Marchas en pugna

La alianza del PAN y PRI apunta al principal bastión electoral del PRD: el Distrito Federal. Y es que tras cerrar filas en torno a la reforma política y energética, pretenden regular las marchas que afectan esta ciudad capital.

Ayer, las comisiones unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de San Lázaro, aprobaron el dictamen que busca delimitar en qué vialidades se puede realizar una protesta y los horarios en que podrá efectuarse.

El tema trastocó en lo profundo de la izquierda; el partido del sol azteca amagó con promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el Pleno de la Cámara de Diputados confirma esta ley secundaria.

Y es que los perredistas afirman que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) es el único órgano facultado para regular las marchas; además, el dictamen que aprobado en comisiones, presenta “serias inconsistencias”.

Por su parte, la bancada perredista local tomó la tribuna de la ALDF para exigir a la Cámara de Diputados que los deje de tratar como diputados de segunda en temas prioritarios para los capitalinos.

La fracción parlamentaria del blanquiazul manifestó su apoyo a la nueva Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, y arremetió contra el PRD por dejar en la congeladora ese tema durante muchos meses.

Y agregó que la fortaleza de esa ley está en “verdaderas consultas ciudadanas”, y no como la que utilizó el PRD de pretexto para aumentar la tarifa del Metro a 5 pesos a partir del 13 de diciembre.

En medio del enfrentamiento verbal del perredistas y panistas, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera no emitió una postura definitiva; pidió que el debate se centre en los derechos de la ciudad y de los manifestantes.

Sin duda, el fiel de la balanza será el PRI, que trae una alianza con el PAN para la aprobación de la reforma política y la energética, pero de ello depende que el PRD se radicalice.

Las nuevas reglas 

La regulación de las marchas es un tema pendiente de la IV legislatura local, que tras los plantones de Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en este año tomó fuerza.

La bancada del PAN lo ha puesto en la mesa de discusión una y otra vez, desde el Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia local y desde la fracción parlamentaria de la ALDF.

Por eso el diputado federal, Jorge Sotomayor, presentó la iniciativa de ley que ayer se discutió en las comisiones del DF y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que consiste en poner límites a las manifestaciones.

El dictamen tiene altas probabilidades de convertirse en ley, ya que forma parte de los acuerdos políticos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional de cara al cierre del presente periodo ordinario de sesiones.

Y consiste en crear la obligación de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Distrito Federal, de escuchar a los inconformes inmediatamente, así como de ofrecerles solución.

Que los policías que participen en la vigilancia de las marchas tendrán que ser capacitados en materia de derechos humanos, y que si alguien siente que sus derechos fueron vulnerados, se podrá iniciar un procedimiento administrativo y judicial.

De acuerdo con el dictamen en poder de Reporte Indigo, se indica que quienes realicen una marcha de cualquier tipo —incluidas las religiosas— deberán avisar que van a marchar con 48 horas de antelación.

Dentro de las prohibiciones está obstaculizar vialidades primarias y rápidas, sólo se podrán ocupar vialidades secundarias, siempre y cuando dejen la mitad de las calles con acceso.

También se acordó que en los mitines, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tendrá personal desplegado —vigilando el evento en cuestión— de principio a fin.

Y los horarios permitidos para ocupar el arroyo vehicular será entre las 11:00 y 18:00 horas de cualquier día de la semana, con la finalidad de no congestionar el tráfico en horas pico.

El diputado Jorge Sotomayor sostiene que no hay acto impugnable ya que la Cámara de Diputados es el órgano facultado para regular en materia de Seguridad Pública y que quienes transgredan la ley serán sujetos de sanciones administrativas, incluido el arresto de hasta 72 horas y la posibilidad de disuadir las marchas en caso de violencia.

Los puntos de quiebre   

La diputada federal Karen Quiroga de la fracción parlamentaria del PRD sostiene que se está invadiendo la esfera de facultades de la ALDF, plasmadas en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En entrevista detalló que es inconstitucional y que contiene una serie de errores, como el hecho de que disminuyen sanciones a quienes transgredan a la autoridad o realicen actos vandálicos.

“Además el PRI y el PAN están tratando de ocultar el dictamen, primero cambiaron de sede la reunión, después la realizaron en un espacio donde apenas y entramos los diputados, y después dispensaron el trámite de la discusión para pasar las reservas al Pleno.

“Tampoco dejar pasar a los defensores de derechos humanos y por eso salimos a dar una conferencia de prensa, porque no se puede legislar en lo oscurito”.

Dentro de las inconsistencias que detectaron está invadir las facultades de la ALDF, y luego regresar a los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, con el uso de la fuerza en las protestas ciudadanas.

“En la redacción de su iniciativa, Jorge Sotomayor trae como sanción remitir al juez cívico a quienes realicen actos de violencia, incluidos los ultrajes a la fuerzas policiacas, como cuando quemaron a los granaderos en la marcha del 2 de octubre”.

“Actualmente tenemos todo un catalogo de sanciones para quienes cometan delitos, por eso tampoco estamos de acuerdo en permitir que pase esta ley así como así, impidiendo que se realicen protestas en vialidades históricas como Paseo de la Reforma”.

La disputa en la ALDF

Una vez que se dio a conocer el dictamen, los perredistas tomaron la tribunal de la asamblea legislativa, y desde ahí acusaron a la Cámara de Diputados de faltarles al respeto.

“Esto es parte de la lucha por la autonomía del Distrito Federal, y si el PRD no ha legislado en esa materia es por que esta es una ciudad donde se respetan las libertades de todos”, dijo Manuel Granados.

“Vemos que hay acciones legales que se pueden emprender para derogar esta ley. 

“No nos importa si se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la reforma energética, porque se trata de un asunto legislativo que se debe resolver en las instancias correctas”.

La bancada panista aprovechó para contestarle al PRD afirmando que es lamentable que no aplique la misma lógica que en el aumento a la tarifa del Metro.

 “Se hicieron foros y esa es la opinión de la mayoría”, dijo Federico Döring.

“La postura del PRD es una cortina de humo para desviar la atención del aumento al Metro, que sí representa un verdadero problema económico para los capitalinos”.

Por último reconoció que sin duda, la regulación de las marchas se tenía que hacer en la ALDF, pero que debido a que no tomaron con seriedad temas como el de la marihuana, lo retomó la Cámara de Diputados.