Mando Único: mixto y flexible

Tras una compleja negociación que duró casi un año y medio, en el Senado de la República está a punto de concretarse la reforma al sistema policial del país que incluirá un modelo mixto en que convivan el mando único y algunos cuerpos locales.

En el nuevo modelo mixto, las policías estatales tendrán a su cargo las labores de seguridad pública y las policías municipales que queden en funciones tendrán a su cargo labores de proximidad.

Se creará todo un nuevo sistema homogeneizado en que los elementos policiacos sean formados y certificados, puedan tener movilidad para trabajar en cualquier lugar del país y tengan acceso a mejores condiciones de vida.

La propuesta, que ya ha sido terminada por el grupo de trabajo que se encargó de redactarla, pasará estos días al análisis de los grupos parlamentarios y podría votarse en el pleno de la Cámara alta en menos de 10 días.

Expertos y activistas en la materia consideran que, aunque no es una reforma ideal, es un primer paso hacia la transformación de los cuerpos policiacos en el país para que pasen de servir al gobierno a servir a los ciudadanos.

Sin embargo, advierten graves deficiencias en lo que podría aprobarse en los próximos días.

El camino de la reforma policial

En su iniciativa de noviembre del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la desaparición de todas las policías municipales y la creación de 32 cuerpos estatales con mando único que asumieran todas las funciones de seguridad.

Dichos cuerpos estarían a cargo del gobernador de la entidad. Los municipios solo podrían participar en la prevención de delitos. El primer mandatario propuso, incluso, que las tareas de tránsito le fueran conferidas a los cuerpos estatales.

La propuesta presidencial levantó polvo entre la oposición y las organizaciones de la sociedad civil que rechazaron el modelo propuesto por Peña Nieto.

La iniciativa presidencial durmió el sueño de los justos durante más de un año en el Senado; fue un tema espinoso que no transitó entre la bancada del partido en el gobierno y la oposición.

En noviembre del 2015, el PAN presentó su propia iniciativa para reformar todo el sistema de seguridad pública, que incluyó la reforma policial.

Aun así, los senadores mantuvieron el tema intocable durante algunas semanas más; fue hasta que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidió a los senadores acelerar los trabajos para el estudio de un modelo de mando único, que se apresuraron los trabajos.

Tras semanas de deliberación en las que el Gobierno federal tuvo que reconocer que su iniciativa no transitaría en el Congreso, finalmente los senadores se decantaron por una propuesta más apegada a la del PAN.

Tras varias reuniones entre representantes de la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, el acuerdo sobre el nuevo modelo policial fue aprobado y es ahora estudiado en los grupos parlamentarios, para llegar al trabajo en comisiones ya con el pleno consenso de las bancadas.

Los senadores saben que el consenso será alcanzado por un acuerdo político para sacar adelante el tema, no porque se trate de la respuesta ideal a la crisis del sistema policial que experimenta el país.

Modelo mixto, pero condicionado

El nuevo modelo policial que tendrá el país será mixto: permitirá que el mando único y algunas policías municipales convivan en un mismo territorio.

Se crearán 32 cuerpos estatales con un mando central, que dependerá de los gobernadores, pero los municipios tendrán la posibilidad de conservar sus policías municipales.

Tendrán solo funciones de proximidad, no de combate a la delincuencia.

Sin embargo, no dependerá de una decisión de los gobiernos locales conservar sus cuerpos policiacos, sino de que la corporación de esos municipios logre tener las certificaciones federales correspondientes.

Esto se hará a través de una nueva estrategia de formación y certificación que tendrá en sus manos el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Hasta ahora solo se realizaba la certificación de policías en lo individual; con la nueva reforma, se permitirá que se certifiquen corporaciones enteras de policía.

Para ello, deberán contar con ciertos estándares de profesionalización, controles de confianza, equipamiento e infraestructura para hacer frente a las tareas de proximidad que se les encomienden.

Aunque no habrá un listado de los municipios que podrían conservar sus policías –pues se deberá tener primero la certificación-, se prevé que sean los cuerpos de las grandes ciudades los que puedan mantenerse.

