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Malware para presunto espionaje a activistas y periodistas, fue comprado por PGR a un prestanombres

El software Pegasus, comprado por la Procuraduría General de la República (PGR) con el que presuntamente habría espiado a defensores de derechos humanos y periodistas, fue comprado por 32 millones de dólares a una empresa intermediaria de la cual el dueño es un prestanombres, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El software Pegasus, comprado por la Procuraduría General de la República (PGR) con el que presuntamente habría espiado a defensores de derechos humanos y periodistas, fue comprado por 32 millones de dólares a una empresa intermediaria de la cual el dueño es un prestanombres, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La organización ubicó los domicilios del dueño y del operador de la empresa Grupo Tech Bull, la cual fue la intermediaria entre la empresa israelí, creadora del malware y la PGR, y se percató de que residían en zonas populares al poniente de la Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón.

Gracias a documentos obtenidos mediante el Registro Público de la Propiedad, se pudo identificar a Carlos Cayetano Miguel como uno de los dueños de la empresa Tech Bull, a quien entrevistaron y sus respuestas no coincidieron con lo estipulado en las actas.

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Es decir, Cayetano afirmó haber participado en la sociedad empresarial con tres mil pesos, dato que no concuerda con la constitución de la empresa, la cual dice que cada socio aportó 25 mil pesos.

Asimismo, se le cuestionó si conocía la venta del malware por 32 millones de dólares y su respuesta fue: “Casi no veo las noticias, ni sabía”. Afirmó no haber recibido dinero por la transacción e ignoró saber dónde se localiza su socio y operador; acerca de su participación en la empresa, declaró que había vendido sus acciones.

La investigación de MCCI llevó a tener el acta constitutiva de Grupo Tech Bull del cual Cayetano Miguel quedó inscrito como socio y administrador único; la empresa fue constituida el mismo día que se tituló como Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional.

El otro socio, es identificado como Jorge de Jesús Sánchez, técnico en informática egresado del Conalep, quien no cuenta con antecedentes empresariales, luego de hacer una búsqueda en registros públicos.

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A un año de la creación de Grupo Tech Bull, a finales de octubre de 2014, la PGR contrató 500 infecciones de equipos celulares con el malware adquirido. El encargado de la empresa en hacer la transacción fue Luis Armando Pérez Herrero, un ingeniero en sistemas, quien firmó los documentos junto a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Presuntamente, unos días antes de que se diera esa contratación de infecciones a celulares, Cayetano Miguel había designado a Pérez como el encargado de cobranza y su representante para los litigios que se dieran en un futuro.

El domicilio que Pérez señaló ante notario, se encontraba en el pueblo de Santa Lucía, cerca de las barrancas donde vive Cayetano, al que acudió MCCI y halló locales comerciales en los cuales nadie respondió por el ingeniero.

Tech Bull compartió el domicilio fiscal ubicado en Homero 538 en Polanco, con las empresas Zamtria SA de CV y Grisuver SA de CV, ligadas a la red creada por el exgobernador Javier Duarte, con las que presuntamente se desvió dinero público.

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Pérez Herrero también fungió como un vínculo de la empresa Balam, de la que es socio Asaf Zanzuri de origen israelí y Rodrigo Ruíz de Teresa y Trevió, de la que Tech Bull es filial, de acuerdo con correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks.

Ruíz de Teresa a su vez es sobrino de Guillermo Ruíz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT, y el encargado de hacer las negociaciones entre la empresa israelí NSO Group, creadora de l malware Pegasus.

Rodrigo Ruíz, negó tener contacto o ser operador de Tech Bull, como aseguran los correos electrónicos. Y poco antes de ser entrevistado por MCCI, canceló argumentando que era por medidas de seguridad.

Todo indica que la PGR adquirió este malware mediante una empresa recién creada en el momento de la compra, conformada por socios que no contaban con experiencia en el ramo de los software espías ni que había realizado una venta anterior de ese tipo.

 

 

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