En el Congreso de la Ciudad de México, los partidos de oposición y Morena han mostrado la intención de regular las manifestaciones y marchas sociales y que la policía tenga mayores facultades para actuar en caso de hechos violentos.
En los últimos 10 años el PAN ha buscado regular las marchas sin éxito, debido a la reprobación de activistas y líderes políticos.
Fue en 2016 cuando el blanquiazul vio frustrado el más reciente intento por regular las manifestaciones; en ese año el PRD, entonces el partido mayoritario, no lo permitió.
En este primer Congreso de la capital el PAN se ha acercado a Morena para intentar regular las marchas y evitar daños a terceros durante su desarrollo.
Lo anterior aun cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó este tipo de acciones regulatorias el pasado 9 de mayo.
Este nuevo intento se da en el contexto de las manifestaciones de agosto, para exigir el aborto legal; de septiembre, por los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; y de octubre, por la conmemoración por la matanza estudiantil de Tlatelolco, durante las cuales se registraron actos vandálicos por parte de personas encapuchadas.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México estimó que se perdieron 100 millones de pesos por los daños ocasionados a negocios.
Nuevo intento del PAN
La diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, presentó el 11 de septiembre pasado ante el Pleno del Congreso una nueva propuesta que pretende que las manifestaciones sociales no dañen a terceros.
Dicha iniciativa estipula que las marchas tengan prohibido bloquear el acceso a edificios públicos como los hospitales, así como el paso de ambulancias y servicios de emergencias.
También deberán realizarse durante ciertos horarios de baja afluencia vehicular, de las 11:00 a las 18:00 horas.
De entrada la urgencia es alta por lo que hemos estado viviendo. Queremos armonizar el derecho a la manifestación y la libertad de tránsito, que todos podamos hacer nuestras actividades cotidianas: como las mamás que hacen el súper, si tienes que ir al hospital que puedas llegar de manera rápida, que podamos transitar libremente
La legisladora añade que los manifestantes tendrán que avisar a la Secretaría de Gobierno cuál será la ruta y deberán dejar un carril vehicular libre.
De igual forma, deberán contar con el apoyo de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en caso de que se presente alguna emergencia.
“Que la seguridad ciudadana no entre con violencia, pero que ponga orden en el sentido de que si están impidiendo el acceso a hospitales o el paso de servicios de emergencia, lo liberen”, menciona Rangel Lorenzana.
Explica que su ley sancionaría a quienes no la respeten conforme al Reglamento de Tránsito vigente; por ejemplo, si alguien impide el paso a una ambulancia podrá ser acreedor a una multa de hasta 30 Unidades de Medidas y Actualización (UMA), monto que asciende a dos mil 340 pesos.
100
Añade que buscará que su propuesta no se quede en la congeladora y que la ciudadanía que está a favor de regular las marchas se lo haga saber a las autoridades.
Informa que para ello ya busca a los partidos de oposición, como el PRI y el PRD, quienes tienen una postura a favor de regular las marchas, y se reunió con Nazario Norberto diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
“El legislador Nazario Norberto ha expresado que está a favor de regular las marchas y platicando con él, dice que buscará presentar una propuesta para ello o incluso retomar la nuestra”, dice la panista.
Reporte Índigo consultó al legislador Nazario Norberto e indica que personalmente está a favor de regular las marchas y está trabajando en una iniciativa que retome muchos puntos de los que contiene la propuesta de Rangel Lorenzana.
La iniciativa impulsada por el PAN busca que se prohíba bloquear el acceso a hospitales, así como obstruir el paso a servicios de emergencia
El morenista recalca que no se trata de prohibir las marchas, sino evitar que hagan daño a la propiedad privada y a terceros.
Pese a la tradición de izquierda de la que se considera parte, señala que las marchas no tienen porqué afectar a los ciudadanos.
“No se trata de prohibirlas, se trata de evitar daños para terceros durante su desarrollo”, menciona.
Regulación de marchas polémica
Gabriel Aguirre, presidente de la Comisión de Estrategia Pública de Coparmex, opina que el tema de una posible regulación para las marchas es complejo y tiene que estudiarse con cuidado.
“Estamos totalmente a favor de las manifestaciones públicas y en paz en el marco del derecho, esto es muestra de la democratización de la capital. Regular las marchas se tiene que trabajar con mucho cuidado”, menciona Aguirre.
Añade que es difícil una regulación pues los manifestantes no van a aceptar la imposición de un “marchódromo” por parte de las autoridades.
“Es una ruta que hay que revisar, no hay forma de generar un ‘marchódromo’ pero creemos que se pueden generar acciones con apoyo de la ciudadanía y se debe hacer que la Procuraduría General de Justicia tenga una proceso de inteligencia claro para identificar a los grupos violentos que dañan comercios”, expone y hace énfasis en que las personas que cometen actos vandálicos en las protestas son una minoría.
Información dada a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México, revela que durante la marcha del 2 de octubre participaron 10 mil personas, de las cuales, 150 eran encapuchados que pintaron paredes con aerosol y agredieron con petardos a policías de la SSC.
El investigador en temas sociales de la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño, afirma que tratar de regular las marchas resulta delicado y que sería rechazado por la mayor parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que parte de la intención viene de una fuerza política que en el pasado se movilizó en las calles para protestar.
Sánchez Gudiño se refirió a casos como el del plantón de Reforma en el año de 2006 donde el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, protestó por el presunto fraude electoral que sufrió en ese año.
En 2018, Morena obtuvo la Presidencia, la mayoría en el Congreso de la Unión y en el Congreso capitalino.
