Los turistas mexicanos que murieron en Egipto en un ataque militar en septiembre de 2015, en su mayoría jaliscienses, fueron confundidos con un grupo terrorista que está vinculado con Al Qaeda, de nombre Ansar Beit al Maqdis, según la investigación sobre los hechos que realizó la Fiscalía General Militar de ese país.
A casi seis años de ese suceso que indignó a México y particularmente a los habitantes de Jalisco, Reporte Índigo obtuvo una versión pública de los resultados de la indagatoria que realizó al respecto el Gobierno egipcio, mediante una solicitud de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (folio 0000500015121).
El caso de las posibles sanciones a los militares que confundieron a los turistas jaliscienses con terroristas fue descartado y archivado
De acuerdo con los testimonios que se recabaron en el caso, aquel 13 de septiembre de 2015 en que se dio el ataque, tanto la Policía Civil como el Ejército de Egipto se encontraban en la búsqueda de una célula del grupo Ansar Beit al Maqdis, luego de que cometiera el secuestro de una persona “en la zona desértica del Oasis Occidental”, durante la madrugada del 12 de septiembre de ese año.
Con base en el interrogatorio que se realizó al mayor de la Policía Civil, Ahmed Mohamed Mamdouh, se registró lo siguiente:
“Declaró que sus investigaciones confidenciales concluyeron en que elementos de Ansar Beit al Maqdis tomaron refugio en una guarida en la zona desértica del Oasis Occidental dentro del desierto para alojarse, almacenar armas, municiones, explosivos y como punto de partida para lanzar sus operaciones hostiles contra oficiales de las Fuerzas Armadas, policías, jueces, así como contra sus sedes, instalaciones vitales a fin de derrocar al Estado y quebrantar la seguridad y estabilidad”.
Durante el secuestro, señaló: “Los habitantes del pueblo (…) intentaron enfrentarlos, lo cual causó la muerte de uno de los vecinos del secuestrado en mención, además de otras personas que resultaron heridas”; en otro apartado del expediente se señala que los terroristas “conducían tres vehículos todoterreno y un auto Land Cruiser”, el mismo número de unidades que conformaba el convoy de turistas.
Tras matar a la víctima secuestrada, el mayor señala que se “enviaron las Fuerzas de Seguridad para perseguir a los elementos siguiendo las rutas de escape.
En cuanto se acercaran a la guarida antes señalada, fueron sorprendidos con varios disparos de distintas armas, lo que llevó a responder a ellos de la misma forma, con saldo de dos policías muertos, además de la destrucción de varios vehículos y armas. Los terroristas lograron escapar y durante la persecución se descubrió un almacén de sustancias explosivas de dichos elementos”.
Llega el Ejército al caso de los turistas jaliscienses
En ese momento se decidió que interviniera también el Ejército: “Dada la peligrosidad de dichos elementos, se formó una fuerza militar conjunta de la policía y las fuerzas militares (fuerzas aéreas) para detenerlos. Al conseguir las coordenadas geográficas, las fuerzas aéreas lograron localizar los dos almacenes de explosivos y de hecho dispararon contra el primero sin hacerle el daño requerido (…), pero no pudieron ubicar a los elementos”.
Así se daría la confusión: “Por eso peinaron la zona desértica donde se encontraron con cuatro vehículos todoterreno, parecidos a los que usan los elementos terroristas, cerca del escenario de las operaciones y coincidiendo con la persecución de los terroristas.
Las fuerzas aéreas atacaron a los cuatro vehículos todoterreno, pensando que eran los elementos terroristas, pero después resultó que pertenecían a un grupo de turistas
El mayor cuestionó a la agencia de viajes Windows of Egypt, pues: “Añadió que el grupo alteró la ruta para hacer un campamento turístico y para comer, haciendo el camino más corto siguiendo una ruta dentro del desierto, en el entendido de que su ingreso a las zonas desérticas no había sido autorizado (…) llegando al lugar del incidente que no estaba incluido en los programas de safari y usaron vehículos todoterreno en lugar del autobús turístico”.
Por su parte, el piloto brigadier, Mohamed Abdel Wahab Abdel Latif Abdel Kawy, jefe adjunto de la Unidad de Operaciones Aéreas, señaló que aquel 13 de septiembre: “Autorizaron un ataque de dos helicópteros apache contra los objetivos: un almacén de municiones y unos vehículos todoterreno ubicados en el lugar informado”. Y aunque previamente enviaron una aeronave de vigilancia, señaló que “el helicóptero de vigilancia no puede determinar la identidad de las personas que están dentro de los vehículos“.
La absolución
En los documentos que entregó la SRE no hay evidencia de ninguna sanción que haya impuesto el Gobierno egipcio por el ataque a los turistas mexicanos, esto a pesar de que la Consultoría Jurídica (CJ) entregó la “versión pública de los oficios que obran en los archivos de la CJ, relacionados con el incidente ocurrido el 13 de septiembre de 2015 en Egipto”.
Por ejemplo, la Fiscalía General Militar resolvió que los militares no habían incurrido en ningún delito, pues su Ley de Sanciones (Artículo 63) “establece que no se considera un crimen cometido por un empleado público en los casos siguientes: Primero: si actuó en cumplimiento con una orden emitida por su superior (…). Segundo: Si actuó de buena fe y en cumplimiento de las leyes o de acuerdo con lo que él consideró de su competencia“.
Por lo tanto, determinó “descartar las sospechas del delito mencionadas en los documentos relativos a las acusaciones supuestas a los encargados de realizar el ataque aéreo, registrar el caso en las quejas administrativas, y archivarlo”.
Por su parte, la Corte de Delitos Menores de Bahariya, en Egipto, terminó absolviendo a los ciudadanos egipcios siguientes: el director de la agencia de viajes Windows of Egypt y el chofer de la agencia Sahara Egypt, según su sentencia del 6 de junio de 2017.
“El Tribunal ha dictaminado en presencia del representante del primer acusado y en ausencia del segundo: la inocencia de ambos acusados, la transmisión de la demanda civil al Tribunal Civil ad hoc y queda pendiente la decisión relativa a los gastos judiciales”.
