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Según el portal de Transparencia del TEPJF, los magistrados electorales reciben un aguinaldo de 586 mil 356 pesos; y un ‘pago por riesgo’ de 801 mil 952 pesos
La independencia es la principal cualidad que debería buscarse en los nuevos magistrados electorales, para que sus resoluciones no estén sujetas a ninguna fuerza política ni conflictos de interés
“Tenemos que exigir al Senado que nos dé un mecanismo lo más objetivo posible, donde se esté evaluando el perfil para que la decisión recaiga más por el resultado de esa evaluación que por un acuerdo político”
Los magistrados son los encargados de calificar los procesos electorales, validar las elecciones, establecer criterios legales e imponer multas a quienes violen las leyes electorales
El proceso para renovar a los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya está en marcha y son 130 los aspirantes que buscan un lugar en el máximo órgano electoral del país.
Consejeros del INE en funciones, el actual titular de la Fepade, un exprocurador general de la República, exconsejeros electorales locales o académicos, son algunos de los perfiles de quienes buscan integrarse al Tribunal.
En la lista destacan nombres como los de Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo y Adriana Favela, consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE); Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); o Daniel Francisco Cabeza de Vaca, exprocurador general de la República.
Cada uno de los aspirantes tuvo que entregar la documentación necesaria y un ensayo de 10 cuartillas sobre temas electorales y, tras un escrutinio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 16 de agosto se elegirá a 42 candidatos que cumplan con los requisitos.
Estas 42 personas comparecerán ante los ministros del pleno de la SCJN los días 22 y 23 de agosto.
Los ministros elegirán el 29 de agosto a los 21 finalistas que conformarán las siete ternas que serán enviadas al Senado para su votación.
En la Cámara alta, los candidatos necesitan las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes para lograr ser electos como nuevos magistrados.
Esto obliga a que haya acuerdos entre las fracciones parlamentarias, lo que deriva en la politización de los nombramientos, una especie de “reparto” de magistrados por partido.
La partidización de los nombramientos cobra relevancia porque estos magistrados son los encargados de calificar los procesos electorales, validar las elecciones, establecer criterios legales e imponer multas a quienes violen las leyes electorales.
Los magistrados del Tribunal Electoral son los servidores públicos mejor pagados de todo el país, junto con los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los consejeros de la Judicatura Federal.
Según el portal de Transparencia del TEPJF, los magistrados electorales perciben mensualmente un “Sueldo básico” de 286 mil 424 pesos, sin contar otras prestaciones nominales.
Anualmente, reciben un aguinaldo de 586 mil 356 pesos; y un “pago por riesgo” de 801 mil 952 pesos.
Perfiles conocidos
Varios de los nombres en la lista de 130 aspirantes a formar parte del Tribunal Electoral son conocidos por haber participado en algún capítulo de la vida política, judicial o electoral del país.
Llama la atención que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) Marco Antonio Baños, Adriana Favela y Beatriz Galindo, se encuentren entre quienes buscan tener un lugar en el TEPJF.
Estos tres consejeros han sido cuestionados por ser cercanos, supuestamente, al PRI; especialmente a Manlio Fabio Beltrones.
Entre los aspirantes se encuentran también dos miembros en funciones del Consejo de la Judicatura Federal. Se trata de los consejeros Manuel Ernesto Saloma Vera y José Guadalupe Tafoya Hernández.
Por su cercanía con Luis María Aguilar, ministro presidente de la SCJN y quien preside también el Consejo de la Judicatura Federal, se dice que estos dos consejeros tienen amplias posibilidades de formar parte del nuevo TEPJF.
Otro candidato cercano también a la SCJN es Rodolfo Héctor Lara Ponte, oficial mayor de la Corte.
Al máximo tribunal electoral busca llegar también Santiago Nieto Castillo, actual fiscal especial para la atención de delitos electorales, quien ha sido cuestionado por su supuesta cercanía al PRD.
José Luis Vargas, extitular de la Fepade, también está en la lista de los aspirantes. En febrero del 2012, fue destituido como fiscal por Marisela Ibañez, entonces procuradora general de la República, por no haber buscado la nulidad de la elección del 2011 en Michoacán, donde resultó electo el priista Fausto Vallejo. El PRI se opuso a la salida del titular de la Fepade.
