Mando polémico

La instauración del Mando Único de Policía, propuesta en su momento por Genaro García Luna,  secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y retomado por el actual secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, ha traído más conflictos que soluciones.

En todos los estados del país en donde se ha intentado avanzar con la centralización de las policías municipales han surgido confrontaciones entre munícipes y gobernadores. Los primeros se niegan a la medida al considerar que se trata de una violación a la autonomía municipal, en tanto que los mandatarios estatales anteponen la necesidad de evitar infiltraciones del crimen organizado en las policías locales

El mejor ejemplo de las confrontaciones que ha causado la propuesta de instaurar un Mando Único de Policía es el que se vive en el estado de Morelos en donde el gobernador Graco Ramírez y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, protagonizan una batalla mediática.

Pero en otros estados, como Michoacán, Oaxaca y Querétaro, el distanciamiento entre ediles y gobernadores también ha sido el denominador común, aunque de una manera más discreta.

Por un lado los alcaldes anteponen su propia seguridad personal al aceptar la medida luego de haber recibido amenazas del crimen organizado y, por otro, bajo el argumento de esas mismas amenazas, hay quienes se niegan a que la federación centralice las policías locales.

Una de las principales razones por la que los gobiernos municipales se niegan a la aceptación de ese sistema es la evaluación de sus policías, los que son sometidos a diversas “pruebas de confianza” aplicadas de manera discrecional, de las que muchas veces resulta no solo la baja de los elementos de seguridad, sino también procesos penales.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de los 2 mil 457 municipios que tiene el país, por lo menos el 90 por ciento ha aceptado su intención de establecer el modelo de Mando Único de Policía, pero en ningún estado se ha podido establecer al 100 por ciento este formato de seguridad.

Con corte al 15 de diciembre del año pasado, la CNS aseguró que 17 de las 32 entidades del país ya firmaron convenios para el Mando Único, en tanto que otros nueve estados aún se encuentran en el proceso de organización y convencimiento de los alcaldes.

El único que no muestra siquiera la intención de establecer un Mando Único es Baja California Sur, donde los alcaldes han rechazado tajantemente ceder sus mandos policiales. Y en Puebla solamente 37 de los 217 municipios han aceptado ese esquema de policía de primer contacto.

Diversos actores políticos han tratado de capitalizar el conflicto con fines partidistas. Como el senador del PRD, Alejandro Encinas, quien ha advertido que este modelo puede derivar en prácticas antidemocráticas, al usarse las fuerzas de seguridad de los municipios “para dirimir conflictos políticos”.

La única solución

En Michoacán, -donde el gobernador Silvano Aureoles intenta aplicar la medida- se ha insistido en que el Mando Único es la solución para terminar con el problema de corrupción al interior de la policía municipal.

De acuerdo a una evaluación de la Secretaría de Gobernación, realizada en noviembre del 2013, más del 90 por ciento de los policías municipales de Michoacán estaban coludidos con células de los cárteles, principalmente de Los Caballeros Templarios.

Tras los “exámenes de confianza” al menos 42 policías locales fueron procesados penalmente por el delito de Delincuencia Organizada. 

Modelo ineficaz

La negativa de algunos ediles para aceptar el modelo de policía propuesto por Genaro García Luna no sólo se finca en los riesgos jurídicos y de seguridad que han esgrimido públicamente. Se habla también de la ineficacia del Mando Único para frenar la presencia del crimen organizado en sus localidades.

En Jalisco, por ejemplo, donde se registra uno de los mayores avances en la implementación de ese modelo policial, el índice de delincuencia no ha disminuido. La presencia del crimen organizado se sigue sintiendo en la mayoría de las policías de los 129 municipios de esa entidad, según reconoció un funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

A manera de presión para que la seguridad de los municipios quede en manos de la Federación, el Gobierno Federal ha establecido que a partir de este año ningún gobierno local que se niegue al Mando Único de Policía puede aspirar a la participación de los más de 5 mil 952 millones de pesos que se han etiquetado para subsidiar la seguridad pública en los municipios.

No cesa la delincuencia

Las cifras del Cisen revelan que la presencia delincuencial no ha disminuido, ni siquiera en aquellos estados en donde se ha tenido un avance sustancial en cuanto a la recuperación de las policías locales.

En Guerrero, por ejemplo, donde la CNS indica un avance del 9 por ciento en cuanto a la implementación del Mando Único de Policía, la presencia del crimen organizado ha repuntado. A la fecha la PGR mantiene en curso por lo menos 230 averiguaciones previas que involucran a las policías acreditables con los cárteles de las drogas que operan en la entidad.

En Michoacán, donde se tiene un avance de casi el 23 por ciento en cuanto al establecimiento del nuevo orden de seguridad pública, el Cisen reconoce que la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación se ha intensificado, principalmente de los municipios que se ubican en la zona limítrofe de Jalisco y Michoacán.

Lo mismo ocurre con Veracruz, donde las cifras del Cisen revelan que la presencia de los cárteles del Golfo y de Los Zetas ha logrado ampliar su presencia hacia municipios que hasta hace dos años no registraban problemas con la delincuencia. Las cifras del Cisen, avaladas con datos de la PGR, indican que en Veracruz existe un repunte en el índice de secuestros de casi el 3 por ciento durante el 2015 con relación al 2014.

Sin embargo, en Baja California Sur, los índices de delitos atribuidos a la delincuencia organizada no se han manifestado a la alza. En esa entidad la mayor parte de los delitos registrados durante el 2015 se atribuyen a la delincuencia común, en donde resalta el robo a casa habitación.

Sin acceso a fondos oficiales

De acuerdo a las cifras que se manejan en el Senado de la República, concretamente en la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador Omar Fayad, se sabe que el 72 por ciento de los municipios ya están integrados al nuevo esquema de seguridad, lo que indica que más del 86 por ciento de la población ya está siendo cuidada por policías acreditados que dependen de la Federación.

Se estima que será a esos municipios a los únicos que se les canalice el millonario presupuesto que la federación contempla ejercer, dejando sin posibilidad de fondos para fortalecer a las policías municipales a las localidades en donde no se ha acatado la propuesta.

Los senadores contemplan que a partir del mes entrante se derogue la Ley de Presupuesto al Subsidio para la Seguridad de los Municipios, lo que dejará a cientos de gobiernos municipales sin posibilidad para hacer frente -por cuenta propia- al crimen organizado, principalmente en localidades ubicadas dentro de las rutas del trasiego de drogas, que van del sur del país hacia la frontera norte.

Aun cuando, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se contempla una reducción de casi 668 millones de pesos en el ejercicio del 2016, los fondos federales para la prevención del delito serán aún mayores para los municipios al considerar que no serán todos los que acepten instaurar el modelo de Mando Único de Policía.