Magistrados del Poder Judicial de NL por 20 años

Los magistrados del Poder Judicial de Nuevo León pueden permanecer dos décadas en su cargo sin necesidad de ser ratificados, como anteriormente señalaba la Constitución local
Jesús Padilla Jesús Padilla Publicado el
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Los magistrados del Poder Judicial de Nuevo León son los únicos funcionarios que pueden ocupar su cargo por 20 años, sin necesidad de ratificación.

Esta figura fue eliminada del artículo 94 de la Constitución local por la Septuagésima Cuarta Legislatura en diciembre de 2017.

Antes, un magistrado podría ser ratificado 10 años más por opinión del Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando hubiera tenido un buen desempeño.

Uno de los pendientes de la Legislatura que está por concluir es la designación de una nueva magistrada

“El nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia será por un período inicial de 10 años, al término del cual podrán ser ratificados, sobre el desempeño del magistrado a ratificar, para un período igual”, dice este artículo.

Tras quitar la ratificación, quedó abierta la duración de 20 años en el cargo de manera directa.

“El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno, en Salas Colegiadas y en Salas Unitarias y se regirá en la forma que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tendrá el número de magistrados que determine la ley, quienes durarán hasta 20 años en su encargo”, dice actualmente la Constitución neoleonesa.

Bajo este criterio, en diciembre de 2020 ocurrió el nombramiento de cuatro nuevos magistrados: Arturo Salinas, Hugo Campos Cantú, Alan Pabel Obando Salas y Juan José Tamez.

Con ello, Nuevo León se convirtió en la única entidad de México donde las y los magistrados que se designen a futuro tendrán una duración de 20 años en el cargo, sin el requisito de ratificación. En el país no existe algún Poder Legislativo, Ejecutivo u organismo autónomo que dure este periodo en funciones.

La ratificación resulta necesaria. Permite a los diputados enterarse por conducto del Consejo del desempeño de quienes aspiran a un segundo periodo en la magistratura del Estado y, con ello, razonar su voto para negarla o aprobarla.

Buscan reformar designación de magistrados

Entre los pendientes de la Septuagésima Quinta Legislatura está la designación de una nueva magistrada del tribunal. El nombramiento sólo espera la decisión del Pleno, al ya haberse cumplido las etapas previas a la designación.

“Por un garrafal error de la anterior Legislatura, aunque algunas voces afirman que fue con dolo, al reformar el artículo 99 se omitió precisar que la designación es por un periodo inicial de 10 años”
María Dolores Leal CantúDiputada de Nueva Alianza

La legisladora propuso reformar la Constitución por adición de un sexto párrafo al artículo 99 para quitar la designación de los magistrados por 20 años.

“El nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia será por un período inicial de diez años, al término del cual podrán ser ratificados, previa opinión del Consejo de la Judicatura sobre el desempeño del magistrado a ratificar, para un período igual”, dice la propuesta de la legisladora.

La diputada exhortó en dos ocasiones a la Comisión de Puntos Constitucionales a que dictamine la reforma del artículo 99.

“Las designaciones de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en Nuevo León, se han convertido en un cargo de privilegio. El Congreso del estado otorga el cargo por 20 años, sin que exista paralelo en las Constituciones Políticas de los demás estados de la Federación; tampoco en la Constitución de la Ciudad de México”, dijo la diputada el miércoles en el Pleno.

El otro pendiente

Diputados del Congreso local también tienen pendiente la armonización de la reforma constitucional de paridad de género total para autoridades estatales con la Constitución de Nuevo León.

El 14 de mayo de 2019, el pleno del Senado de la República aprobó reformas constitucionales a varios artículos en materia de paridad de género y la propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión. El 23 de mayo, sin objeciones, el Pleno de San Lázaro aprobó la reforma constitucional.

La propuesta, con ambas Cámaras a favor, pasó a los Congresos locales para su aprobación. Pero en Nuevo León sigue pendiente, los diputados no la legislaron en todo 2020.

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