran junto con el (agraviado), que recoja las bolsas del agua; el preso le dice algo al policía sobre la persona que está sobre el suelo, incluso como que le muestra que está hecho del baño, el policía no toma importancia al parecer.

“Entra la médica a la celda y le revisa el pulso al (agraviado), hace un movimiento con la cabeza como diciendo ‘NO’, lo mira y le vuelve a tomar el pulso”.

Luego de haberse registrado dicho suceso que derivó en una recomendación apenas emitida en febrero del año pasado, se esperaría que la autoridad vallartense tenga un protocolo establecido y siga las recomendaciones. 

Pero en el mismo año en que recibió la recomendación por tratar de forma negligente a un detenido que requería atención médica, actuó una vez más de la misma forma al permitir que un joven fuera cegado por otro detenido con el que compartía celda, sin que ningún custodio o policía viera o escuchara nada y sin que las cámaras funcionaran. 

Es un antecedente que debería servir a la autoridad para revisar las instalaciones de la comisaría, asegurarse de una adecuada vigilancia de los detenidos y sancionar a los malos elementos.

Pero este caso también es argumentación para otras víctimas de actos violentos en dichas celdas (como Héctor Franco), que si deciden proceder legalmente, bien podrían significar una fuerte erogación para las arcas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.