Mal día para ser Aguirre

Las cosas con los Aguirre no están saliendo bien. Ni en el deporte ni en la política. 

Por un lado, el exentrenador nacional Javier Aguirre se enfrenta a una nueva acusación por amaño de partidos en España.

Por otro, crece la lista de familiares del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, involucrados en el desvío de casi 300 millones de pesos.

Ayer, Carlos Mateo Aguirre y su hijo Luis Ángel Aguirre recibieron auto de formal prisión por el desvío de más de 287 millones de pesos provenientes de fondos estatales y federales.

El hermano y el sobrino de Aguirre Rivero fueron detenidos junto a otros exfuncionarios de Guerrero señalados también de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que otro hermano y sobrino del exgobernador guerrerense están siendo investigados por el mismo caso.

La PGR señala que Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez tienen una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como sospechosos de haber participado en una red para obtener contratos de obra pública en Guerrero, sin tener vínculos ni relación comercial con empresas.

El nombre Ernesto Aguirre también aparece en la investigación, este familiar del gobernador con licencia era su presunto operador político.

El lunes, el hijo del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Herrera, envió una carta a la dirigencia del PRD en la que declina a participar en las próximas elecciones en las que buscaba ser el presidente municipal de Acapulco, Guerrero.

Incautan yates

Autoridades federales incautaron ayer dos yates y dos lanchas rápidas a la familia Hughes, involucradas en el desvío de fondos federales y estatales en Guerrero.

Las embarcaciones se encontraban ancladas en la marina privada Santa Lucía, cerca del Club de Yates de Acapulco y el monto total de estas asciende a poco más de 46 millones 359 mil pesos.

La PGR detalló que la familia Hughes pagaba alrededor de 89 mil dólares por año por cada una de las embarcaciones para se les permitiera su atraque y estancia.