Maestra… en bienes raíces

Una imponente vista panorámica de la Ciudad de México se observa desde el piso 10 de la tercera torre de condominios del lujoso complejo de Reforma 222.

Las montañas y la avenida Reforma en pleno se pueden disfrutar, mientras se trota en la pista privada de jogging con pasto artificial, desde la terraza que bordea la azotea del complejo. 

Los habitantes ingresan a sus departamentos con llaves electrónicas después de hacer uso de su SPA y cine privados, su cancha de paddel tenis, su centro de negocios o su salón  de fiestas. 

De los 110 departamentos que alberga esta tercera torre del condominio que tiene acceso directo al Centro Comercial Reforma 222, 11 pertenecen a una compañía que maneja desde hace dos décadas la familia de la exlideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo. 

Los departamentos ocupan por entero el piso 10 de la Torre 3 del condominio, más dos cajones de estacionamiento cada uno. 

La compañía que los compró, Comercializadora GC, pagó por ellos 25.7 millones de pesos de contado en diciembre de 2010, al mismo tiempo que transfirió su administración a un fideicomiso del Banco Interacciones.

Las conexiones con “la maestra” no son pocas. 

La empresa GC es la dueña del avión en que viajaba Elba Esther Gordillo cuando fue detenida en el aeropuerto del Toluca, su dirección fiscal es una oficina que pertenece a los Gordillo y su representante legal es el mismo que ha administrado las propiedades de la familia desde hace tres lustros. 

La propiedad de los inmuebles fue revelada gracias a un juicio mercantil que ha llevado un abogado capitalino desde el año pasado contra la empresa.

El juicio ha buscado el cobro de tres pagarés que GC otorgó a uno de los hombres más cercanos a Gordillo, Francisco Yáñez Herrera, mientras este fungía como director de la Lotería Nacional, cargo que la exlideresa ganó en una negociación con Felipe Calderón luego de las elecciones de 2006.

Estos departamentos no han sido embargados luego de la detención de Gordillo en febrero del año pasado. 

Actualmente están rentados y siguen perteneciendo a la compañía.

Once viviendas bien rentadas

El décimo piso de la tercera torre de Reforma 222 consta de mil 133 metros cuadrados de construcción, divididos en 11 departamentos con planta baja y planta alta, todos con acabados de lujo y vista a la ciudad. 

Actualmente se rentan en precios que oscilan entre los 26 mil y los 38 mil pesos mensuales. 

Pagan 5 mil pesos mensuales de mantenimiento del condominio que incluye las áreas comunes, el circuito de cámaras de seguridad y los guardias de acceso.

El lunes 13 de diciembre de 2010 el diario El Universal publicó un artículo firmado por Gordillo. 

Escribió que la desnutrición y la falta de acceso a la salud mermaban a los estudiantes y “si en verdad queremos elevar la calidad de la educación, es preciso mejorar (…) la calidad de vida de los educandos”.

Ese mismo día la Comercializadora GC firmó las escrituras para la adquisición de estos 11 departamentos con la empresa Reforma Residencial 222 ante la notaria 27 de la capital, Mildred Novelo Rivas.

Los departamentos se compraron con “certificados de libertad de gravámen” y no mediante ninguna hipoteca que generara intereses, explicó en entrevista el abogado Carlos Odriozola, quien descubrió la propiedad de los inmuebles.

“No aparece registrado ningún tipo de contrato de crédito, de tal suerte que se infiere que fueron adquiridos de contado”, dice Odriozola.

Los departamentos cuentan con planta baja y planta alta y sus dimensiones van de los 67 a los 182 metros cuadrados. Fueron comprados por un costo global de 25 millones 695 mil pesos, según consta en los documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, de los que Reporte Indigo obtuvo una copia. 

El mismo día en que se formalizó la compra se constituyó un fideicomiso de tiempo indeterminado con la división fiduciaria del Banco Interacciones, para administrar la renta de los inmuebles y las ganancias de su comercialización, de acuerdo con una copia del instrumento financiero al que este diario tuvo acceso.

Tanto el Registro Público como la constitución del Fideicomiso dejan constancia de que el representante legal de Comercializadora GC es Jesús Antonio Rodríguez Millán, de 45 años, originario de Culiacán y abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, quien vive en un departamento de clase media en la colonia Nochebuena.

Este abogado ha sido el representante de GC desde marzo de 2001, aunque la empresa fue constituida en junio de 1995.

El objeto social de GC muestra que la compañía pretendía tener muchas más atribuciones que la administración de unos departamentos. 

Incluye la compra-venta de toda clase de muebles, maquinarias y equipos, la construcción y mantenimiento de vías de comunicación, terrestres aéreas y marinas, la construcción de obras civiles y edificios, la elaboración de dictámenes o avalúos, el desarrollo de centros turísticos o vacaciones y la construcción o adquisición de todo tipo de desarrollos inmobiliarios, entre otros objetos.

En el cielo, en la tierra y…

Entre los bienes de GC se contemplaba también el avión Cessna Citation Encore 560 donde viajó Gordillo de San Diego a Toluca el 26 de febrero de 2013, cuando fue detenida por delincuencia organizada y lavado de dinero. 

El avión con matrícula XA-UEF estuvo en resguardo de la Procuraduría General de la República desde abril del año pasado, y fue enajenado cuatro meses más tarde (Reporte Indigo, 26 de septiembre de 2013).

