El 4 de agosto del 2021, el Gobierno de México presentó una demanda ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, en contra de 11 productores y distribuidores de armas, a los que acusa de comercio negligente e ilícito, pues su armamento llega a los grupos criminales de México.
A pesar de que las fabricantes, distribuidores y vendedores de armas pidieron que el recurso legal se desechara, la Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio luego de que 14 procuradores estatales y 27 fiscales de distrito apoyaron la demanda mexicana.
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— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 24, 2022
Para México es importante posicionar el tráfico de armas en la agenda bilateral con Estados Unidos a través del Entendimiento Bicentenario
Fiscales y procuradores argumentaron que los fabricantes de armas son responsables del aumento de la violencia en Estados Unidos y que el tráfico de armamento por parte de las empresas demandadas le ha permitido a los cárteles mexicanos ser los principales distribuidores de opioides en ese país.
“Cerca de la mitad de las tiendas de armas en Estados Unidos dependen meramente de la venta ilegal a México. Las empresas demandadas fabrican conscientemente armas de guerra con la intención de ser traficadas”, dijeron.
El doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, especialista en seguridad nacional y miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE), ve con buenos ojos que el gobierno mexicano haya dado pasos estratégicos para posicionar el tráfico de armas en la agenda bilateral con Estados Unidos a través del Entendimiento Bicentenario.
Aunque, aclara, todavía falta mucho que regular y trabajo por hacer internamente.
“Hay una tendencia en México de que cada vez se impulsan menos los programas de canje de armas que realiza Sedena. También cada vez crece más el mercado ilegal de venta de armas, el cual es más accesible y viable. Ya hay varios canales de Telegram en los cuales ocurren dichas transacciones y las personas pueden acceder a este armamento en completo anonimato.
“Habría mucho que reflexionar sobre cómo producir una política nacional de mejora para contrarrestar la compra-venta de armas y traer después, como consecuencia, una política para contener la movilidad de armas que es tan fácil”
Uno de los factores que las autoridades deben de tomar en cuenta, dice Juan Manuel, es mejorar la seguridad pública.
“Si no mejora la seguridad pública en México va a seguir siendo una alternativa para las personas armarse para enfrentar dinámicas violentas como en Aguililla, Michoacán, que hay más de 30 mil armas y 15 mil habitantes, esto se entiende por el conflicto que tienen con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Para contener la violencia se necesita más política social”, agrega.
Juan Manuel ve complicado que exista una política pública federal que involucre a los dos países, ya que la división de poderes en Estados Unidos dota de mayor autonomía a los estados que en México, por lo que cree poco probable que se pueda llegar a un acuerdo efectivo entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden para frenar de tajo el tráfico de armas.
“Lo que sí podría haber es negociación y acuerdos a nivel subnacional. Se podría comenzar con los estados de la franja fronteriza, e incluso involucrar a los gobernadores de los dos países para tener una política de control de armas más abierta.
Fiscales y procuradores norteamericanos aseguran que los fabricantes de armas son responsables del aumento de la violencia en su país
“Si bien el discurso mediático para regular las armas ha sido muy bueno, todavía falta aterrizar las formas de cooperación y enfrentar las diferentes adversidades que se pueden generar por la forma en la que está constituido el gobierno de Estados Unidos. El otro de los problemas es que las agendas de los gobiernos son tan aceleradas que los temas se pierden”, concluye.