Por ejemplo, las policías de Mérida, Monterrey, Guadalajara, Nezahualcóyotl, San Pedro, Tijuana o Querétaro, tendrían posibilidades de seguir funcionando, siempre y cuando consigan la certificación correspondiente.

La permanencia de una corporación policiaca en un municipio dependerá de la capacidad institucional que tenga la localidad en sí para manejar su cuerpo de policía.

El cambio en el modelo policial no será inmediato, sino una transformación gradual que deberá instrumentarse por etapas, que pueden llevar varios años.

“El sistema no todo entra en vigor, son muchos momentos. Primero hay que evaluar las policías existentes, certificar sus capacidades, indicarles cuáles se quedan y cuáles se van y en función de eso generar las posibilidades de financiamiento para que las instituciones que se quedan puedan hacer con eficacia”, explicó Roberto Gil, senador por el PAN y quien lleva la negociación del tema.

Todo esto irá acompañado con la formación de las policías estatales únicas que estarán homogeneizadas en todo el país.

Estas labores de formación irán acompañadas de un nuevo esquema laboral para los policías, donde se les brindarán mayores prestaciones y acceso a servicios que actualmente no poseen, en un esfuerzo por mejorar los incentivos para ser un buen policía.

Se brindará la misma capacitación y formación a los elementos policiacos de todo México mediante un Sistema Nacional de Carrera Policial, que permitirá que cada uno tenga los mismos conocimientos que otro, en cualquier parte del país.

La formación de un sistema nacional permitirá que las entidades del país compartan información sobre los antecedentes y la formación de cada uno de los elementos que se encuentran en activo en las diferentes corporaciones.

A nivel nacional, los policías se regirán bajo un esquema de niveles o escalafones, que podrán ir escalando conforme tengan más capacidades.

Éste aplicará en todo el país, por lo que si un elemento desea cambiar de domicilio a otro estado, o es enviado a trabajar a otra entidad, podrá conservar sus beneficios, salario y prestaciones y se le respetará su rango.

Para esto, empero, se requerirán millones de pesos de inversión.

Para la formación, equipamiento y certificación de policías, los senadores prevén añadir un artículo transitorio donde se disponga la obligación de destinar fondos para este fin.

Además, se pretende terminar con un incentivo perverso que funciona actualmente en el modelo policial vigente en México.

Hoy día, si una entidad tiene problemas delincuenciales, recibe dinero de fondos federales para seguridad; si bajan sus índices, bajará también el recurso que reciba. Ese esquema no favorece el combate al delito.

En el caso del Mando Unico, quien adquiere las tareas de seguridad pública paga el servicio. Si un municipio decide no firmar para tener al mando único en su localidad, no accede a recursos para pagarlo.

Ahora, en el nuevo esquema de financiamiento, se prevé que aunque un estado o municipio decida delegar sus labores de seguridad, pague por ellas.

“Si una policía, si un municipio o un estado transfiere a otro orden de gobierno su responsabilidad en materia de seguridad pública, paga el servicio, precisamente para no generar incentivos perversos en el sistema, de tal suerte que simplemente se desentiendan de la función con el propósito de ahorrar dinero.

“Si uno, por alguno de los supuestos, un orden de gobierno delega a otro o bien se interviene ese orden municipal o estatal en razón de su incapacidad estructural, de cualquier manera paga el servicio precisamente para que todos le echen ganas a generar capacidades”, comentó Gil.

Los municipios tendrán la posibilidad de entregar las labores de seguridad al gobierno estatal si consideran que no tienen la capacidad institucional para lidiar con ellas.

Pero lo mismo ocurrirá en los estados. Si un gobierno estatal considera que no puede asumir las labores de seguridad de su entidad, podrá delegarlas a la Federación.

Morera: Primero, profesionalización

Para María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, lo primero que debería resolver la reforma policial es cómo formar a los elementos para servir a la ciudadanía y después cómo se organizan los mandos.

“El foco debe estar centrado en el desarrollo policial, porque ese es el problema. El problema gerencial es quién manda, pero el problema de fondo es cómo preparamos a nuestros policías, cómo los profesionalizamos y cómo le sirven a la ciudadanía”, expuso.

