Mano dura contra jóvenes

Las detenciones arbitrarias de jóvenes ocurridas el pasado 1 de diciembre no son un hecho aislado, sino un proceso de institucionalización de políticas inadecuadas implementadas por la autoridad.

Así lo corrobora el “Informe Especial sobre los Derechos Humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal”, elaborado con información de los años 2010 y 2011, principalmente, y el año en curso. 

El reporte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revela que los “arrestos selectivos, de detenciones arbitrarias, de prácticas inadecuadas de la autoridad en el ámbito de la administración de justicia y las afectaciones a las garantías del debido proceso no es algo que sea nuevo sino que ha sido parte de una política persistente que ha criminalizado a los jóvenes”.

Así lo refiere Ricardo Ortega Soriana, Director del Centro de Investigación Aplicada de la CDHDF, quien tuvo bajo su responsabilidad la elaboración de este informe. El mismo documenta que el tipo penal de ataque a la paz pública ha sido continuamente utilizado para criminalizar a la juventud.

Un hecho que, en su opinión, debe llamar a la reflexión porque no constituye un suceso aislado. Hay antecedentes previos que documentan la importancia de atender “condiciones estructurales que están ocasionando acciones como la del 1 de diciembre que están en la misma línea que el informe diagnostica”.

Desde 2010 la CDHDF inició un proceso de trabajo para identificar cuáles eran estos patrones que afectaban los derechos de los jóvenes en la capital del país.

El informe presentado ayer identificó tres puntos esenciales: la relación de los jóvenes frente al sistema de justicia, las oportunidades de desarrollo y el tema de la participación política y la construcción de identidades. 

Bajo estos ejes el informe reveló que, en el caso de la relación de los jóvenes con el sistema de justicia, hay una política reiterada “que estigmatiza, discrimina y criminaliza a las personas jóvenes”. 

Estos estereotipos han servido a las autoridades para justificar “acciones de arresto selectivo, restricciones a la libertad y la seguridad personal, entre otros derechos humanos”, dice Ortega en entrevista. 

El informe cuestiona “la política de mano dura hacia las poblaciones juveniles y que la política pública ignore el contexto de violencia en que se desenvuelven los jóvenes”.