El nexo del abogado Rodríguez Millán con la familia Gordillo tiene más de una década, pues dos años después de que recibiera la representación legal de Comercializadora GC también lo hizo de la Inmobiliaria Galilei, creada en febrero de 1997, que antes había sido administrada por las hijas de la maestra, Mónica Arriola y Maricruz Montelongo, cuya comisaria era su madre, Zoila Morales.

La inmobiliaria Galilei compró propiedades en Polanco, Chapultepec Polanco, además de la planta baja y el mezzanine del edificio 295 sobre la avenida Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos. 

Una investigación publicada en marzo del año pasado en la revista 360 grados reveló que las oficinas de Reforma 295, de 738 metros cuadrados con cuatro cajones de estacionamiento, fueron compradas en octubre de 2005 por la Inmobiliaria Galilei en 6.1 millones de pesos. 

El autor del reportaje, Alberto Aguirre, ya había mencionado el nexo de Rodríguez Millán y Comercializadora GC con Gordillo en su libro “Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo”, publicado por editorial Grijalbo en 2008 en coautoría con Arturo Cano.

Ahora el vínculo luce más obvio: el expediente del juicio ejecutivo mercantil 546/2013 muestra que la dirección fiscal de Comercializadora GC es precisamente la planta baja de Reforma 295, el inmueble propiedad de Inmobiliaria Galilei.

Así consta también en el registro de esta compañía ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en Compranet.

Lotería de deudas

El círculo que une los departamentos de Reforma 222 con la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pasa también por otro edificio ubicado en la misma avenida: la sede de la Lotería Nacional.

Allí despachó desde el 1º de diciembre de 2006 al 30 de enero de 2009 Francisco Yáñez Herrera, exsecretario particular de Elba Esther Gordillo.

Los cinco años previos a ser nombrado en ese cargo había fungido como vocal propietario del SNTE ante el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Yáñez es dueño del yate Bayliner valuado en 82 mil dólares estacionado afuera de una de las casas de la familia Gordillo en San Diego, California.

Al registrar el yate ante el condominio de Coronado Cays, Yáñez dijo vivir en el número 23 de Green Turtle, la misma casa registrada como propiedad desde 1991 de la madre de Gordillo, fallecida en 2009 (Reporte Indigo, 4 de marzo de 2013).

Un año antes de que Yáñez dejara la Lotería Nacional, el 22 de febrero de 2008, el abogado Rodríguez Millán expidió a nombre de Comercializadora GC cinco pagarés a favor del funcionario, para cobrarse el 22 de agosto de 2010, fecha que coincide con el primer aviso preventivo de la creación del fideicomiso que ahora administra los departamentos de Reforma 222. 

A pesar de que Yáñez debía esperar más de dos años para utilizar el dinero, el documento no causó ningún gravamen a la compañía, ya tendría intereses de cero por ciento.

Tres meses antes de que se venciera la posibilidad de su cobro, el 11 junio, el propio Yáñez endosó tres de los pagarés que sumaban un monto de 6.5 millones de pesos a nombre de Alexis Orta Salgado.

El abogado que representa a Salgado, Carlos Odriozola, asegura que el endoso fue para “pagar un servicio” y que es legal porque los pagarés “son títulos de crédito que pueden circular”.

Cuando intentó cobrarlos y no pudo, Salgado contrató al Bufete Capital para iniciar un juicio ejecutivo mercantil para conseguir el pago vía legal ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Hasta el 6 de agosto del año pasado, cuando llevaron la notificación del juicio a la dirección fiscal de Comercializadora GC, aún respondían a nombre de la empresa en la planta baja de Reforma 295.

Diez días más tarde la compañía contestó, por medio de su abogado, Miguel Valdez Villanueva, que “en ningún momento se ha negado a realizar dicho pago”, pero que el endoso que había realizado Yáñez carecía de validez.

Sus argumentos fueron que la empresa no había sido requerida del pago, que ya había vencido el tiempo para reclamarlo y que había diferencias en la firma de Yáñez.

“Quisieron engañar al juez diciendo que los pagarés habían vencido en 2011, pero la ley dice que se pueden cobrar por juicio ejecutivo mercantil hasta el 23 de agosto de 2013, un día después de que se cumplieron los tres años de su fecha de pago”, explica el abogado Odriozola.

Como prueba de que la firma era falsa presentaron una solicitud para que Mercedes Morales Guillén realizara un estudio como perito en análisis grafológico y de documentos. Ella no es perito sino enfermera. 

El 12 de diciembre se dictó sentencia definitiva en contra de GC. El juez Odilón Centeno Rendón consideró “procedente” que la empresa pagara 6.5 millones de pesos, además de seis por ciento de intereses anuales desde agosto de 2010.

El Bufete Capital ganó el caso también en segunda instancia. Pero la empresa ahora no ha podido ser localizada. 

El encargado de la seguridad del edificio de Reforma 295, Josué Domínguez, dijo a Reporte Indigo que “hace meses que GC no está aquí, tengo ahí otras dos empresas pero no tienen nada que ver con ellos”.

El siguiente paso, en el que ya trabaja el despacho de Odriozola, es declarar a la compañía en concurso mercantil.

“Estamos tratando de que nuestro interventor con cargo a la caja tome parte de la administración de la sociedad. Ha sido infructuoso. A nuestro concepto se están escondiendo”, relata. 

Con estos antecedentes van a presentar el concurso, lo cual haría que intervengan en el caso las autoridades federales, se conozcan todos los activos que tiene la empresa, todos sus acreedores y operaciones. 

La información incluiría cuánto ha ganado GC por medio del fideicomiso de Interacciones por la renta de los departamentos en Reforma 222 y quiénes son sus socios.