La transformación, insistió, debe darse primero con cambios de fondo, como la profesionalización, la dignificación y un cambio en la visión de servir a los ciudadanos en vez de servir a los políticos. Y es hasta entonces cuando puede ya hablarse del tipo de mando que debe tener la corporación.

Morera, una de las primeras activistas en México en el tema de la seguridad, expuso que todas las corporaciones policiales deben certificarse no solo con reglas que el propio Estado imponga, sino en las que participen organizaciones civiles.

“La única forma de lograrlo es profesionalizando a la policía y que, dentro del esquema de desarrollo policial existan no solo controles internos, sino también controles externos, ciudadanos.

“No solo las policías municipales deben estar certificadas, sino también las estatales. Porque tú no me digas que le vas a dejar la seguridad de tus hijos, por ejemplo, al gobernador de Veracruz, al de Tamaulipas, al de Guerrero, al de Michoacán, al de Quintana Roo. Entonces no es un tema solo de las policías municipales, el tema es mucho más grave de como ellos lo quieren ver”, comentó Morera.

La activista enfatizó que el nuevo modelo que apruebe el Senado debe dejar claro que los gobernadores no podrán cambiar al director de policía estatal “cuando se les dé la gana”, ni por razones políticas.

Además, Morera subrayó que el tema del financiamiento de los cuerpos policiacos debe estar garantizado y debe ser clarificado, para que los estados puedan inyectar recursos y realmente se pueda profesionalizar a sus policías, se le puedan dar los estímulos necesarios, acceso a créditos y a un seguro digno.

González: Alcaldes deben participar

La reforma policial no puede dejar a los presidentes municipales sin herramientas para realizar su labor en las localidades, consideró Samuel González, consultor en temas de seguridad y extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El modelo mixto que aprobará el Senado es el correcto, dijo, aunque consideró que debe darse más margen de acción a los gobiernos locales.

“Debe haber un mecanismo en el que el presidente municipal también mande sobre la policía, aunque sea estatal. Si le van a quitar esa función, le tienen que dar algunos elementos –mínimo- de la Policía estatal para que él pueda desarrollar su función. Eso es lo que creo que le falta a la propuesta.”

El especialista, quien fuera asesor de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, reprochó que a ocho años de que se hiciera la primera reforma al sistema de policía todavía no pueda concretarse totalmente.

“Uno no entiende cómo después de ocho años todavía tenemos policías que no cumplen su función. No es de este gobierno, es de los gobernadores que todavía no hacen bien su trabajo. No entiendo por qué seguimos en esta discusión cuando ya tendrían que tener todos los recursos y todas las acciones”, criticó.

En líneas generales, dijo, lo que aprobará el Senado es un cambio necesario para el inicio de la transformación policial en México.

Meza: Un acuerdo político

Aunque se darán unos pasos hacia adelante, la reforma policial que se aprobará en el Senado es producto de una negociación que evita llegar al fondo del problema, consideró Mariana Meza, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

“Más allá de las discusiones o del modelo de mando, ha habido trasfondos políticos y de poder, de intereses tanto a nivel estatal como en el federal.

“Lo que vemos hoy (…) es el resultado de esa capacidad de negociación, de acercarse a una propuesta que por un lado sea viable, menos tajante y mucho menos radical de lo que se planteaba inicialmente, y por otro lado que se encontrara los consensos que necesitaba tener, al menos en el Senado”.

Meza sostuvo que la propuesta que llegará al pleno senatorial es más sensata que la propuesta inicial del Ejecutivo porque, al no eliminar totalmente los cuerpos policiacos municipales, toma en cuenta la diversidad de la problemática de inseguridad en diferentes regiones y viene acompañada de una reforma que transforma las condiciones de vida de los policías.

“Es acertada la discusión y un poco la concesión de llegar a un acuerdo político para no vulnerar demasiado la integridad del municipio, la capacidad de ser flexibles, de tomar en cuenta las particularidades de cada municipio en materia de seguridad”, dijo.