Otro aspirante de renombre es Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, quien fuera consejero de la Judicatura Federal entre el 2009 y el 2014. En el gobierno del panista Vicente Fox trabajó como consejero jurídico de la Presidencia de la República y después fue nombrado titular de la PGR.
Del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) se postularon dos exdirectores de Prerrogativas y Partidos Políticos. Se trata de Fernando Agíss Bitar, quien antes ya había sido director jurídico del IFE; y Alfredo Eduardo Ríos Camarena, quien renunció a esa dirección en noviembre del 2014.
Dos consejeras del Instituto Electoral del Estado de México también se encuentran entre las aspirantes. Se trata de Beatriz Zavala Pérez, quien presidió el IEDF; y Carla Astrid Humphrey Jordan, quien fuera consejera de ese órgano y hoy trabaja con la magistrada María del Carmen Alanís.
Se encuentran postulados también varios magistrados electorales y de otros tribunales tanto federales como estatales.
La UNAM también tiene su representación entre los aspirantes con la postulación de César Iván Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y quien fuera abogado general de la UNAM hasta noviembre del 2015.
Hay otros perfiles, sin embargo, que llaman la atención por su lejanía del tema electoral. Uno de ellos es el de Óscar Gabriel Campos Campos, quien es titular del Organismo Regulador de Tenencia de la Tierra de Zacatecas (Oretza).
Apertura en nombramiento
Para evitar que el espíritu del Tribunal Electoral sea mancillado por la politización de la elección de los siete nuevos magistrados, la sociedad civil pedirá al Senado que el proceso de selección se lleve a cabo con la mayor apertura posible, que garantice que llegarán solo los mejores perfiles.
Iván García Gárate, catedrático de la Universidad del Claustro de Sor Juana y miembro del observatorio ciudadano Designaciones Públicas –que monitorea los nombramientos de servidores públicos de los órganos más importantes del Estado-, comentó que la fórmula para desterrar el reparto de cuotas está en la transparencia.
“Es establecer un diagnóstico, un mecanismo que nos permita evaluar la idoneidad de los perfiles, y que esa evaluación la pudiera llevar a cabo, incluso, un comité técnico del Senado, para que se pueda determinar cuáles son los mejores perfiles y los senadores se vean obligados a tomar una decisión sobre la base de evaluación de los perfiles y no sobre la conveniencia política”, expuso en entrevista.
Un proceso de ese tipo, sostuvo García Gárate, permitiría también eliminar los juicios a priori que se tienen ya sobre algunos aspirantes, que por ser cercanos a tal o cual círculo de poder se dice que “llevan mano” en la elección.
La principal cualidad que debe buscarse en los nuevos magistrados electorales, consideró el experto, debe ser la independencia, pues sus resoluciones no pueden estar supeditadas a ninguna preferencia o fuerza política.
Para ello, apuntó el catedrático, es fundamental que se conozcan las declaraciones de intereses de todos los aspirantes para verificar que no tengan conflictos de interés.
Otra característica que debe tener el nuevo Tribunal, sostuvo, es que sus magistrados deben ser menos formalistas y más progresistas, en tanto que puedan hacer interpretaciones que garanticen una mejor aplicación de la justicia electoral.
Algunos de los que aspiran…
>Marco Antonio Baños, Adriana Favela y Beatriz Galindo, consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).
>Óscar Gabriel Campos Campos, titular del Organismo Regulador de Tenencia de la Tierra de Zacatecas (Oretza).
>Manuel Ernesto Saloma Vera y José Guadalupe Tafoya Hernández, miembros en funciones del Consejo de la Judicatura Federal.
>Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República durante el periodo de Vicente Fox.
>Santiago Nieto Castillo, actual fiscal especial para la atención de delitos electorales.
>José Luis Vargas, extitular de la Fepade.
>Fernando Agíss Bitar y Alfredo Eduardo Ríos Camarena, exdirectores jurídicos del IFE.
>Beatriz Zavala Pérez y Carla Astrid Humphrey Jordan, consejeras del Instituto Electoral del Estado de México.
>Rodolfo Héctor Lara Ponte, oficial mayor de la Corte.
>César Iván Astudillo Reyes, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM.
