Manejos turbios en MiBici

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en la contratación de proveedores para el programa estrella en materia de movilidad del Gobierno de Jalisco: Mi Bici. La inversión del programa ronda los 162 millones de pesos para ofrecer un servicio de préstamo de bicicletas públicas.  

En su revisión al ejercicio del Fondo Metropolitano 2013 que recibió el Gobierno estatal, la ASF identificó distintas actuaciones de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), para beneficiar a uno de los proveedores de Mi Bici, aún a costa de violar la ley. 

La adquisición se realizó cuando Ricardo Villanueva era aún titular de la Sepaf, y en medio de críticas por la utilización de Mi Bici para su promoción personal, con miras a su candidatura por la alcaldía de Guadalajara con las siglas del PRI, que hoy ya es oficial.  

Se trata del contrato 665/13, concedido a la empresa canadiense Public Bike System Company (Bixi), mediante una licitación internacional, y por un monto de 5 millones 585 mil 247 dólares canadienses, cerca de 67 millones de pesos, para la adquisición de las bicicletas, estaciones y aditamentos del programa.

Primero, la ASF encontró que la Sepaf emitió una licitación internacional sin haber acudido antes al mercado nacional, lo que viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En su artículo 28, fracción III, la legislación dispone que las licitaciones internacionales se harán cuando “se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta”, pero la Sepaf nunca emitió una nacional. 

Ante tal violación legal, la Sepaf intentó argumentar a la ASF que había elaborado un supuesto estudio de mercado, y que “las diferencias en los precios encontradas” en ese mismo diagnóstico “no fueron aceptables (…) siendo el precio mejorado por el proveedor adjudicado en la licitación internacional, y que además éste cuenta con una patente en el sistema de anclaje”. 

Sin embargo, la ASF confirmó la ilegalidad: 

“De acuerdo al análisis de la información recibida, la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la licitación se realizó a nivel internacional y con ello podían participar proveedores nacionales y extranjeros, la Ley indica que será internacional cuando se haya declarado desierta una nacional”. 

Además: “se observó que en el estudio de mercado los tres proveedores indicaron poder surtir la totalidad de los bienes”. 

Todo esto llevó a concluir a la ASF que las autoridades de Jalisco:

“Omitieron realizar una licitación de carácter nacional y en el estudio de mercado previo no acreditaron fehacientemente, que los proveedores nacionales existentes no podían atender el requerimiento en lo que respecta a cantidad, calidad y oportunidad, o que el precio no era aceptable, a fin de buscar las mejores condiciones para el Estado”.

Por ello, la Auditoría pidió a la Contraloría estatal “que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en el procedimiento de adjudicación del proyecto de Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana y zonas 30, primera etapa”. 

Más beneficios

Además de este hecho que dirigió deliberadamente la adquisición de Mi Bici al mercado internacional, la ASF confirmó otras actuaciones de la Sepaf en beneficio directo del proveedor.  

“Se observó una incongruencia en los plazos y términos de entrega objeto del contrato respecto a las bases de la convocatoria de licitación”. 

Es decir, mientras que la convocatoria de la licitación exigió que las bicis y equipos se entregaran en no más de 90 días naturales tras la notificación de la resolución, en el contrato con Bixi se amplió dicho plazo hasta 20 semanas (140 días naturales), a partir del primer pago. 

De esta forma, ese requisito riguroso en la convocatoria que pudo haber desincentivado la participación de uno o más proveedores, se modificó a favor del ganador. 

La explicación de la Sepaf a la irregularidad encontrada por la ASF fue que “en la junta de aclaraciones del proceso de licitación, el proveedor ahora adjudicado preguntó si era posible que el periodo de tiempo de entrega fuera de 120 días naturales, y no de 90 como lo indicaba la convocatoria, a lo cual se respondió que sí”.

Más grave aún: en el contrato se estableció que el periodo de entrega de los bienes sería del 19 de diciembre de 2013 al 29 de agosto de 2014, pero la ASF señaló que Bixi incumplió en este sentido:

“De acuerdo con la visita de verificación física realizada a las instalaciones del área receptora, del 10 al 12 de septiembre de 2014, no se encontró evidencia física del cumplimiento objeto del contrato; ya que no fue posible verificar la existencia de los bienes muebles”. 

La Sepaf le mostró a la ASF un acta de la recepción de los bienes, pero con fecha del 14 de noviembre de 2014, fuera del plazo fijado. 

Otra incongruencia entre la convocatoria y el contrato, es que mientras la primera señala que “la transportación sería a cuenta y riesgo del Gobierno del Estado”, el segundo dice que la entrega debía darse en la Sepaf. 

Y habría un nuevo cambio: el 18 de agosto de 2014 en un convenio modificatorio se plasmó que “el proveedor está obligado a entregar el equipamiento en patio de maniobras o punto de embarque de la mercancía al despacho que contrate el Gobierno del Estado”. 

La ASF cuestionó la validez de ese convenio modificatorio: “No se aclaró la ambivalencia del lugar de entrega de las bicicletas, además el convenio modificatorio al contrato que se anexó, se realizó 11 días antes del término del plazo contractual y no está debidamente firmado por las partes involucradas”. 

Por ello pidió una indagatoria a la Contraloría del Estado contra los responsables que “no observaron una incongruencia en los plazos y términos de entrega objeto del contrato” en relación a la convocatoria. 

Más concesiones

Otro beneficio fuera de la norma otorgado por la Sepaf a Bixi –que atravesaba por problemas financieros que la llevarían a la quiebra en enero de 2014– fue:

“En contravención de la normativa aplicable, la entidad estableció en la cláusula décimoprimera del contrato celebrado que los derechos y obligaciones podrán ser gravados o cedidos a otras personas físicas o jurídicas de forma parcial o total, sin el acuerdo de la otra parte”. 

La Sepaf justificó que Bixi “se vio en la necesidad de iniciar un procedimiento judicial a través del cual fue adquirida por otra empresa, y como parte de dicho procedimiento la representación del Estado, a petición del Tribunal Superior de Canadá, emitió su consentimiento para que todos los derechos y obligaciones derivados del contrato 665/13, pasaran a la nueva empresa y fuera quien diera cumplimiento a las obligaciones pactadas”. 

Para ello también se usó el convenio modificatorio, no obstante, “la ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que el convenio modificatorio no está debidamente formalizado, asimismo, no se justifica el hecho de haber incumplido con la normativa aplicable en la cláusula décimoprimera del contrato original”. 

La ASF espera que la Contraloría actúe contra los funcionarios que establecieron esa cláusula “en contravención de lo indicado en la normativa aplicable”.

El contrato con Bixi fue firmado por Salvador González, subsecretario de Administración; José Velázquez, director de Adquisiciones, y Pedro Delgado, director de Instrumentos Jurídicos, todos ellos funcionarios de Sepaf.